El cerco a Julio de Diego, uno de los jueces que dictaron la sentencia de la pieza principal del caso Gürtel y a quien uno de los condenados acusa ahora de haberse "dormido" en varias sesiones de la vista que finalizó en noviembre, se ha convertido en piedra angular en la carrera emprendida por la mayoría de los sentenciados para lograr que el Tribunal Supremo anule el juicio.
El misil contra De Diego fue lanzado a finales de junio por el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (38 años de cárcel), quien con su queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) logró que el órgano de gobierno de los jueces abriera una investigación interna todavía en marcha. El magistrado niega de manera tajante la acusación, en apoyo de la cual Ortega esgrime un breve vídeo difundido por el diario El Mundo y donde se observa cómo De Diego cierra un instante los ojos mientras mantiene la cabeza baja para volverlos a abrir de inmediato.
En esta estrategia común de descrédito del magistrado y que, según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, comparte la mayoría de los 29 condenados, el ataque más feroz lleva el sello de Pablo Crespo, a quien la sentencia considera el lugarteniente de Francisco Correa.
En su recurso de casación, Crespo alega que se ha vulnerado su derecho a un juicio justo porque Julio de Diego permaneció "privado de conciencia y voluntad en distintos lapsos temporales" de la vista. El texto lo repite tres veces para argumentar otras tres supuestas infracciones de las garantías procesales.
Asesorado por el mismo bufete –el de Miguel Durán– esas idénticas palabras se reproducen en el recurso elevado por el contable José Luis Izquierdo, el hombre al que la Policía intervino un pendrive que resultó crucial para la persecución penal de la trama y sus cómplices.
Tanto Crespo como Izquierdo sostienen que el comportamiento que atribuyen a De Diego produjo una "situación sobrevenida de deficiente configuración del Tribunal enjuiciador" dado que, según su versión, solo dos de los tres jueces estaban realmente al tanto de lo que sucedía en la sala.
El grueso de los recurrentes, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, han adoptado una posición a primera vista menos beligerante que la de Crespo pero guiada por el mismo objetivo: minar al juez De Diego, uno de los dos integrantes del tribunal que forzaron la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo y, luego, firmaron la resolución judicial que considera acreditada la caja B del PP.
Como Bárcenas, todos ellos se limitan a pedir al alto tribunal que les facilite copia íntegra de las grabaciones efectuadas durante las 126 sesiones de un proceso que se prolongó durante 13 meses, entre octubre de 2016 y noviembre de 2017. La defensa de Bárcenas expone así su solicitud: "Habiéndose preparado el recurso de casación, entre otros, por infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, se hace preciso disponer de las referidas grabaciones en su integridad, incluyendo, interesando especialmente las grabaciones realizadas a través de la cámara frontal que captan de forma directa la actuación de los Ilustrísimos Magistrados durante la celebración del juicio oral".
Uno de los que reclama copia de las grabaciones es el propio Guillermo Ortega, cuya queja ha desatado una guerra interna entre el grupo mayoritario de condenados y Álvaro Pérez, El Bigotes. En prisión por el caso Fitur –los contratos que la Generalitat valenciana adjudicó bajo el Gobierno de Francisco Camps a la trama–, Pérez resultó absuelto en la pieza principal de Gürtel. Y no está dispuesto –advierte su defensa– a permanecer de bajos cruzados ante la posibilidad de que el Supremo anule el proceso y obligue a repetir la vista.
Este periódico no ha logrado averiguar en qué posición se ha situado Francisco Correa. Su exmujer, Carmen Rodríguez, figura entre quienes piden las imágenes captadas por las cámaras de la Audiencia Nacional.
Como informó este periódico el lunes, Álvaro Pérez ha enviado un escrito al CGPJ en el que se posiciona en las antípodas del exalcalde de Majadahonda y pide personarse como interesado.
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Su defensa, ejercida por el abogado Javier Vasallo, entiende que si una eventual nulidad obligara a repetir el juicio esa repetición se produciría "por hechos que son irrelevantes en cuanto a la fundamentación, motivación y fallo de una sentencia que tiene 1682 folios". Para Álvaro Pérez, sostiene la fuente, esta absolución "tiene un alcance y un valor importantísimo de cara a otras piezas y a su situación penitenciaria y no va a correr ningún riesgo, sobre todo porque lo únicoque busca esta denuncia es preconstituir una prueba de cara a una casación con el fin de buscar un motivo de vulneración de derechos fundamentales".
El lunes, Ortega difundió a través de su abogado un comunicado en el que contraataca a El Bigotes. "Quiero expresar mi más enérgica oposición frente a la posición adoptada por Don Álvaro Pérez y su abogado Javier Vasallo en este asunto", dice el texto. Y continúa así: "Con sus actuaciones persiguen la denostación personal y el desprestigio profesional del abogado o los abogados que están apoyando una queja veraz sobre unos hechos intolerables que afectan a la credibilidad del sistema judicial español". Ortega arremete de nuevo contra Pérez al asegurar que está "inmerso en un desesperado intento de pactar con la Fiscalía".
La investigación del CGPJ a Julio de Diego se encuentra en fase preliminar. Una vez concluidas las diligencias informativas, el denominado Promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces debe proponer el cierre de las actuaciones o, por el contrario, la apertura de un expediente sancionador.
El cerco a Julio de Diego, uno de los jueces que dictaron la sentencia de la pieza principal del caso Gürtel y a quien uno de los condenados acusa ahora de haberse "dormido" en varias sesiones de la vista que finalizó en noviembre, se ha convertido en piedra angular en la carrera emprendida por la mayoría de los sentenciados para lograr que el Tribunal Supremo anule el juicio.