La Guardia Civil apunta posibles delitos de prevaricación y desobediencia que podrían haber sido cometidos por el exconseller de Presidencia Jordi Turull y otros miembros de su equipo en relación con una campaña para fomentar la participación en el referéndum del 1-O de los catalanes residentes fuera de España mediante su inscripción en un registro, ha informado Europa Press.
La campaña se presupuestó en 2,29 millones de euros y se adjudicó a Focus Media bajo el lema Civisme, si bien la empresa elegida finalmente se echó para atrás y el contrato no se desarrolló. No obstante, sí se insertaron anuncios en los diarios con el eslogan ¿Sí o no? y se emitieron anuncios en TV3 en relación con el referéndum con un coste de más de medio millón de euros según concluye el Instituto Armado.
Estos datos obran en las conclusiones de un informe que la Guardia Civil ha entregado al juez de Instrucción número 13 de Barcelona José Antonio Ramírez Sunyer, al que ha tenido acceso Europa Press, y que señala que la campaña de registro de catalanes en el exterior se creó "con el claro propósito de difundir un mensaje estrechamente relacionado con el referéndum del 1-O" que había sido expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional.
Para votar era necesario estar inscrito —así se señalaba en el artículo 17 de Decreto de Normas Complementarias para la celebración del Referéndum aprobado por el Parlamento de Cataluña—, por lo que según la Guardia Civil se buscaba promover la inscripción de los catalanes residentes en el exterior.
La propuesta partió de la Dirección General de Difusió y en ella trabajaron el secretario de Difusió I Atenció Ciutadana de Presidencia, Antoni Molins, y el director general de este departamento, Jaume Mestre, quien ha sido cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Se insertaron anuncios en diarios con el eslogan ¿Si o no? sobre un mapa de Cataluña para promover la inscripción en un registro que tuvieron un coste de 224.835,25 euros.
Por otro lado con cargo al presupuesto del contrato programa que la Generalitat tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se emitieron dos anuncios en TV3 —uno en el que sí aparecía la palabra referéndum y otro sin esta palabra y las instrucciones para votar— que costaron 277.804, 36 euros. Dichas emisiones fueron autorizadas por el departamento de Presidencia que dirigía Turull, apunta la Guardia Civil sobre esta campaña en particular.
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La tramitación de estos anuncios, por el carácter de urgencia, comenzaron el pasado 24 de agosto "a sabiendas de que constituía una clara resolución injusta", un aspecto que además fue advertido por la Subdirección General de Régimen Económico y de Contratación.
La campaña se adjudicó a Focus media, activando un antiguo contrato marco, definiéndose esa campaña como Civisme. La empresa finalmente renunció a desarrollarla tal y como declaró uno de sus responsables al juez Ramírez Sunyer, asegurando que el mensaje que se difundía "no se correspondía con la campaña de civismo y ello podría ser perjudicial para los intereses de la compañía, ya que parecía estar vinculada al referéndum del 1-O".
La Guardia Civil apunta posibles delitos de prevaricación y desobediencia que podrían haber sido cometidos por el exconseller de Presidencia Jordi Turull y otros miembros de su equipo en relación con una campaña para fomentar la participación en el referéndum del 1-O de los catalanes residentes fuera de España mediante su inscripción en un registro, ha informado Europa Press.