"Actuaremos en sede administrativa y en sede judicial porque, a la vista de los datos de que se dispone, no podemos descartar que se hayan cometido uno o varios delitos". Así se presentaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este martes en el Congreso de los Diputados. Se refería al caso que afecta al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Y, a tenor de sus primeras palabras, de su comparecencia cabía esperar algunos detalles que arrojasen algo de luz sobre esos "delitos" a los que había hecho referencia. Datos sobre la actuación de la Agencia Tributaria en este escándalo o sobre las gestiones realizadas por Hacienda cuando se levantaron las primeras sospechas. Pero las expectativas se frustraron.
Tras el primer turno del ministro de Hacienda, llegó el de los portavoces parlamentarios. Y Montoro pudo escuchar cómo prácticamente la totalidad de ellos le planteaba las mismas preguntas sobre el patrimonio del expresident y su familia, sobre las actuaciones de la Agencia Tributaria y sobre los controles extra –si es que los ha habido– que se han puesto en marcha una vez que dos de los hijos admitieron haberse acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2012. Pincharon en hueso. El responsable de Hacienda escudó sus silencios en el cumplimiento de la ley, en su "deber de confidencialidad". Y trufó sus críticas al desafío soberanista de Artur Mas y su promesa de mano dura y colaboración con la Justicia con algunos datos sobre lucha contra el fraude fiscal y recaudación de impuestos de las grandes empresas. De Pujol sólo se le pudo escuchar, y así figuraba ya en la carta inculpatoria del expresident, que éste no se había acogido a la amnistía fiscal y que hay constancia de inicio de investigaciones en negocios vinculados con miembros de la familia Pujol-Ferrusola desde su anterior etapa como ministro de Hacienda. "A partir del año 2000 y hasta 2002, en que finaliza la inspección, en una operación que involucraba a varias sociedades, una de ellas cotizada en el Ibex 35 y que ha sido descrita en los medios de comunicación", señaló.
A continuación, se hace un repaso de las cinco principales incógnitas que quedaron abiertas tras la comparecencia del responsable de Hacienda
1. Petición de información a Andorra
"De acuerdo con el nuevo protocolo de información firmado en 2010 con Andorra, ¿se ha activado la petición de información por parte de la Agencia Tributaria antes de que actuara la Audiencia Nacional y el Juzgado de Barcelona? Más concretamente, ¿cuándo se ha realizado dicha petición, señor ministro?" Fue una de las preguntas que planteó en su turno el diputado socialista Pedro Saura. Pero no hubo respuesta directa. En su exposición inicial, previa a esta cuestión del parlamentario del PSOE, el responsable de Hacienda se limitó a enumerar un listado de países con los que el Gobierno había firmado acuerdos de intercambio automático y multilateral de información entre los que no figuraba Andorra. Y aseguró que se habían mantenido "contactos al más alto nivel con el Principado" para repasar "la aplicación del acuerdo de intercambio de información tributaria y profundizar en esta colaboración, comenzando la negociación para llevar a buen término un convenio que evite la doble imposición".
Hecha la ley, hecha la trampa
En este sentido, añadió que la Agencia Tributaria estaba colaborando con la Justicia en la obtención de "datos de operaciones realizadas en Andorra". Sin más detalle. Una observación que después puntualizaría Joan Coscubiela (Izquierda Plural): "Usted sabe que desgraciadamente algunos de los acuerdos que ustedes están firmando solo obligan al otro país a remitir información en determinados supuestos, no de manera automática. Ustedes saben que hecha la ley, hecha la trampa". A esa misma hora, el presidente del Gobierno mantenía una entrevista en la Moncloa con responsables del Ejecutivo andorrano.
El silencio en este asunto no ha pasado inadvertido para el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Su presidente, Carlos Cruzado, lo puso de manifiesto en declaraciones a la agencia Europa Press. Pero advirtió, no obstante, de que aunque Andorra y otros países legalmente ya no son paraísos fiscales, técnicamente es difícil la colaboración con ellos sobre todo en casos de terrorismo o narcotráfico. "Ponen muchas pegas, tienen que ser peticiones individualizadas y hay que acreditar que la información no se puede obtener de otra manera. La información no fluye automáticamente", subrayó.
2. Inspecciones abiertas
Fue también el socialista Saura, el primer diputado de la oposición en tomar la palabra, el primero que planteó si se ha abierto "actuación inspectora a los miembros de la familia Pujol". Ligado a esta misma pregunta, cuestionó al ministro en qué momento concreto y las condiciones en las que se había cerrado. Tampoco hubo concreción por parte del ministro, que volvió a recordar que la primera vez que tuvo contacto con este caso fue cuando ocupaba el mismo puesto que ahora, pero en el Gobierno de José María Aznar.
"Ya he explicado que incluso en la época anterior en mi condición de ministro de Hacienda ya se abrieron investigaciones sobre la familia. Esas investigaciones llegaron hasta los límites judiciales, donde se detuvieron porque se entendió que no había caso", dijo Montoro antes de insistir en que en su experiencia como titular de esta cartera "jamás" se ha encontrado "con un supuesto donde se hiciera una denuncia que no fuera perseguida".
3. A vueltas con la amnistía fiscal
Fue la pregunta más escuchada. Aquella en la que más insistieron los portavoces parlamentarios, a excepción del PP y CiU. Daba igual la forma en la que fuera planteada. Pero Montoro siempre respondió con el silencio y con la coletilla de que estaba siendo todo lo concreto y preciso que le permitía la legislación. Arrancó Pedro Saura: "¿Se acogió algún miembro de la familia del expresident a la amnistía fiscal? ¿Por qué no puede decir si se acogieron o no?". Continuó Coscubiela en nombre la izquierda Plural reclamándole que, además de los miembros de la familia que se habían acogido, precisase si figuraba alguna sociedad. Insistieron. Pero su intento cayó en saco roto.
Los portavoces tampoco lograron que el ministro explicara por qué había admitido que Jordi Pujol no se había acogido a esta regularización,Jordi Pujol un extremo que el expresident confirmaba en su carta, mientras que se empeñaba en mantener el silencio cuando dos de sus hijos ya han admitido que se beneficiaron de esta amnistía.
"Le he dicho anteriormente que dos hijos de dicha familia lo han reconocido. Como Pujol ha dicho que no se ha acogido a la amnistía fiscal y el señor Bárcenas dijo que se había acogido a la amnistía fiscal, hay dos hijos que han reconocido que sí se han acogido, así que, de acuerdo con la doctrina Bárcenas, ¿por qué no puede usted aquí, en sede parlamentaria, decir si se han acogido o no?", lo volvió a intentar el socialista Saura. Pero no fue la última vez: "Dos hijos de la familia Pujol se han acogido y lo han dicho públicamente, igual que el señor Bárcenas. ¿Por qué no dice usted aquí si se han acogido o no y qué investigaciones se han hecho a partir de esa regularización?"
Montoro, que había defendido la amnistía fiscal minutos antes como algo excepcional en un momento de crisis en el que las arcas del Estado necesitaban que aflorasen capitales, no se defendió cuando los grupos afearon que con esta herramienta puesta en marcha por su Gobierno se haya lavado dinero negro de Luis Bárcenas y de la propia familia Pujol.
4. investigaciones ligadas a la regularización
El tema de la amnistía fiscal dio para mucho. Partiendo de que se da por hecho que dos de los hijos del expresident se acogieron a este proceso de regularización voluntario de capitales, Montoro fue preguntado sobre si, a raíz de este proceso, se abrió algún tipo de investigación. Es decir, sobre si esos expedientes de la amnistía fiscal han sido utilizados por Hacienda para tirar del hilo.
Se trata de una cuestión de fondo que va más allá de la familia Pujol. Los grupos de la izquierda llevan más de un año reclamando, primero, que se hagan públicos los datos de los defraudadores que se acogieron a esta medida. Y, además, que se investiguen todos los expedientes a fin de detectar si el origen de los fondos regularizados es ilícito. A lo largo de la comparecencia, Montoro recibió varias propuestas en este sentido, pero no se comprometió a nada concreto. Se limitó a abrir un debate sobre la reforma de la Ley Tributaria para que estas informaciones no sean tan restringidas.
Una de las propuestas, de Álvaro Anchuelo (UPyD), invitaba a Hacienda a revisar los expedientes de la amnistía "centrándola especialmente en personas que han tenido anteriormente un cargo público".
Según Montoro, los datos de quienes se acogieron a la amnistía fiscal están a disposición de los funcionarios de Hacienda. "Quiero recordar además que los datos de los contribuyentes que se acogieron a la regularización extraordinaria, que eran del orden de casi 40.000 contribuyentes, están en los ordenadores de la Agencia Tributaria. Puedo decir y afirmar que nunca hubo tanta información en los ordenadores de la Agencia Tributaria y a este respecto está a disposición del personal de inspección financiera y tributaria, que puede acceder a los mismos por razón de su trabajo y que puede investigarlos como los de cualquier otro contribuyente si los funcionarios entienden que hay motivos suficientes para ello. Quiero decir también que si se descubre que hay un origen delictivo en el dinero que ha aflorado, la persona implicada debe responder por ello como cualquier otro ciudadano", mantuvo.
5. ¿Control tributario a los Pujol?
Joan Herrera (ICV) compara la fortuna de Pujol con la del rey Juan Carlos
Pese a que Montoro señaló que los datos de quienes se acogieron a la amnistía fiscal están en los archivos de Hacienda, rehusó concretar si los defraudadores que se acogieron a ella han sido incluidos en los planes de control tributario de los años 2013 y 2014, unos planes que se aprueban por la Agencia Tributaria a comienzos de año. Y más concretamente, si los hijos de Pujol que regularizaron su capital habían sido incorporados a estos planes de control.
Saura justificó la necesidad de este tipo de actuaciones: "Señor ministro, si usted no da la orden de que se investigue el origen del capital regularizado por la amnistía, a nuestro juicio la fiscalía debería actuar de oficio. En cualquier país del mundo, señor ministro, la lucha contra el fraude se constituye sobre dos grandes estrategias: en primer lugar, apuntalar la conciencia fiscal de un país y, en segundo lugar, disponer de los medios materiales humanos para combatir el fraude y la evasión fiscal".
Al respecto, el presidente de Gestha precisa que si la familia Pujol ha regularizado el dinero de manera voluntaria se pone de manifiesto que no había contra ellos procedimiento abierto y notificado.
"Actuaremos en sede administrativa y en sede judicial porque, a la vista de los datos de que se dispone, no podemos descartar que se hayan cometido uno o varios delitos". Así se presentaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este martes en el Congreso de los Diputados. Se refería al caso que afecta al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Y, a tenor de sus primeras palabras, de su comparecencia cabía esperar algunos detalles que arrojasen algo de luz sobre esos "delitos" a los que había hecho referencia. Datos sobre la actuación de la Agencia Tributaria en este escándalo o sobre las gestiones realizadas por Hacienda cuando se levantaron las primeras sospechas. Pero las expectativas se frustraron.