Tres casos de gran envergadura –Gurtel, Púnica y el del ático del expresidente madrileño Ignacio González– sumergieron al PP este lunes en una vorágine informativa y judicial sobre corrupción cuando aún no habían transcurrido 24 horas de la clausura de un congreso que considera cerrado ese capítulo. Si la sentencia del primer juicio del caso Gürtel –el de los contratos valencianos para Fitur– asestó el viernes un mazazo a la formación conservadora, lo sucedido en este lunes negro comenzó a caer en cascada apenas una hora después de que el presidente Rajoy remarcase en TVE que buena parte de los asuntos de corrupción que ahora se juzgan son de "hace 10 años" y declarase que a veces es "muy molesto" el retraso con que los tribunales dirimen esas causas.
En pocas horas se concatenaron tres episodios cuyo alcance pertenece todavía al campo de las incógnitas. Primero, y con el juicio que la Audiencia Nacional celebra sobre la llamada primera época de la trama Gürtel como escenario, el representante legal del PP –su abogado, apoderado notarialmente para la ocasión– se negó a responder a la Fiscalía sobre el presunto beneficio que habrían reportado las actividades de la red de Francisco Correa, lo que, con las leyes en la mano, Anticorrupción interpreta como una confesión implícita de que el partido se lucró.
Casi a renglón seguido y cuando la negativa del abogado del PP a responder a Anticorrupción todavía se solapaba con la declaración de ignorancia total alegada por Ana Mato –ni sabía cuánto ganaba su marido como alcalde, ni le llamó la atención que pudiera haber adquirido un Jaguar ni sabía que Correa le pagaba viajes y los globos de las fiestas de sus hijos– , otro juez de la Audiencia Nacional marcó con su firma el segundo hito de la jornada. Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, lanzaba a media mañana un auto donde atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, los delitos de fraude, soborno (cohecho) y revelación de información reservada y anuncia el primer paso para enviar esa parte de la causa al Tribunal Superior de esa comunidad, ante el que el político goza de aforamiento.
Y a primera hora de la tarde, algunos medios, entre ellos infoLibre, accedían a un nuevo informe de la brigada de blanqueo de la Policía que agrava las sospechas sobre el origen del ático de lujo que el expresidente madrileño Ignacio González y su mujer poseen en Estepona al tiempo que urge medidas a fin de evitar que EEUU destruya a final de año documentos esenciales para esclarecer el caso.
Por la posición de su protagonista, presidente de una comunidad autónoma, Murcia, donde el PP depende del apoyo de Ciudadanos, el episodio que mayores y más inmediatos quebraderos de cabeza proporciona al PP es el que tiene a Pedro Antonio Sánchez como protagonista. En su auto, el juez Eloy Velasco sostiene que el jefe del Ejecutivo murciano se concertó con uno de los grandes conseguidores de Púnica, Alejandro de Pedro, para que su empresa "limpiara" su imagen en las redes sociales –la Fiscalía ya le investigaba, por ejempo en el llamado caso Auditorio– a cambio de cobrar dinero público de partidas para formación. La trama, escribe Velasco, no llegó a cobrar "al explotar la operación policial y judicial" de la Operación Púnica, a finales de octubre de 2014. Eso "abortó" los contratos.
Por la tarde y en una actuación para la que ninguna de las fuentes consultadas encuentra precedente, la Fiscalía anunciaba en un comunicado público que Anticorrupción había entregado este mismo lunes un informe contrario a la exposición razonada –una especie de auto explicativo dirigido a otro tribunal, en este caso el TSJ murciano– relativa a Pedro Antonio Sánchez; y que apoya, en cambio, la que Velasco pretende enviar al Supremo en relación a Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena. ¿Por qué se opone Anticorrupción a que la justicia investigue a Sánchez por la Operación Púnica? Porque –dice la Fiscalía– es "ciertamente tenue" la frontera entre "los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos" y porque, como esos contratos no llegaron a formalizarse, "no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".
"Según eso, nunca habría delitos en grado de tentativa", opina una fuente del caso al tiempo que expresa su convicción de que "está habiendo presiones políticas". Como publicó infoLibre a finales de enero, Velasco ha pedido su traslado y dejar la instrucción de Púnica. A comienzos de mes, el juez había urgido a las dos fiscales del caso a entregar su informe sobre las eventuales exposiciones razonadas concernientes a Murcia, pero el informe no llegó hasta ayer, una vez que la resolución judicial ya había visto la luz. El auto que incrimina a Pedro Antonio Sánchez –en el sentido coloquial, dado que jurídicamente no es posible por su condición de aforado– llega después también de un extraño suceso igualmente relacionado con Murcia: el segundo asalto que ha sufrido la vivienda de uno de los fiscales que investigan la corrupción en esa comunidad.
El presidente murciano reaccionó al auto de Velasco Sánchez asegurando qeu "nunca se pagó, ni se firmó, ni se pagó" ningún contrato del tipo que describe el auto. "No se puede demostrar lo que no existe", remató. La recién revalidada secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dio su apoyo expreso a Sánchez. El contrato, repitió en línea con lo aducido por la Fiscalía, no se firmó. "Por el pensamiento no se castiga a nadie, se castiga por los hechos", agregó.
Lo que aduce Anticorrupción: quien calla otorga
La controversia sobre el futuro de Pedro Antonio Sánchez eclipsó la desencadenada por la mañana en el juicio de Gürtel por el silencio del abogado y ayer representante legal del PP, Jesús Santos. No está claro que el tribunal acepte de manera automática el argumento de la Fiscalía, que ante ese silencio invocó dos preceptos legales que, traducidos al lenguaje común, vienen a significar que quien calla otorga. No obstante, todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que el silencio del PP le perjudica y sitúa más cerca una eventual condena como partícipe a título lucrativo. O, lo que es lo mismo, como responsable civil obligado a devolver dinero.
A través de su abogado, Jesús Santos, nombrado para la ocasión representante legal del partido vía acta notarial, el PP subrayó que se reiteraba en los argumentos que ya había esgrimido al inicio del juicio –sin precisar si se refería a la petición de nulidad de la causa o solo a su tesis de por qué no debe constar como partícipe a título lucrativo–. El partido sostiene que, en todo caso, la Fiscalía debería haber asignado ese papel a las agrupaciones locales de Pozuelo y Majadahonda, los dos municipios de Madrid cuyos contratos amañados tuvieron como contrapartida que, presuntamente, la red pagase actos del PP por 245.000 euros.
Según el PP, no le es posible responder a preguntas sobre una serie de delitos de los que de antemano se le considera exento penalmente. Si no conocía nada sobre esos delitos no les posible responder nada sobre ellos, viene a ser su tesis. Aunque todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que la negativa del PP a someterse al interrogatorio de, al menos, la fiscal Concepción Sabadell le hace más vulnerable, esas mismas fuentes admiten que no está garantizado que el tribunal dé por bueno el razonamiento de Anticorrupción.
SOS de la UDEF en el caso del ático
Pero, además del auto sobre el presidente de Murcia, además del silencio del PP y además de la desmemoria de Ana Mato, hubo más. Porque a primera hora de la tarde trascendía el nuevo informe remitido por la UDEF a la juez de Estepona que investiga al expresidente de Madrid, Ignacio González, por la compra de un ático de lujo que originalmente había adquirido una empresa pantalla con sede en Delaware –Coast Investors–. Y ese nuevo informe no solo ha venido a agravar las sospechas que ya existían sino que ha dado la voz de alerta: si no se envía de forma urgente una solicitud de ayuda –comisión rogatoria– a EEUU, los datos que permitirían resolver el caso pueden acabar destruidos.
Firmado –o antefirmado, dado que no figura la rúbrica– por dos jefes de grupo de la UDEF, el informe concluye lo siguiente: “Si bien en estos momentos de la investigación no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad en el año 2008, y por tanto determinar en su caso su ilicitud, sí que se aprecian suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos del inmueble”.
El informe advierte de que si no se envía a Washington de forma “particularmente urgente” una comisión rogatoria para conocer los movimientos de una cuenta de Coast Investors, “a finales del presente año la información requerida pudiera no conservarse”.
Correa se ofrece a colaborar con la Fiscalía en un intento de rebajar sus penas de cárcel
El documento policial desbarata la versión ofrecida por el testaferro internacional Rudy Valner, artífice material de la compra del ático en 2008 y que fue quien luego plasmó la venta al matrimonio formado por Ignacio González y Lourdes Cavero en diciembre de 2012. En teoría, el inmueble perteneció a Coast Investors Llc, empresa instrumental domiciliada en Delaware, un estado de EEUU cuya legislación mercantil le equipara en opacidad a los paraísos fiscales, entre 2008 y 2012. Y justo durante ese periodo permaneció oficialmente alquilado a los González-Cavero, que lo compraron en diciembre de 2012, cuando el caso ya había sido denunciado por el sindicato policial SUP.
El ático, cuenta asimismo la Policía, fue alquilado al político madrileño y su esposa a través de un supuesto anuncio de prensa del que –remacha el informe– “no hay constancia en el procedimiento”. El alquiler fijado fue de 6.000 euros por trimestre. Pero tampoco hay correspondencia entre las facturas emitidas y los pagos realizados por los arrendatarios. Y eso, avisa la UDEF, podría significar que en realidad estamos ante una “simulación”.
Pese a que ni siquiera está claro que los arrendatarios satisficieran todos los recibos de alquiler –prosigue el informe–, Coast Investors no solo prorrogó el contrato sino que aplicó una rebaja de 1.500 euros por trimestre.
Tres casos de gran envergadura –Gurtel, Púnica y el del ático del expresidente madrileño Ignacio González– sumergieron al PP este lunes en una vorágine informativa y judicial sobre corrupción cuando aún no habían transcurrido 24 horas de la clausura de un congreso que considera cerrado ese capítulo. Si la sentencia del primer juicio del caso Gürtel –el de los contratos valencianos para Fitur– asestó el viernes un mazazo a la formación conservadora, lo sucedido en este lunes negro comenzó a caer en cascada apenas una hora después de que el presidente Rajoy remarcase en TVE que buena parte de los asuntos de corrupción que ahora se juzgan son de "hace 10 años" y declarase que a veces es "muy molesto" el retraso con que los tribunales dirimen esas causas.