El TS pone en el punto de mira a todos los partidos y organizaciones que promovieron la independencia

Ya no se trata solamente de los dirigentes políticos y sociales encarcelados, en libertad bajo fianza o huidos de España. Ahora el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llanera trata de reunir evidencias que apoyen la existencia de un “concierto para declarar la independencia de Cataluña o que muestre la realización de actos de ejecución en tal sentido” por parte de los partidos políticos y organizaciones sociales partidarias de la secesión. Todo ello en el marco de la investigación que está llevando a cabo para tratar de establecer que hay indicios razonables de la comisión de “delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación de fondos públicos”.

A través de una providencia dictada este lunes, el juez pide a la policía judicial que esclarezca si existió un “concierto inicial entre Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra Republicana (ERC), y las asociaciones Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI)” orientado a “compartir una estrategia para lograr la independencia de la Comunicad Autónoma de Cataluña”.

En la misma línea, pregunta al Juzgado de Instrucción n° 13 de Barcelona si de las actuaciones que ha practicado hasta la fecha cabe establecer que “existen actos de ejecución relativos a la eventual declaración de independencia de Cataluña, que se hayan abordado de forma conjunta o compartida por algunas de las asociaciones siguientes o por alguno de sus integrantes que ostenten su representación: Convergencia Democrática de Cataluña, Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT), Esquerra Republicana, Asamblea Nacional de Cataluña , Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios para la Independencia”.

Llanera ya dejó claro en su día, en el auto con el que anunció su decisión de mantener a Oriol Junqueras en prisión, que da mucha relevancia a un documento titulado #EnfoCATs,#EnfoCATs, hallado en septiembre por la Guardia Civil en el domicilio particular del número dos del vicepresidente y que, en su opinión, describe la estrategia diseñada para conducir Cataluña a la independencia.

 

Portada del documento #EnfoCATs, que el juez Pablo Llanera considera una pieza clave de su investigación.

Por eso pide también a las fuerzas de seguridad que lleven a cabo las diligencias oportunas para establecer si hay “elementos objetivos” que “permitan evaluar”, de manera individualizada, si cada uno de los investigados y cualquiera de las demás personas que el citado documento integra en un supuesto Comité Estratégico, ha tenido alguna intervención (en actos de programación, de coordinación, de apoyo o de ejecución) en la estrategia para conseguir la independencia.

Eso significa que el juez quiere que se investigue a las personas que supuestamente formaban parte de ese comité y que todavía no están siendo objeto de indagación judicial alguna, entre las que destacan Artur Mas y Marta Pascal, presidente y secretaria general del PDeCAT; Marta Rovira, secretaria general de ERC; la presidenta y el secretario general de Demòcrates de Catalunya, Núria de Gispert y Antoni Castellà, y los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios de los partidos independentistas (Jordi Turull y Lluís Corominas en el caso de Junts pel Sí; Mireia Boya y Anna Gabriel en el de la CUP). La Guardia Civil también tendrá que informar al juez sobre los números dos de la ANC y Òmnium Cultural, así como acerca de la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, alcaldesa de Villanova y la Geltrú por el PDeCAT.

 

Referencia al Comité Estratégico en el documento #EnfoCATs.

Del supuesto Comité Estratégico citado en #EnfoCATs también formarían parte “representantes independientes de prestigio social”, según el documento que el juez ha convertido en su principal argumento contra el independentismo. El comité, sostiene Llanera, desempeñó una función “definitoria” de cómo llevar a término las actuaciones del procés, así como la “violencia y tumultos” que, en su opinión, constituyen la esencia de los delitos investigados.

El documento, que tiene la apariencia de una presentación de PowerPoint impresa y en cuyo subtítulo pone expresamente que se trata de una “propuesta”, no defiende en ningún momento el uso de la violencia, sino que que propone “resistir” a la “violencia de Estado” si es que esta llega a producirse. Eso sí, en una de sus páginas, hablando de los distintos escenarios a los que hipotéticamente tendría que hacer frente la búsqueda de la independencia, apuesta por “generar más conflicto y poner en marcha el plan de actuación de desconexión forzosa” para el caso de que el Estado español se niegue a convocar un referéndum acordado y opte por “una reacción violenta” o por tratar de “asfixiar” económica y judicialmente la estrategia independentista.

 

Alusión a la posibilidad de “generar más conflicto” en una de la páginas de #EnfoCATs.

Hasta la fecha ninguno de los supuestos miembros de este comité han reconocido formar parte de él o conocer siquiera la existencia del documento que la policía halló en casa del numero dos de Junqueras. Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidente y expresidente de Òmnium y ANC, aseguraron en su momento a través de sus abogados que “no tienen ni idea” de “quién” elaboró #EnfoCATs ni “para qué, cómo y cuándo”. El letrado de Junqueras argumentó este mismo lunes que el documento es una “suerte de hoja de ruta apócrifa y descontexualizada de la realidad”.

La providencia que dictó este lunes el juez Llarena también pide a la Guardia Civil que averigüe si “CDC, PDeCAT, ERC, Òminum, ANC y AMI (o cualquiera de sus principales integrantes) impulsaron, sostuvieron, o conocieron la realización de movilizaciones sociales como un instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia de Cataluña”. Por eso quiere que se “identifiquen los distintos actos de agresión, daños, asi como los de grave resistencia o amedrentamiento, sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista (principalmente en los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre)”.

En busca de argumentos con los que sostener su acusación, el juez ha ordenado a la Policía Judicial que busque vídeos, audios o informaciones periodísticas que recojan un “posicionamiento de elogio, tolerancia o rechazo que hayan podido mantener, sobre ese hecho concreto, los encausados o cualquiera otra de las personas que integran el supuesto Comité Estratégico referido en el documento #EnfoCATs. Tanto por su presencia en el lugar de los hechos, como por declaraciones previas o posteriores que hagan referencia a los hechos concretos”.

Otra de las novedades de la providencia dictada este lunes afecta a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDRs), impulsados por la CUP o organizaciones afines y muy implicados en la utilización de colegios electorales el 1-O y en las movilizaciones de protestas del octubre y noviembre. El juez quiere que la Guardia Civil también los investigue.

Por último, Llarena da instrucciones para que se rastree el uso de fondos públicos (el supuesto Comité Estratégico tendría por misión, entre otras cosas, “disponer de los recursos necesarios para implantar el plan estratégico” para la independencia).

Precisamente este lunes se dio a conocer un informe de la Guardia Civil que apunta posibles delitos de prevaricación y desobediencia en la cuenta del exconsejero de Presidencia Jordi Turull y otros miembros de su equipo, en relación con una campaña para fomentar la participación en el referéndum del 1-O de los catalanes residentes fuera de España mediante su inscripción en un registro. La campaña se presupuestó en 2,29 millones de euros y se adjudicó a Focus Media bajo el lema “Civisme”, si bien la empresa elegida finalmente se echó atrás y el contrato no se desarrolló, informa Europa Press.

Con cargo al presupuesto del contrato programa que la Generalitat tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se emitieron dos anuncios en TV3 que costaron 277.804 euros. Dichas emisiones fueron autorizadas por el departamento de Presidencia que dirigía Turull, “a sabiendas de que constituía una clara resolución injusta”, sostiene la Guardia Civil, porque asi se lo advirtió la Subdirección General de Régimen Económico y de Contratación.

Las revelaciones de la Moleskine del número dos de Junqueras

Coincidiendo con la providencia dictada por el Supremo, trascendió la existencia de una agenda intervenida por la Guardia Civil también en el registro de la vivienda del número dos de Junqueras y que, según Europa Press, revela el rol que desempeñaron Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel o el jurista Carles Viver, entre otros, en el Comité Estratégico para conseguir la independencia de Cataluña.

La agenda consta en un informe remitido el 28 de noviembre por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en cuyas conclusiones figuran anotaciones fechadas entre el 12 de febrero de 2015 y el 11 de noviembre de 2016 en torno a “la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia para alcanzar la República catalana”, “el referéndum de independencia”, “estructuras de Estado”, “leyes de desconexión” y “estrategia de desobediencia”.

Este documento resume debates internos sobre el control o no de los Mossos y la necesidad de crear estructuras de Estado como un Banco Central o una Hacienda y Seguridad Social propias. En cuatro fases, dos de ellas fuera de la Constitución, el Govern pretendía desarrollar sus Aduanas, el Catastro, el Ente Gestor Integral de Tributos, el régimen fiscal general y la regulación específica de los tributos.

En sus conclusiones, la Guardia Civil señala que ya en marzo de 2015 se habla abiertamente de república catalana, de independencia y de repercusión internacional. “Es ERC quien quiere crear un nuevo Estado en el seno de Europa, algo que considera que es romper con el poder establecido”, indican los autores del informe. Para ello, el 6 de julio de 2015 establecieron una hoja de ruta con cuatro fases: “preparación del Estado, reconocimiento del Estado a nivel internacional, estructuras de Estado y medidas sectoriales”. El proceso tendría una duración de 18 meses y en el mismo juega un papel relevante Carles Viver, jurista que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional.

En 2015 ERC consideraba “fundamental controlar áreas clave vinculadas al denominado procés aun a costa de ceder la presidencia a CDC”, y ya se deja constancia de la “inquietud ante inhabilitaciones o multas”, siempre según la Guardia Civil. Por entonces también se considera relevante crear “una gran plataforma de debate ciudadano, utilizando para ello a Òmnium Cultural y a la Asamblea Nacional Catalana, además de cerrar la estrategia con la CUP y tender puentes para que CSQP (Catalunya Sí que es Pot) y BCNComú (Barcelona en Comú) participen en el proceso constituyente”.

Las anotaciones sobre las negociaciones del Govern continúan en febrero de 2016, cuando se consideraba que un referéndum no pactado y unilateral “no tenía sentido”, aunque se pensaba internamente que la única manera de que internacionalmente se presionase al Estado era “ir hasta el final”. “Anotaron expresamente que ello”, dice la Guardia Civil sobre un referéndum sin pacto previo, “podría suponer hacer el ridículo”.

El 30 de junio de 2016 se anota que Joan Vidal, gerente de Òmnium y entonces secretario del Govern, es el encargado de “elementos relacionados con el referéndum tales como el censo de votantes, el registro de funcionarios voluntarios o la posibilidad de utilizar doble urna”.

En junio de 2016 es cuando asumen que tendrán que recurrir a la vía unilateral ante la ausencia de negociación del Gobierno de Mariano Rajoy. La estrategia se tenía que “revestir de legalidad y determinar qué papel jugarían otros actores como la Intervención General, la Administración Local o los Mossos d'Esquadra”.

La lealtad de los Mossos es motivo de numerosas anotaciones. Fue Artur Mas el que el 8 de noviembre de 2016 aseguró que la policía catalana “haría siempre lo que les dijesen los jueces”, sin que desde el Departamento de Interior se ordenara lo contrario. Su propuesta era “pactar las reacciones con la finalidad de coordinar la respuesta y ser eficaces en la gestión de la protesta”.

El 31 de marzo de 2016 se estudia con la CUP la estrategia de desobediencia para “avanzar hacia la ruptura social y nacional”, que consideran “la herramienta imprescindible para construir la República incluso negociando unos presupuestos fruto de la austeridad”. Artur Mas plantea dudas sobre el papel del Parlament, qué harían las empresas o si se podría asegurar el tráfico financiero. El expresidente aboga por “calibrar bien las consecuencias de las reacciones del Estado”.

El 31 de agosto de 2016 RR, a quien se identifica como Raül Romeva, insiste en incluir a los comuns en la negociación de un referéndum no unilateral. Las anotacione prueban que la división va aumentando: Jordi Turull (JT) muestra su preocupación por la “desestabilización del Parlament” si los letrados cesan y generan inseguridad. Marta Rovira (MR) “quiso calmar la situación diciendo que eso se solucionaba teniendo claro adónde iban”.

El autor de las anotaciones y número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, deja constancia de que “las decisiones serían colegiadas y que antes de la convocatoria estaría todo licitado y adjudicado a través de contratos marco con un calendario fijado sin olvidar la solicitud de los informes legales respecto al censo, aspectos penales y a implicaciones de posibles requerimientos del Tribunal Constitucional”.

“Se ha evidenciado”, dice la Guardia Civil, “que esta premisa de adjudicación a través de contratos marco se ha cumplido al menos en el desarrollo de la web del voluntariado, del envío de correo postal a través de Unipost y de la inserción de publicidad del registro de catalanes en el exterior y de difusión del referéndum a través de un anuncio de vías de tren, ambas a través de Focus Media”.

Junqueras vuelve a pedir la libertad

La defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por su parte, solicitó a la sala de apelaciones del Tribunal Supremo que le excarcele para poder participar en los actos de la campaña electoral del próximo 21D alegando, entre otros argumentos, que su permanencia en prisión “está ya teniendo efectos muy relevantes en la conformación libre de la voluntad popular a través de las elecciones”, en alusión a la caída en la expectativa de voto de ERC y la mejora de la candidatura de Carles Puigdemont.

La defensa indica que Junqueras “tiene derecho a participar de los actos de campaña y a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultase escogido, como diputado o como presidente del Gobierno” y que en la actual situación cualquier resultado electoral supondrá “con alta probabilidad”, que Junqueras no asuma ninguna responsabilidad política en varios meses.

En un escrito de 26 páginas al que tuvo acceso Europa Press, la defensa de Junqueras pide a la sala de apelaciones del alto tribunal que celebre una vista con asistencia del propio Junqueras para poder exponer sus argumentos y niega “rotundamente” que exista el riesgo de reiteración delictiva porque su determinación “con un programa político pacífico basado en el diálogo es firme y real”.

El juez Llarena vincula el “ideario soberanista” de los presos del 'procés' con la intención de cometer delitos

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Podemos critica la resolución judicial

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, defendió este lunes la necesidad de resolver el conflicto catalán mediante la política y no por la vía judicial, al ser preguntada por la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de ampliar la investigación, informa Europa Press. “Los problemas políticos se tienen que resolver por vías políticas. Judicializar los problemas políticos y pensar que así se van a resolver es un grave error que hasta la fecha no solo se ha demostrado como tal sino que ha permitido solo profundizar el conflicto y no encontrar ninguna solución”, explicó.

El partido de Pablo Iglesias fue el único que se pronunció este lunes sobre la decisión del Supremo.