El presidente del Gobieno en funciones, Mariano Rajoy, acudirá este jueves a la primera de las sesiones en las que el Consejo Europeo determinará en qué terminos se firmará el acuerdo UE-Turquía sobre los refugiados con un mandato claro del Congreso de los Diputados: España se opone a la devolución automática –de forma colectiva y sin la oportunidad de pedir asilo– de las personas que lleguen a Turquía desde las costas de Grecia y considera que esas expulsiones sólo podrán producirse si el expediente de asilo, ya cerrado, ha sido denegado. Este fue precisamente uno de los aspectos más polémicos del acuerdo preliminar suscrito la pasada semana entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu.
Esta posición se incluye en un documento de 11 puntos suscrito por todos los grupos parlamentarios que fue consensuado este miércoles por los portavoces de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE en forma de declaración institucional y en el que se recoge la posición que Rajoy llevará a Bruselas. En los últimos días, los grupos habían solicitado que Rajoy acudiera al Consejo Europeo con una postura consensuada por el actual Parlamento.
Hay que tener en cuenta que en un primer momento el presidente en funciones –que estuvo presente en la reunión en la que se fraguó ese acuerdo preliminar– se mostró favorable a la devolución masiva de personas a suelo turco. "Es importante que Turquía se comprometa a que todas las personas que crucen ilegalmente la frontera para entrar en la Unión Europea sean readmitidas en Turquía", dijo entonces. No obstante, ante las críticas generalizadas, el Gobierno moduló su postura y pasó a censurar las expulsiones colectivas. En cualquier caso –ante las dudas sobre su legalidad expresadas por varios países y por la ONU– el condicionante de las devoluciones masivas ya había sido eliminado del borrador del acuerdo final que se someterá este jueves a los jefes de Estado y Gobierno de la UE.
Turquía, ¿un país "seguro"?
Hasta 3,7 millones de niños sirios no conocen otra cosa que la guerra o los campos de refugiados
Sobre otro de los aspectos más peliagudos de ese principio de acuerdo, la consideración de Turquía como país "seguro", la declaración consensuada recoge de forma expresa que los acuerdos que se firmen entre la UE y Turquía tienen que tener "garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los Derechos Humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo".
Informes recientes de organizaciones como Amnistía Internacional vienen denunciando que los 2,5 millones de personas refugiadas que se calcula que acoge Turquía están "cada vez más expuestas individualmente a la detención arbitraria y la expulsión". Esta ONG también ha probado la devolución de refugiados a Siria por parte del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Sobre este punto, la declaración sostiene que la legislación europea "exige (...) que exista la certeza de que se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto refugiado, y en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra o con garantías equivalentes".
El acuerdo preliminar UE-Turquía preveía pagar a ese país una ayuda de, en total, 6.000 millones de euros y facilitar la supresión para sus ciudadanos de la necesidad de tener visado para viajar a Europa a partir del próximo junio a cambio de aceptar a estas personas. La declaración de los grupos parlamentarios no hace alusión al avance de las negociaciones de adhesión, aunque si reclama que se refuercen los mecanismos de control "sobre el efectivo destino de la ayuda económica en favor de los refugiados".
El presidente del Gobieno en funciones, Mariano Rajoy, acudirá este jueves a la primera de las sesiones en las que el Consejo Europeo determinará en qué terminos se firmará el acuerdo UE-Turquía sobre los refugiados con un mandato claro del Congreso de los Diputados: España se opone a la devolución automática –de forma colectiva y sin la oportunidad de pedir asilo– de las personas que lleguen a Turquía desde las costas de Grecia y considera que esas expulsiones sólo podrán producirse si el expediente de asilo, ya cerrado, ha sido denegado. Este fue precisamente uno de los aspectos más polémicos del acuerdo preliminar suscrito la pasada semana entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu.