Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, mascarón visible de la trama que en la pandemia obtuvo 53 millones en contratos de mascarillas mediante un supuesto sistema de sobornos focalizado en el Ministerio de Transportes, llegó a 2020 con Hacienda pisándole los talones. Como atestiguan sus propias cuentas anuales, ya en julio de 2017 la Agencia Tributaria inició una investigación sobre el impuesto de sociedades de 2012, año en que Soluciones de Gestión permanecía asociada en UTE con Cueto, el grupo societario cuyo jefe, Juan Carlos Cueto, lleva cinco años en espera de juicio por sobornos en el caso Defex-Angola y que vuelve ahora a estar imputado como cabeza de la red empresarial del caso Koldo. Aunque oficialmente pertenece a otro empresario, los investigadores y el juez instructor sostienen que es Cueto quien controla Soluciones de Gestión.
En una secuencia que los expertos consultados consideran poco común, Hacienda comunicó a la firma en septiembre de 2019 que había ampliado hasta 2017 sus pesquisas tanto sobre el impuesto de sociedades como el IVA y fue imponiendo sanciones a Soluciones de Gestión. Por ejemplo, 92.345 euros por el impuesto de sociedades del trienio 2012-2014, donde además el fisco cuantifica en 226.040 euros la cuota exigible y en 40.860 los intereses.
No obstante, la empresa se curó en salud. Lo hizo aportando avales para el pago de una deuda de cuantía desconocida para infoLibre si sus litigios judiciales daban la razón a la Administración tributaria. Con esos avales se garantizó que –como en abril de 2020 respondió el Gobierno a una pregunta de Vox– la AEAT certificase que estaba al corriente de sus obligaciones y que podía por tanto optar a contratos públicos. Una sentencia de 2023 que mantiene en suspenso los pagos por sus atrasos a Hacienda en tanto no se resuelva el litigio cifra en 270.000 euros lo que el fisco reclama a la SL por el impuesto de sociedades del periodo 2012-2014.
Beneficios del 32%
Esa misma empresa es la que en la pandemia y gracias a los contratos de emergencia dio un salto espectacular. Para el juez Ismael Moreno, que cifra en el 32% el beneficio que los 53 millones de contratos públicos de 2020 reportaron a Soluciones de Gestión, no cabe duda de que Koldo García, asesor y protegido de José Luis Ábalos –lo colocó en el consejo de Puertos del Estado–, y el guardia civil Luis Rodríguez desempeñaron un papel preponderante de puertas adentro. O sea, en el Ministerio de Transportes.
El instructor cree que en el departamento que dirigía José Luis Ábalos (PSOE) se tejió un plan preconcebido para favorecer a Soluciones de Gestión. En su auto, el magistrado lo expone así: "Soluciones de Gestión habría sido seleccionada con anterioridad a las publicaciones oficiales que daban a conocer las necesidades del MITMA [Ministerio de Transportes]. Así, firmó un contrato que, a pesar de estar fechado el día 24 de marzo de 2020, mencionaba expresamente que había resultado adjudicataria de varios contratos suscritos con el gobierno español. Sin embargo, en ese momento solo había firmado un contrato con la Administración, concretamente con la entidad Puertos del Estado". El contrato con Puertos para el suministro de mascarillas reportó a Soluciones de Gestión 24 millones impuestos incluidos.
Que hubiese ampliaciones temporales de inspección –sostiene José María Mollinedo, secretario general de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha– resulta “excepcional”. No es posible –prosigue– saber a qué razón responde tal persistencia pero “cabe pensar que había razones bien fundamentadas y singulares para abrir esa cadena de inspecciones”. En otras palabras, cabe pensar que Hacienda tuviese motivos para sospechar de la limpieza tributaria de la sociedad que ha puesto en la diana judicial a Koldo García, hombre de confianza de Ábalos. ¿Pudo ser esa razón la confirmación de que la empresa pública Defex y el grupo Cueto habían pagado mordidas a autoridades y funcionarios angoleños para asegurarse la venta de material policial al país africano? Al menos a día de hoy no resulta factible verificar esa hipótesis.
Es justamente la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien este viernes y valiéndose de un ardid retórico –"yo sé lo que haría”– ha sugerido a Ábalos que renuncie a su escaño en el Congreso. Bajo mandato de Montero y en una fecha todavía desconocida, Hacienda abrió otra investigación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL cuando la polémica sobre los 53 millones por mascarillas ya había estallado. En este caso, es el auto del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, el que destapa en su auto la existencia de esa inspección. Y el porqué: “La inspección de AEAT concerniente a Soluciones de Gestión y a Aldama [otro de los empresarios imputados] y sus empresas, está directamente vinculada a los hechos investigados ya que los ingresos de las sociedades que se examinan dimanan de las adjudicaciones públicas que están siendo investigadas en el presente procedimiento”.
De 0 a más de 53 millones de euros
Aunque el magistrado no lo detalla, su mención a que los ingresos de las sociedades proceden "de las adjudicaciones públicas” bajo investigación enlaza con un dato que habla por sí mismo: en 2019, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL declaró 0 euros como importe neto de la cifra de negocio. En 2020, reflejó en su memoria 53,13 millones. Es decir, prácticamente lo mismo que el valor de los contratos públicos adjudicados, en su mayoría por el Ministerio de Fomento aunque también los consiguió en Baleares y Canarias.
Los pinchazos a la trama del exasesor de Ábalos: "Esto era un favor que le estaba pidiendo Koldo y su exjefe"
¿Cabe atribuir el interés inspector de Hacienda con carácter previo al estallido del caso Koldo a lo enrevesado de una trama donde Soluciones de Gestión aparece como heredera de la UTE que formó con el grupo Cueto y donde otras compañías en apariencia ajenas son en realidad ramas del mismo árbol? Algunas fuentes apuntan en esa dirección.
De momento, ya ha trascendido que la ruta del dinero –y la del blanqueo– conduce a Brasil y Luxemburgo, países a los que la trama envió fondos para –señala la Fiscalía en la querella origen de la causa judicial– "dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero". Fuentes conocedoras del caso aseguran que la lista de países extranjeros crecerá con nombres como Malta y Panamá, aunque el grueso de la investigación sigue siendo un enigma con una pregunta básica por resolver: ¿estaban Koldo García y el guardia civil Luis Rodríguez, adscrito al servicio de seguridad de Nuevos Ministerios, solos en su tarea de procurar contratos para Soluciones de Gestión o hay más empleados o cargos públicos involucrados?
Las dudas se incrementaron este viernes tras conocerse parte de una de las conversaciones telefónicas interceptadas. Los interlocutores son Juan Carlos Cueto y el dueño formal de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche. "Esto –dice Cueto– era un favor que le estaba pidiendo tu vecino [Koldo]... él y su exjefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio". La Fiscalía no aclara a qué exjefe de Koldo se refiere pero el simple enunciado ha disparado las sospechas.
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, mascarón visible de la trama que en la pandemia obtuvo 53 millones en contratos de mascarillas mediante un supuesto sistema de sobornos focalizado en el Ministerio de Transportes, llegó a 2020 con Hacienda pisándole los talones. Como atestiguan sus propias cuentas anuales, ya en julio de 2017 la Agencia Tributaria inició una investigación sobre el impuesto de sociedades de 2012, año en que Soluciones de Gestión permanecía asociada en UTE con Cueto, el grupo societario cuyo jefe, Juan Carlos Cueto, lleva cinco años en espera de juicio por sobornos en el caso Defex-Angola y que vuelve ahora a estar imputado como cabeza de la red empresarial del caso Koldo. Aunque oficialmente pertenece a otro empresario, los investigadores y el juez instructor sostienen que es Cueto quien controla Soluciones de Gestión.