El independentismo catalán celebrará este domingo y el lunes el primer aniversario de una fecha clave para el procés: procésel referéndum del 1 de octubre. Para los partidarios de la independencia de Cataluña, los que todavía hoy dan por proclamada la república catalana y siguen a la espera de su implementación, aquel día se convirtió en una doble oportunidad para demostrar la supuesta voluntad mayoritaria de Cataluña de separarse del resto de España y de probar, gracias a la profusión de imágenes de cargas policiales, la represión ordenada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Un año después de aquella jornada, el expresidente Carles Puigdemont —huido a Bruselas—, el exvicepresidente Oriol Junqueras —encarcelado en Lledoners (Barcelona)—, el exconseller d’Interior Joaquim Forn —también en prisión— y otros diez protagonistas del procés —unos presos, otros en el extranjero— están a la espera de ser juzgados por el Tribunal Supremo después de ser acusados, entre otras cosas, de un delito de rebelión, uno de los más graves que recoge el Código Penal.
Para que haya delito de rebelión no basta con “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. La Justicia española exige la concurrencia de un ingrediente esencial: alzarse “violenta y públicamente”. La existencia de violencia en la intentona secesionista de octubre se ha convertido así en el centro de un debate jurídico que afecta a los principales responsables del procés, especialmente después de que la Justicia alemana afirmase que no se podía imputar a la conducta de Carles Puigdemont, tal y como intentó demostrar el Supremo para conseguir su entrega a las autoridades españolas.
¿En qué hechos del 1 de octubre se basa el instructor de la causa, Pablo Llarena, para decir que los dirigentes del procés se alzaron “violenta y públicamente”?
En primer lugar, en la reunión que el 28 de septiembre de 2017 celebraron los máximos responsables policiales del cuerpo de Mossos d’Esquadra con Puigdemont, Junqueras y Forn. El juez asegura que ese día los tres representantes del Govern fueron informados de “que, si bien había imperado hasta entonces un pacto tácito de no violencia, la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas hacía prever una ruptura respecto a situaciones pasadas y una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento”, por lo que la decisión que mejor contribuía a garantizar la seguridad pública “era eludir la votación del día 1-O”.
Una advertencia que, según el auto de procesamiento que el magistrado firmó el pasado 21 de marzo, no hace sino sumarse al hecho de “que los responsables del Govern presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia con ocasión de los hechos acontecidos el día 20-S ante la sede de la Consellería de Economía”. Pese a lo cual decidieron “que la votación había de celebrarse”.
Según Llarena, el Govern era consciente del “violento levantamiento” que se había producido el día 20 ante la Consellería de Economía, asumieron “que podría reiterarse en futuras movilizaciones“ y sabían “que este tipo de actuaciones resultaban ineludibles para llevar a término un referéndum prohibido por los tribunales”.
Conseguir que la votación se llevase a cabo “pasaba por superar la intervención de los Mossos d’Esquadra y de seis mil agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que habían sido desplazados para garantizar el cierre de los 2.259 centros de votación” y eso es precisamente lo que hicieron, según Llarena, los líderes civiles del procés, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes “aprovecharon su notoria capacidad de movilización colectiva” para impulsar “a todos los catalanes” a que el 1-O “impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido”.
Los responsables de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural “movilizaron a los ciudadanos para que acudieran masivamente a votar” e “instigaron a los ciudadanos a resistir la labor policial, estimulándoles también a que protegieran el recuento de los votos frente a las actuaciones que pudieran desarrollar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Y, como consecuencia de ello, según el relato del juez, “un número importante de ciudadanos hicieron frente a la labor de los policías, lo que —además de las lesiones sufridas por diversas personas fruto del uso de la fuerza policial—, se materializó en numerosos actos de violencia que lesionaron a distintos agentes o causaron daños en su material”. El juez cita 17 agresiones concretas en diferentes localidades que, según sus datos, causaron lesiones a 58 agentes.
El auto de Llarena afirma que había “intencionalidad” en unos hechos que califica de “revueltas” y que, asegura, continuaron en los días que siguieron al referéndum con “la exigencia del reconocimiento de la república catalana”. “Proclamaciones” que “reflejan la voluntad de satisfacer los anhelos de independencia a cualquier trance y, fundamentalmente, persistiendo en comportamientos criminales”, sostiene el juez instructor de la causa contra el procés.
Lo que había ocurrido el 20 de septiembre, cuando los manifestantes sitiaron la Consellería de Economía, era suficiente, siempre según Llarena, para que los dirigentes del procés se imaginaran “el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios de fuerte lesividad y daño en el grupo social”.
“Impulsar” a “cientos de miles de adeptos” a “que hicieran frente al amplio despliegue de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tenían la orden judicial de impedir la votación del 1-O y a que defendieran el recuento de la votación supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedió el día de la votación”.
El "fanatismo violento" según el juez
Para el juez que instruyó la causa contra el procés, “es evidente que la minuciosa ideación de la estrategia” independentista “permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza”. Llarena está seguro de que, después de lo ocurrido el 20 de septiembre, los dirigentes del procés eran conscientes de “que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse”. De manera que “su determinación criminal, con ese conocimiento, es muestra de su voluntad de incorporar la utilización de la fuerza al mecanismo para conseguir la secesión” de Cataluña.
Decidieron “utilizar el poderío de la masa para hacer frente a una actuación policial que sabían orientada a imposibilitar el referéndum, de manera que la votación pudiera desarrollarse, posibilitando y favoreciendo, no sólo que los resultados del referéndum permitieran la proclamación de la independencia, sino que el Estado de Derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse”.
Como consecuencia de todo ello, sostiene Llarena, el delito de rebelión “es plenamente exigible a quienes, conociendo el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaron a su actuación criminal y persistieron en realizar aportaciones esenciales que impulsaran el ilícito comportamiento que desplegaban”.
Es “claramente” el caso, añade, de Puigdemont, Junqueras y Forn, porque participaron en la reunión policial del 28 de septiembre en la que, según el juez, fueron advertidos por los Mossos de “un grave riesgo de incidentes violentos procedentes de un sector de la población particularmente movilizado”. Y sabían que “la decisión judicial de prohibir la votación estaba además garantizada con el importante despliegue de seis mil agentes de las fuerzas de orden público que habían sido movilizados desde otros puntos del país”, a pesar de lo cual “prefirieron ordenar la continuación del proceso, llamar a la población a la movilización y a la participación e impulsar el diseño de un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”.
En igual situación se encuentran, según el juez, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por impulsar “una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir la votación, de retirar el material electoral, y de alcanzar el recuento el día 1-O”.
Llarena justifica también la acusación de rebelión en el caso de un segundo grupo de dirigentes con el argumento de que tenían “pleno conocimiento” de que “la votación era el elemento que impulsaba la reacción ciudadana que servía para forzar al Gobierno de España” a aceptar la independencia. Se trata de Marta Rovira, Jordi Turull, Raül Romeva y Carme Forcadell. De esta última dice que su participación fue “medular” y que actuó “de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del desarrollo de la acción”, hasta el punto de poner “finalmente la institución parlamentaria” que presidía “al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum”.
También señala en este grupo a los exconsellers Antoni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí y Josep Rull. A este último le responsabiliza de haber impedido“ que un ferry, que estaba destinado a acoger a una parte importante de los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña, pudiera atracar en el puerto de Palamós, buscando con ello favorecer la celebración del referéndum y que la fuerza ciudadana tuviera la mayor proyección posible en orden a forzar la voluntad del Estado”.
El independentismo se moviliza
En el contexto de las movilizaciones ciudadanas con las que el independentismo quiere garantizarse una presencia sostenida en la calle, pensando en mantener la presión para exigir un referéndum pactado y la anulación de la causa contra los protagonistas del procés, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, volverá este domingo a las 11 horas a la Escola Oficial d'Idiomes en Barcelona, el lugar donde votó hace un año en el referéndum. A este gesto simbólico han convocado las organizaciones soberanistas a sus seguidores: presentarse en los centros de votación del 1 de octubre. A mediodía, Torra y el vicepresidente, Pere Aragonès, liderarán desde el Palau de la Generalitat un acto de apoyo “a las personas afectadas“ por las cargas policiales del 1-O.
Absuelta la tuitera acusada de injuriar y amenazar a Llarena por falta de pruebas
Este lunes, a las 8.45 horas, el president y el Govern en pleno participarán en Sant Julià de Ramis (Girona) en un acto institucional de conmemoración del 1-O. La Generalitat eligió este escenario en recuerdo de expresident Puigdemont, que aquel día no pudo votar allí. Está previsto que en el acto estén presentes la esposa de Puigdemont, Marcela Topor, y el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent.
Allí mismo Torra presidirá una reunión del Consell Executiu y leerá una declaración institucional sobre el 1-O antes de desplazarse a Barcelona para participar, a las 13 horas, en un acto convocado en nombre de la convivencia, la democracia y la libertad en el Centro de Asistencia Primaria (CAP) del barrio del Guinardó, donde coincidirá con la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau.
Ese mismo día, a partir de las 18 horas, el independentismo ha convocado una manifestación por las calles de Barcelona para reivindicar el 1 de octubre y exigir la materialización de la república catalana.
El independentismo catalán celebrará este domingo y el lunes el primer aniversario de una fecha clave para el procés: procésel referéndum del 1 de octubre. Para los partidarios de la independencia de Cataluña, los que todavía hoy dan por proclamada la república catalana y siguen a la espera de su implementación, aquel día se convirtió en una doble oportunidad para demostrar la supuesta voluntad mayoritaria de Cataluña de separarse del resto de España y de probar, gracias a la profusión de imágenes de cargas policiales, la represión ordenada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.