Las grietas jurídicas de la ley del sí es sí han provocado todo un ciclón en la política española. El Gobierno se ha encontrado con un grave problema que va en contra de la misma filosofía con la que se aprobó esta icónica norma para la coalición y el feminismo: su aplicación está conllevando rebajas de penas en algunos casos de condenados por agresión sexual.
En la propia coalición se ahonda la división entre los morados y el PSOE de cara a los próximos pasos. El Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, insistió este miércoles en que no va a mover una coma del texto aprobado por las Cortes Generales y amplió sus críticas al “machismo” de los jueces. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció desde Bali, donde acudió a la cumbre del G20, mandando un mensaje de apoyo a la ley y apelando a esperar a que los tribunales fijen doctrina.
Pero dentro de los socialistas se sigue insistiendo en que hay que estudiar y cambiar esa ley ya porque no se puede permitir lo que está pasando, con mucha preocupación, además, por el mensaje hacia la sociedad. Ya la número dos del PSOE, María Jesús Montero, abogó el martes por estudiar cambios en la ley, algo sobre lo que profundizaron este miércoles otros cargos del partido. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, lo expresó así: “Es momento de revisar y valorar modificaciones”. Otras voces como la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, pidieron que el Parlamento corrija “inmediatamente” este efecto perverso. La exeurodiputada Elena Valenciano reflexionó: “Las leyes técnicamente hay que hacerlas bien”.
Choque interno y con el Poder Judicial
La inmovilidad de Irene Montero supuso, además, otro choque con el Consejo General del Poder Judicial con el Ejecutivo. El órgano de gobierno de los jueces emitió un duro comunicado en el que subrayaba su “firme repulsa” a los “intolerables ataques” a jueces por la revisión de condenas: "Se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual".
"Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección", incidió el CGPJ. La actitud de Montero chocó también con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que lanzó: “Las descalificaciones a los jueces con carácter general ni me gustan ni las comparto”. No contó tampoco la ministra de Igualdad con el apoyo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Desde su entorno se señaló: "Toca ser prudentes. El objetivo y el espíritu de esta ley siempre ha estado claro. Tenemos que analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas para cumplir con su objetivo: garantizar los derechos y las libertades de todas las mujeres".
Este choque y, sobre todo, las revisiones que se han dado ponen el foco también en un debate que se lleva dando durante toda la legislatura, principalmente de puertas adentro de la coalición, sobre la necesidad de acotar bien las leyes para darles seguridad y que luego no haya problemas en su aplicación. Desde UP se achacó al PSOE escudarse en el concepto de “seguridad jurídica” para frenar leyes, mientras que desde el socialismo se pidió a los morados tener especial atención a los aspectos legales.
Esta misma ley provocó un choque en marzo de 2020 entre el entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, y el que era ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El primero lo acusó veladamente de machismo frustrado y de aducir cuestiones técnicas para frenar la norma ahora en cuestión. La respuesta del que era integrante del ala socialista fue: “Estoy convencido de que los políticos hablamos demasiado. Tengo la absoluta garantía de la colaboración de todos los ministerios con el de Justicia. Saben que hay unos ministerios más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, en Justicia, que nos vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un Gobierno sean lo más perfectas posibles. No hay ningún tipo de reproche, lo importante es que seamos un Gobierno feminista y nos pongamos al frente de Europa en la lucha por la igualdad y erradicar la violencia sexual. Encontrar el Código Penal como un instrumento para ello es también misión evidentemente del ministro de Justicia”.
Las aristas en futuras leyes
El texto que salió finalmente ahora se encuentra con esas grietas que alarman a la opinión pública y a parte del Gobierno. Pero estas lagunas también marcan la preocupación y ponen en alerta a los dirigentes socialistas por las futuras normas que están en tramitación. Además, recuerdan, muchas de las leyes serán recurridas por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, por lo que hay que cuidar al máximo los detalles jurídicos, mirar hasta la última coma.
Esto es lo que llevan semanas argumentando desde el PSOE, según fuentes del partido, en relación a las enmiendas de la ley trans. Quieren darle la mayor seguridad jurídica para que luego no sea tumbada por el Alto Tribunal y para que se desarrolle sin contratiempos. Por eso se han introducido cambios como limitaciones a la autodeterminación de género en los menores de 16 años. Era, según el grupo parlamentario, para reforzar las garantías en ese punto.
Para eso se han apoyado en las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, que advirtió en su momento sobre las rendijas en la ley del sí es sí. De ahí que hicieran caso al órgano de gobierno en la conclusión de que "legitimar a los mayores de 14 años y menores de 16 para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de su representantes legales no resulta adecuado para proteger el interés del menor comprendido en esa franja de edad que carezca del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada".
Los socialistas defienden que así buscan ser más “garantistas”, especialmente en el tema de los menores. Con este fin se han planteado cambios en el Congreso para establecer que, en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria.
Las puertas de atrás de la sedición y la malversación
Y ahora esos temores aparecen también en la reforma impulsada por el Gobierno sobre el Código Penal. En estos momentos se quiere cambiar la sedición por un tipo de desórdenes públicos agravados, que supondrá una rebaja de las penas de diez a cinco años de cárcel y con inhabilitaciones para cargo público entre los seis y los ocho años.
Pero esta reforma de la sedición, que se quiere hacer de manera rápida para que esté lista en las Cortes antes de final del año, puede conllevar derivadas también, según están advirtiendo los socios parlamentarios del Gobierno, unas consecuencias que ahora no se vislumbran. Unas de las voces que se ha expresado de manera más clara ha sido Íñigo Errejón, líder de Más País. El diputado lleva días insistiendo en que la reforma no se puede convertir en la puerta de atrás para colar “posibilidades de criminalización de la protesta o del libre ejercicio de la manifestación”.
Su temor es que se pueda usar luego contra manifestantes, vecinos que intentan parar desahucios y protestas de trabajadores. Por ello, durante el trámite parlamentario que arranca ahora en la Carrera de San Jerónimo, desde su formación se va a presentar una enmienda para clarificar cuándo se puede utilizar este tipo y que no sea aplicado para protestas.
Esta proposición de ley tenía como principal objetivo la sedición, pero ahora grupos como ERC la quieren utilizar para otras reformas en el Código Penal. Los de Gabriel Rufián aspiran a que sirva para modificar el delito de malversación (lo que allanaría más la rebaja de penas para los líderes del 1-O), asociándolo al delito de sedición.
La rebaja de penas por abuso y agresión sexual reabre el debate en el Gobierno sobre la ley del 'solo sí es sí'
El Gobierno no cierra la puerta a esta modificación. El presidente del Gobierno señaló este miércoles que hay que esperar al trámite parlamentario para ver las enmiendas. Pero internamente cargos del partido ven con preocupación que esa medida suponga una derivada que no tenga nada que ver con Cataluña y que pueda llevar a un susto en su aplicación: sus consecuencias en condenados por delitos de corrupción. Esto sería mortal para un Ejecutivo que llegó a La Moncloa a través de una moción de censura basada en la necesidad de limpiar las instituciones de la corrupción.
Uno de los argumentos que se han lanzado, a través de la ministra Margarita Robles, es que a lo mejor habría que diferenciar entre los que se enriquecieron con la malversación a nivel individual y los que no. Pero esa hipotética consecuencia está siendo puesta en cuestión por algunos de los partidos de la izquierda. Empezando por el propio Podemos, con Pablo Echenique reconociendo que estos cambios tienen “aristas” y no se puede abrir una puerta a la impunidad por conductas corruptas.
En esta línea, Joan Baldoví (Compromís), uno de los políticos más activos contra los casos de corrupción, alertó de que esto puede traer “muchos problemas”. Además, sus reflexiones pasan por asuntos como este: “Cuando uno se lleva dinero público y lo mete en paraísos fiscales, si no se descubre el dinero habrá complicaciones para demostrar que se ha enriquecido. Es algo que puede plantear muchos problemas y hay que abordarlo con cautela y precaución para que no se acaben beneficiando presuntos defraudadores de dinero público de una reforma que, en principio, a nosotros nos plantea algún problema”.
Las grietas jurídicas de la ley del sí es sí han provocado todo un ciclón en la política española. El Gobierno se ha encontrado con un grave problema que va en contra de la misma filosofía con la que se aprobó esta icónica norma para la coalición y el feminismo: su aplicación está conllevando rebajas de penas en algunos casos de condenados por agresión sexual.