STC Group, que acaba de convertirse en el primer accionista de Telefónica, es algo más que "la mayor operadora de telecomunicaciones" de Arabia Saudí, como reza su impecable carta de presentación. STC Group es Arabia Saudí. No sólo porque en aquel país de en torno a 35 millones de habitantes, levantado sobre un mar de petróleo en una de las zonas más conflictivas del planeta, sea difícil distinguir lo privado de lo público y tanto lo uno como lo otro del poder y la fortuna de la familia reinante, los Saúd. También porque, estructuralmente, STC es una empresa del régimen, con mayoría de su accionariado en manos del fondo soberano PIF y utilizada por la petromonarquía saudí en el marco de su doble estrategia: económica, en busca de diversificación; y geopolítica, en búsqueda de nuevas alianzas y de blanqueamiento de su imagen, lastrada por las acusaciones de vulneración de los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras.
La compañía saudí era conocida en España hasta el miércoles por su condición de patrocinadora del Real Madrid. Ahora STC es mucho más que eso, tras poner en la mesa de Telefónica 2.100 millones de euros y convertirse en su primer accionista, rozando el 10% de la participación y los derechos de voto, un movimiento que para culminar aún debe recibir autorizaciones oficiales en España y Brasil. Su capitalización –cotiza en la bolsa de Arabia Saudí– roza los 50.000 millones de euros. Su dominio del mercado saudí es casi total: controla el 90% de los datos. Además, tiene presencia en otra decena de países y una base de 170 millones de clientes. Con diez empresas integradas en el grupo, su dirección, compuesta por 16 hombres, está liderada por Olayan Mohammed Alwetaid. El presidente es el príncipe Mohammed K. A. Al Faisal, que se dirige por carta a los accionistas con la célebre fórmula musulmana: "En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso".
Entre esos accionistas, el más destacado es el PIF, acrónimo de Public Investment Fund, que controla el 64% de la compañía, según los datos de STC. Y el PIF nos va a llevar al gran nombre propio de esta historia.
Hablamos de palabras mayores, de uno de los mayores fondos soberanos del mundo, un talonario casi ilimitado y una herramienta clave del régimen para desarrollar su estrategia Vision 2030, con la que pretende reducir su dependencia del petróleo y presentarse al mundo como una nación moderna, conectada, digital, que propugna un islam tolerante, dejando atrás una imagen de feudo ultraconservador. Vision 2030 lleva el sello del hombre fuerte del régimen, su príncipe heredero, Mohammed bin Salman, que ejerce de forma oficiosa de virrey desde 2017, fue ungido oficialmente como líder político del país con su nombramiento como primer ministro en 2022 y es, además, presidente del PIF. Es decir, presidente del fondo que a su vez es propietario principal de la empresa que se ha convertido en primer accionista de Telefónica, empresa estratégica española clave tanto en nuestras comunicaciones como en lo que entra en casa por nuestras pantallas.
Ambición política y talonario sin límites
El joven príncipe –nacido en 1985 y al que su padre, el rey, enfermo de alzheimer, ha entregado el mando del país– está desvelando una enorme ambición política. El país desarrolla un fastuoso programa de infraestructuras. Riad revoluciona su urbanismo en torno a su proyecto de Expo 2030, que quiere ser un escaparte de los cambios en el reino del desierto. El príncipe acaricia la idea de acoger, en la estela de Qatar, el Mundial de Fútbol de 2030 o 2034. El dinero de Aramco, la petrolera estatal, lo compra casi todo.
El régimen de los Saúd se vale de PIF para sus posiciones en grandes empresas. No sólo nacionales, como STC. También ha entrado en compañías extranjeras, como Uber (transporte), EA (videojuegos) o Lucid Motors (coches eléctricos). Otra gran obsesión de Bin Salman es el fútbol. Y, de nuevo, la varita mágica es el fondo soberano: en junio PIF se hizo con el control de cuatro de los clubes más importantes del país: Al Ittihad, Al Nassr, Al Hilal y Al Ahli. Los clubes europeos tiemblan ante las ofertas de la liga saudí, donde ya juegan Cristiano Ronaldo (Al Nassr) y Karim Benzema (Al Ittihad), entre otros. El PIF es además dueño del Newcastle, de la liga inglesa.
La paradoja de Bin Salman
Pero Bin Salman vive una paradoja. Quiere cambiar la imagen de Arabia, pero él mismo es corresponsable de su mala imagen. En 2018 la CIA concluyó que el príncipe había ordenado el asesinato en el consulado saudí de Estambul del periodista crítico Jamal Khashoggi. Aunque Riad siempre lo ha desvinculado del crimen, la muerte de Khashoggi supuso un golpe para la imagen del príncipe. Un recordatorio: en España, hace casi cinco años, causaba polémica nacional el apretón de manos de Juan Carlos I, rey emérito, a un Bin Salman casi aislado.
Pero, desde entonces, ha llovido. Concretamente, han llovido millones. El líder político, aferrado al poder que le da el petróleo, no sólo no ha caído, sino que se ha consolidado. Aunque tratado con frialdad por la Casa Blanca desde la llegada de Joe Biden, Bin Salman sigue haciendo negocios con Estados Unidos. A la vez, hace cada vez más evidente su alianza con China y tiene una relación fluida con Rusia. El éxito de su diplomacia engrasada con oro negro se materializa en hitos como su integración en el grupo de los BRICS, el club de las potencias emergentes.
Es usual que entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos se oigan voces escandalizadas ante la normalización de Arabia Saudí. En agosto, con el país dando noticias deportivas casi a diario, Amnistía Internacional publicó una síntesis de la situación en el país con un título elocuente: "Nueve cosas que pasan en Arabia Saudí y que ningún futbolista podrá ocultar": 1) Ataques a población civil de Yemen. 2) 196 ejecuciones en 2022, incluida una ejecución colectiva de 81. Ejecuciones de menores. 3) Latigazos a homosexuales. 4) Prisión por opiniones críticas. 5) Abuso laboral, torturas y expulsión de inmigrantes. 6) Discriminación por ley a las mujeres. 7) Mujeres encarceladas por alzar la voz. 8) Encarcelamiento de periodistas críticos.
Irrupción polémica
Todos estos antecedentes explican que la irrupción en Telefónica haya provocado marejada en España. Desde dentro del Gobierno, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aprovechó la noticia para llamar a la preservación del "control público" de Telefónica, un mensaje similar al de la titular de Igualdad, Irene Montero. Más. Enrique Santiago (IU) llamó a impedir que Telefónica pase a manos de una "dictadura feudal". Pablo Echenique (Podemos) habló de "teocracia asesina".
El ala socialista del Gobierno tuvo que salir, a varias voces, a transmitir un mensaje de "tranquilidad". Nadia Calviño (Economía) fue la que más desarrolló su explicación, asegurando que el miércoles el Gobierno recibió un mensaje de STC que resaltaba el carácter "amistoso" de la operación. Y añadió: "Desde que llegamos al Gobierno hemos reforzado los mecanismos de control de inversiones extranjeras". Se refería al Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, que detalla las opciones del Gobierno de vetar operaciones en sectores estratégicas.
Desde el Ministerio de Economía, el mensaje oficial es prudente. Se limitan a señalar que están estudiando la operación. Lo seguro es que no sería aplicable el llamado "escudo antiopas", ya que es sólo para el 10% o más. Lo que sí necesitará STC para llegar al 9,9%, según una fuente conocedora de la operación, es autorización de Defensa, prevista para cuando una entrada supera el 5% en empresas que trabajan con esta área, como es el caso de Telefónica. Desde STC señalan que también hace falta autorización de Brasil. La compañía prevé tener todos los permisos en el primer trimestre de 2024.
Incluso por debajo del 5% la participación de STC seguiría siendo la mayor de Telefónica, ya que el grupo saudí ha irrumpido adelantando al BBVA (4,87%), Blackrock (4,48%) y Caixabank (3,5%). En cualquier caso, una fuente del sector financiero califica de "difícil de creer" que la operación sea frenada, teniendo en cuenta que "conviene a Telefónica, que está muy necesitada de capital, más aún en plena reorganización del sector a nivel europeo, y no tiene que preocupar al Gobierno, porque la propia STC dice que no quiere el control de la empresa". Además, añade, es complicado pensar en un veto cuando Qatar, a través de su fondo soberano, tiene cerca de un 9% de Iberdrola, otra estratégica que trabaja con Defensa.
Así están las cosas ahora: la principal energética española tiene al frente a Qatar; la principal teleco, a Arabia Saudí.
Las implicaciones de la operación
El profesor de Economía en la Universidad Complutense Andrés Villena, especialista en redes de poder en España, otorga al movimiento de STC una cuádruple dimensión. La primera, la del anhelo de "diversificación" a través de "empresas estratégicas de alto valor añadido". La segunda, como expresión de una "multipolaridad" en el plano político, donde es ya posible que una potencia regional en acercamiento a Chica y con relaciones frías con la administración de Joe Biden entre con fuerza en una compañía clave en España. La tercera, la necesidad de capital de Telefónica. Aquí coincide el sociólogo Rubén Juste, autor de IBEX 35. Una historia herética del poder en España. A su juicio, para Telefónica, al menos para su dirección, la entrada de STC puede ser una buena noticia, porque inyecta liquidez y, además, porque se produce con un aval expreso a la gestión liderada por el presidente ejecutivo, José María Álvarez Pallete. Eso sí, señala Juste, habrá que estar pendiente del impacto a medio plazo del movimiento, dado que, aunque es previsible que no se implique en la letra pequeña de la gestión, la entrada de STC, por su propia naturaleza, puede implicar una mayoría inclinación hacia la "venta de activos".
La cuarta y última dimensión de la operación, retomando a Villena, es la "campaña de imagen". "Aunque haya hecho algunos esfuerzos, la imagen de Arabia Saudí en cuestión de derechos humanos no es positiva", afirma. Aunque nada es gratis recalca Villena, autor de Las redes de poder en España, que se pregunta si no es hoy más improbable que ayer que Movistar Plus programe una serie o una película donde se plasmen los ahorcamientos en Arabia Saudí.
Las respuestas de los implicados
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infoLibre recabó de STC respuesta sobre varios aspectos de esta operación. Acerca de las motivaciones de la empresa, afirmó que Telefónica "es una plataforma fantástica con un gran potencial". "Está muy bien gestionada, con un equipo directivo muy reconocido [...] por haber construido grandes redes", señaló. Acerca de su intención o no de solicitar un puesto en el consejo de administración: "Aún estamos en las primeras fases de nuestra inversión [...], es demasiado pronto". Más parca fue la respuesta sobre la preocupación que pueda suscitar que un Estado acusado de vulnerar derechos humanos adquiera una posición tan relevante en una compañía tan importante: "Sin comentarios".
Telefónica, por su parte, se ciñó a su comunicación a la CNMV: "Telefónica toma nota de la aproximación amistosa de STC y de su apoyo al equipo directivo, a la estrategia de Telefónica y a su capacidad para crear valor".
PIF no respondió a las cuestiones planteadas.
STC Group, que acaba de convertirse en el primer accionista de Telefónica, es algo más que "la mayor operadora de telecomunicaciones" de Arabia Saudí, como reza su impecable carta de presentación. STC Group es Arabia Saudí. No sólo porque en aquel país de en torno a 35 millones de habitantes, levantado sobre un mar de petróleo en una de las zonas más conflictivas del planeta, sea difícil distinguir lo privado de lo público y tanto lo uno como lo otro del poder y la fortuna de la familia reinante, los Saúd. También porque, estructuralmente, STC es una empresa del régimen, con mayoría de su accionariado en manos del fondo soberano PIF y utilizada por la petromonarquía saudí en el marco de su doble estrategia: económica, en busca de diversificación; y geopolítica, en búsqueda de nuevas alianzas y de blanqueamiento de su imagen, lastrada por las acusaciones de vulneración de los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras.