Cinco investigaciones judiciales han abierto en pocos meses una brecha en el periodo de gracia que para los socialistas valencianos comenzó tras el vuelco electoral de 2015 y el desmoronamiento de la casi absoluta hegemonía del PP en una comunidad erigida en paradigma del despilfarro y la corrupción.
Hoy, tres juzgados -uno de Gandía, otro de Benidorm y un tercero de Madrid- investigan contratos y otras actuaciones administrativas cuyos beneficiarios fueron empresas que supuestamente endosaron a distintas compañías privadas gastos electorales del PSPV en 2007, durante la etapa de Joan Ignasi Pla como líder autonómico del partido. Otro juez, también de Madrid, acaba de cerrar la cuarta causa derivada del tronco común, aunque la Fiscalía, y así lo han confirmado sus portavoces a infoLibre, no ha decidido todavía si recurrirá el archivo.
Pero hay más, porque el PSPV se enfrenta desde hace una semana a un quinto caso: el de los contratos a dedo y sin aparente soporte legal de siete altos cargos en la sociedad pública Divalterra, heredera de Imelsa. Es decir, heredera de aquella que saltó a la fama tras las revelaciones del llamado yonqui del dinero sobre las mordidas a gran escala cuando la Diputación de Valencia estaba bajo la batuta del conservador Alfonso Rus.
Los contratos de Rodríguez
Cuantificados cada uno de ellos por encima de los 50.000 euros al año, esos contratos de directivos son los que el 27 de junio sumieron de nuevo en un estado de conmoción a los socialistas valencianos cuando la Policía arrestó por la mañana al entonces todavía presidente de la Diputación valenciana, Jorge Rodríguez. Forzado por la dirección socialista, Rodríguez dimitió de su cargo en la corporación provincial pero se mantiene al frente de la alcaldía de Ontinyent. Tras un exhaustivo registro y previa comparecencia ante el juez, el político quedó al día siguiente en libertad con cargos.
A Rodríguez se le investiga, de momento, por prevaricación y malversación. Y los investigadores han comenzado a seguir la pista del dinero asignado como sueldos a esos altos cargos cuya contratación atribuyen a Rodríguez con un solo objetivo: crear "una estructura paralela" e innecesaria en Divalterra, resumen fuentes conocedoras del caso.
Pese a su lejanía temporal y a que el fraccionamiento dificulta de manera objetiva la valoración conjunta de los hechos denunciados y, en consecuencia, de la eventual gravedad que pudieran revestir, los cuatro casos repartidos en otros tantos juzgados de Valencia y Madrid ofrecen un perfil erizado de peligros para la formación que lidera el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Porque todos ellos comparten un nexo: el papel desempeñado en 2007 por la empresa de publicidad Crespo Gomar SL, vinculada a la familia Gomar y proveedora junto con sus compañías satélite de servicios electorales y municipales para el PSPV y para el Bloc, una de las formaciones fundadoras de Compromís. Crespo Gomar estuvo presidida por un hijo de Antoni Gomar, que a su vez fue teniente de alcalde de Gandía por el PSPV.
La historia saltó a los titulares a finales de marzo. Y una sensación de algo ya conocido, de déjà vu, se extendió de inmediato: porque ese, la emisión de facturas contra empresas que no habían recibido ningún servicio real y que al abonarlas estaban asumiendo costes electorales de un partido, había sido uno de los métodos empleados por la trama Gürtelpara financiar al PP durante el mandato de Francisco Camps.
En mayo, distintos medios valencianos difundieron un informe de la UDEF que deja constancia de cómo varios trabajadores de Crespo Gomar habían admitido en sede policial que ninguno de ellos había participado en ninguna campaña publicitaria que tuviera como destinataria a aquellas compañías sobre las que recae la sospecha de haber pagado gastos electorales del PSOE mediante la aceptación de facturas falsas de Crespo Gomar. El informe de la Udef enumera las mercantiles que supuestamente se prestaron en 2007 al juego de las facturas falsas en beneficio del PSPV: "Hospimar 2007 SL, Metrovacesa SA, Lubasa, Egevasa y Burger King".
Es precisamente el argumento jurídico de que el hipotético delito electoral habría prescrito en cualquier caso lo que explica que la causa haya acabado dividida en cuatro. El origen es común a todas ellas: una denuncia presentada ante la Policía por el político del PP José Císcar a finales de 2016. Consejero en el último gobierno de Francisco Camps y luego en el de su sucesor, Alberto Fabra, de cuyo gabinete llegó a ser portavoz, Císcar acompañó su denuncia de abundante documentación.
El 19 de enero, la juez de instrucción 21 de Valencia, que llevaba investigando el caso más de un año, se inhibió en favor de los juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, aunque, afectada entonces por el secreto de sumario, esa decisión no salió a la luz hasta marzo. Se inhibió con el argumento de que el delito electoral, que en el escenario aparecía como argamasa de las distintas actuaciones presuntamente ilegales y nucleadas en torno a Crespo Gomar, había prescrito. En 2007, que es el momento en que a tenor de los indicios se podría haber cometido esa infracción penal, la financiación ilegal no existía como delito independiente. El marco normativo solo permitía condenar a los administradores de los partidos por delito electoral. Y su plazo de prescripción era entonces de tres años.
Sin visos de "irregularidad en la adjudicación"
En Madrid, el juzgado de instrucción 43 se hizo cargo de investigar un contrato de 184.138 euros sobre consumo responsable adjudicado en 2008 a la agencia Crespo Gomar por el Ministerio de Sanidad bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre otros, el magistrado Fernando Fernández Olmedo, que el 4 de julio dictó el sobreseimiento provisional, llamó a declarar como imputada a quien en el momento de la adjudicación ocupaba la Dirección General de Consumo, Etelvina Andreu, que un año antes, en 2007, había sido candidata a la Alcaldía de Alicante por el PSPV.
Pero Andreu -dice el auto de archivo- llegó al Ministerio "con el expediente de contratación ya iniciado" y su participación posterior en la adjudicación se limitó a suscribir el certificado de realización de la campaña contratada. Nada, remarca el juez, indica que "incitase, solicitase o determinase a ninguno de los participantes en el proceso de contratación para que la adjudicación fuera realizada" a Crespo Gomar. "El hecho de que existiera una relación anterior entre la empresa y la investigada cuando fue candidata a la alcaldía Alicante no lleva a la conclusión de que su participación en el expediente aquí examinado haya determinado una irregularidad en la adjudicación", concluye el juez.
Hay un segundo ministerio bajo la lupa, también por haber adjudicado entre los días finales de 2008 y los primeros de 2009 a Crespo Gomar SL una campaña de publicidad urgente. Aquí, es el juzgado de instrucción 24 de Madrid el que desarrolla las diligencias abiertas para esclarecer si el ahora inexistente Ministerio de Vivienda vulneró la ley al otorgar a esa empresa la campaña del Plan de Vivienda 2009-2012 por 126.208 euros. En mayo, el diario El Mundo publicó que los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) han concluido que la cronología de la tramitación "resulta incoherente" e "imposible".
Los "opinómetros", Gomar y el ex jefe de gabinete
De forma separada a lo anterior, el juzgado de instrucción 1 de Benidorm indaga si con cargo al Plan E, implementado por el Gobierno de Zapatero para reactivar la economía y el empleo, el ayuntamiento de ese municipio alicantino benefició a una sociedad del conglomerado de Crespo Gomar con un contrato de 223.880 euros para instalar 19 "opinómetros" en 2010.
Diseñadas como máquinas interactivas para pulsar la opinión ciudadana sobre determinadas actuaciones municipales, los "opinómetros" acabaron adjudicados a Opino Media SL. El jueves, el perito encargado de realizar un informe sobre las irregularidades detectadas en ese procedimiento declaró ante el juez de Benidorm. Y ratificó que no solo no había pliego de prescripciones técnicas sino que los criterios de valoración de las ofertas incurrían en "contradicciones". El fiscal -aseguran fuentes jurídicas consultadas por este periódico- no estuvo presente en esa comparecencia.
¿Pero qué es Opino Media SL? Pues la magistrada Nieves Molina, que inició las pesquisas en el juzgado 21 de Valencia, aporta los datos en el mismo auto por el que troceó la causa en cuatro partes que acabaron en manos de otros tantos juzgados.
Opino Media SL, relata la citada resolución judicial, fue constituida en junio de 2009 por Alberto Gomar Pascual, que un año más tarde cesó como administrador y fue sustituido en el cargo por José Ramón Tiller Fibla, ambos imputados en la causa.
El texto continúa desvelando el quién es quién de esa mercantil: Alberto Gomar es el hijo de Antoni Gomar, ex teniente de alcalde de Gandía, que también presidió Crespo Gomar SL. El currículum de José Ramón Tiller lo presenta la mayor parte del tiempo entre las bambalinas del PSPV: fue, según el diario El País, responsable de comunicación del expresidente valenciano Joan Lerma entre 1995 y 1997; luego, diputado autonómico; más tarde, jefe de gabinete de dos alcaldes de Gandía, Pepa Frau y José Manuel Orengo. Después, asumió el cargo de gerente de Imelsa, la actual Divalterra. Y ahora es responsable de expansión internacional y comunicación de Egevasa, una empresa mixta participada por la Diputación de Valencia y la compañía Aguas de Valencia SA. Egevasa se cuenta entre las que pagaron a Crespo Gomar SL las facturas supuestamente falsas que alimentaron la sospecha del delito electoral que ahora se considera prescrito.
Haciendo una breve recapitulación, la secuencia de hechos sería la siguiente con independencia de que los tribunales estén investigando cada caso de manera independiente o considere prescritos de antemano parte de los hechos: una empresa que hizo trabajos electorales para el PSPV en 2007 e integrada por personas de la órbita del PSPV, Crespo Gomar SL, endosó facturas a otras compañías por servicios que en realidad nunca recibieron.
Esa empresa de la órbita del PSPV obtuvo a su vez contratos para campañas de publicidad de dos ministerios por importe de 310.346 euros. En paralelo, una segunda mercantil vinculada a las mismas personas que la anterior, Opino Media SL, logró en 2010 de un ayuntamiento gobernado por el PSPV, el de Benidorm, un contrato de 223.880 euros para la instalación de "opinómetros" en 2010.
Pero ya el año anterior, Opino Media había obtenido su primer contrato de "opinómetros" en el ayuntamiento que más se repite en esta serie: el de Gandía. La empresa arrancó sin duda con buen pie, porque fue constituida el 10 de junio de 2009 y apenas tres meses y medio después ya había conseguido colocar sus opinómetros en la Fira i Festes de Gandia a modo de prueba. Aquí, la adjudicación le reportó en torno a 163.000 euros, según el diario Levante. Hasta aquí, el subtotal de las operaciones que la jueza Molina ponía bajo sospecha asciende a 697.226 euros.
El fútbol, el precio del ladrillo y... los Gomar
Pero, aun así, la suma no termina en ese punto. Porque la última operación señalada por la jueza Molina y que ahora se investiga en el juzgado de instrucción 3 de Gandía le añade, como mínimo, otros 257.000 euros. Y esa operación no consiste en un contrato sino en una subvención. La que, por 257.000 euros otorgó en 2009 el consistorio de ese municipio a la Federación Valenciana de Fútbol para adquirir un inmueble del yerno de Antonio Gomar, es decir, el teniente de alcalde cuyo hijo había presidido Crespo Gomar SL y había creado ese mismo año la compañía Opino Media SL.
La subvención equivalía al 49% del coste total y, así, el local fue adquirido por 525.000 euros en septiembre de 2009. En aquella época, el alcalde era el socialista José Manuel Orengo.
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Basándose en la información ya incorporada a las actuaciones judiciales, el diario El Mundo narró así la historia de ese local: en 2003, el inmueble había sido aportado para la constitución de una sociedad, Antonio Gomar Martínez SL, mercantil que se fundó "participando en la misma la sociedad Confecciones Monterrey, administrada por Gema Gomar Pascual, hija de Antonio Gomar Martínez y a su vez hermana de Alberto Gomar".
En 2006, la propiedad del local se traspasa, por 280.000 euros, a otra mercantil de la familia, Mora Gomar SL, "cuyo administrador es el esposo de Gema Gomar Pascual, Joaquín Mora". Y en 2009, Mora Gomar se lo vende a la Federación Valenciana de Fútbol mediante una transacción bonificada con fondos públicos en un 49% y que reportó a los Gomar más de medio millón de euros.
Las defensas han aportado una tasación privada según la cual lo que en 2009 se vendió por 525.000 euros valía en realidad 722.206,24 euros.
Cinco investigaciones judiciales han abierto en pocos meses una brecha en el periodo de gracia que para los socialistas valencianos comenzó tras el vuelco electoral de 2015 y el desmoronamiento de la casi absoluta hegemonía del PP en una comunidad erigida en paradigma del despilfarro y la corrupción.