Greenpeace ha vuelto a reclamar al Gobierno que identifique los pozos ilegales que existen en España y los clausure de manera inmediata. La ONG lleva diez años realizando la misma demanda y ha escrito de nuevo una carta al Ministerio para la Transición Ecológica en la que denuncia la "falta de transparencia y desgobierno" respecto al número de pozos ilegales, que podrían superar el millón de unidades.
Además, recuerda que estos pozos ilegales están dando impunidad en el robo de agua para regadíos y desarrollos urbanísticos. Los últimos datos oficiales son de 2006 y entonces ya había más de medio millón de pozos ilegales, pero en 2017 el Gobierno admitió que la cifra podría superar un millón, mientras que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, ha cerrado diez pozos ilegales en los últimos cinco años.
La misiva insta al Gobierno a investigar, localizar y situar en un mapa los pozos ilegales y que los clausure. Precisamente, en 2018 Greenpeace pidió a las distintas confederaciones hidrográficas información al respecto y no ha obtenido un dato confirmado.
Los datos públicos de 2006 apuntaban a 510.000 pozos ilegales de los que se podrían extraer 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de personas. La ONG denuncia que esto supone que la mitad del agua que se extrae de los acuíferos se hace al margen de la legalidad.
Greenpeace critica que todo el litoral español siga vertiendo aguas residuales pese a la multa de la UE
El responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace, Julio Barea, ha recordado que la extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad. Un problema medioambiental que, como desgraciadamente hemos visto estos días, se ha revelado también como una amenaza para la seguridad ciudadana".
Barea lamenta que el robo de agua lleva a que, mientras unos se quedan sin agua, otros obtienen importantes beneficios económicos infringiendo la ley.
Finalmente, recuerda que las previsiones de cambio climático para la Península auguran un descenso "significativo" de las precipitaciones y de disponibilidad de agua en superficie. "Será entonces cuando haya que aprovechar las aguas subterráneas. Pero dado el descontrol y desgobierno en la gestión de estas aguas, podemos encontrarnos con que ya no tengamos agua en los acuíferos y que la que quede esté contaminada", advierte.
Greenpeace ha vuelto a reclamar al Gobierno que identifique los pozos ilegales que existen en España y los clausure de manera inmediata. La ONG lleva diez años realizando la misma demanda y ha escrito de nuevo una carta al Ministerio para la Transición Ecológica en la que denuncia la "falta de transparencia y desgobierno" respecto al número de pozos ilegales, que podrían superar el millón de unidades.