'Caso Almería': un historiador desentraña el triple asesinato de falsos etarras y su "encubrimiento"
"No me consta otro casi así. ¿Tan brutal? No. Nada tan brutal y tan absurdo".
El historiador Roberto Muñoz Bolaños, especializado en la Transición, en el reverso más oscuro de la Transición, una autoridad sobre el 23F y las interioridades del Ejército, cree que el caso Almería no tiene comparación con ningún otro, pese a la abundante violencia del arranque democrático. "Ha habido presuntos etarras torturados hasta la muerte; uno fue encontrado en un río, esposado. Pero aquí ni eran de ETA. ¡Se veía a la legua que no eran terroristas! ¡Si había uno de Almería, con acento cerrado! Los tres se quedaron sorprendidos cuando se los detuvo, no había armas, no quisieron huir... Nada", explica. Sin embargo, fueron perseguidos, arrestados, torturados, desmembrados, asesinados y quemados, según detalla metódicamente el autor. Un triple crimen que fue –sigue siendo– una de las mayores vergüenzas de la Transición y al que siguió, desvela el historiador, un "encubrimiento" que despliega efectos hasta hoy.
Muñoz Bolaños ha buceado a fondo en aquellos hechos terribles en el artículo Una historia de sombra tiniebla. El caso Almería (1981), publicado en la Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales. El tiempo ha querido que aquel viejo asunto, aquel crimen horrible, hoy casi olvidado, haya recobrado actualidad: los cambios en la legislación de memoria prevén la creación de la "comisión técnica" que elabore "un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos" entre la Constitución y el 31 de diciembre de 1983. Ahí entra de plano el caso Almería, el asesinato a manos de guardias civiles de tres jóvenes tomados por etarras, asunto zanjado con la condena de tres agentes.
¿Zanjado? Mal zanjado, según Muñoz Bolaños. "Sólo se juzgó a tres agentes. Esto es muy militar, una forma de actuar muy militar. Hay tres víctimas, se juzga a tres, uno por víctima", dice. Pero se quedó mucha realidad fuera de aquella sentencia, como acredita en su meticulosa investigación, que se lanza como un torpedo contra la versión oficial de la Guardia Civil y pone negro sobre blanco esta conclusión: "No se trató de un caso de terrorismo de Estado, sino de una acción vindicativa e incontrolada de miembros de la Guardia Civil, vinculada con el atentado de ETA contra el teniente general Joaquín de Valenzuela, y encubierta por los mandos de este cuerpo policial y el propio gobierno".
¿Por qué? Descoordinación, psicosis, impunidad
El triple crimen ha tenido eco en la cultura popular. Aunque con los nombres cambiados, hay una película titulada El caso Almería, de 1984, dirigida por Pedro Costa y con Antonio Banderas, Juan Echanove e Iñaki Miramón en el reparto. También hay una elegía musicalizada del mismo título, un año anterior, de Carlos Cano. "De Santander salieron Cobo, Mañas y Montero y en tres sobres volvieron [...]. Los tres cuerpos quedaron negros como el carbón. ¿Adónde están los brazos? ¿Adónde están las piernas?".
En el terreno periodístico, destaca el trabajo de Antonio Ramos en El caso Almería: mil kilómetros al sur (1982), que aflora las voces de las familias. A juicio de Muñoz, no obstante, una pregunta seguía pendiente: "¿Por qué murieron tres jóvenes en Almería y por qué ese luctuoso acontecimiento se resolvió con la condena únicamente de un jefe, un oficial y un agente?".
En búsqueda de respuestas el historiador trabaja sobre diferentes archivos, del Congreso y del Supremo y otros, así como del suyo propio, acumulado tras lustros de investigación sobre la Transición y el Ejército. Lee hasta la última coma de los periódicos de la época. Escucha el testimonio de Andrés Casinello, entonces subdirector del Mando Único para la Lucha Antiterrorista, el MULC, que quería acabar con la descoordinación entre los cuerpos policiales para luchar contra ETA. En este caso, desde luego, no logró el objetivo.
La descoordinación descrita en el artículo, tanto entre cuerpos como en el propio seno de la Guardia Civil, se adentra de lleno en el terreno de la chapuza y es junto al odio desatado y el clima de paranoia e impunidad uno de los elementos que explican el asesinato de Luis Cobo Mier (29 años), Juan Mañas Morales (24) y Luis Montero García (33). "Había una gran psicosis. Nadie racionalizó la información. [La detención] fue un sábado, cuando casi nadie trabaja por la tarde. Nadie centralizó. [Los agentes] iban con la idea fija de que eran terroristas y fueron incapaces de pensar de otra manera. Se cegaron. Estaban obsesionados y ya no salieron de ahí", señala Muñoz, que ve cosas incomprensibles. "¿Por qué no les tomaron las huellas?", se pregunta ahora.
Un atentado etarra y un viaje de tres inocentes
Vayamos a los hechos, en el trabajo de Muñoz. Hecho 1. El 7 de mayo de 1981, en la calle Conde de Peñalver, Madrid, dos etarras en una moto se situaron junto al vehículo oficial del teniente general Joaquín de Valenzuela, jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey. Cuando el semáforo se puso en verde, el copiloto lanzó por la ventanilla del conductor un artefacto explosivo, que hirió de gravedad a Valenzuela y mató a otros tres ocupantes del vehículo. Hecho 2. En paralelo, un Seat 127 con Cobo, Montero y Mañas salía de Santander con dirección al pueblo de este último, Pechina (Almería), donde el domingo 10 hacía la comunión su hermano. No hay acontecimiento desde entonces que no parezca escrito por un autor trágico.
El coche de los tres inocentes, propiedad de Cobo, empezó a dar problemas nada más salir de Santander. Tuvieron que dormir en Madrid, en casa de un amigo. Siguieron viaje al día siguiente, pero a la altura de El Provencio (Cuenca), el vehículo se averió. Al taller. El mecánico los llevó a Villarrobledo (Albacete) para que pudieran coger un tren a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y de ahí otro a Almería. Pero tuvieron que cambiar de plan y decidieron alquilar otro vehículo. Para ello un taxista les condujo hasta Manzanares (Ciudad Real), donde arrendaron un Ford Fiesta, con el que llegaron a Pechina en la madrugada del sábado 9 de mayo.
Una identificación errónea
Las fotos de dos supuestos etarras se publicaron. Un tipo que había visto a los tres jóvenes en Alcázar de San Juan las vio. Encontró parecidos. Los viajeros no le habían dado buena espina: parecían llevar prisa. Así se lo transmitió a un grupo de taxistas y a un transeúnte, que decidió hacer una denuncia ante la Guardia Civil. El individuo que había hecho el descubrimiento fue a la Policía. Eran las 14.00 horas. A partir de ahí, la calamidad. La identificación es dada por buena en una comunicación interna de la Guardia Civil "precipitada y con datos no contrastados", escribe Muñoz. Los agentes creen descubrir que Cobo se encuentra en Santoña (Cantabria) con un amigo y que ha perdido el DNI, lo que arma la teoría de que los etarras viajan con su documentación. A las 22.40 el amigo de Santoña, implicado ya en la búsqueda, recibe una llamada policial: “No sigas buscando a tu amigo Luis, porque ya han detenido a tres sospechosos en Almería, que son los mismos que robaron la documentación de tu amigo. Si llama Luis, me lo comunicáis”. Pero Luis no podría llamar.
A las 20.30 horas miembros de la Guardia Civil localizan el Ford Fiesta en Roquetas de Mar (Almería), donde los jóvenes estaban haciendo unas compras. Media hora después, son detenidos con la reacción lógica: incomprensión, espanto. La reacción de un inocente, en suma. Trataron de explicarse, en vano. No opusieron resistencia, iban desarmados y no tenían armas ni explosivos, según la reconstrucción de Muñoz. Dio igual. Se enciende el infierno.
A las 6.00 horas de 10 de mayo, los cadáveres de Cobo, Mañas y Montero aparecen carbonizados dentro del Ford Fiesta en la cuneta de una carretera comarcal de Gérgal (Almería). Presentan múltiples impactos de bala y les faltan partes de los brazos y las piernas. El lunes 11, tres guardias civiles de paisano comunican a la familia de Mañas su fallecimiento y le entregan el cadáver en un ataúd precintado "con la prohibición expresa de que abriesen el féretro". Martes: los periódicos ya hablan de “un probable error de la Guardia Civil”.
La inverosímil versión oficial
Muñoz se detiene en el informe de la Guardia Civil del mismo día 10, ampliado y facilitado por Interior a la Agencia EFE, "base de la versión oficial hasta nuestros días". ¿Qué decía ese informe? Que se habían descubierto dos pistolas bajo los asientos del coche. Que el Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil “ordenó por vía telefónica, sin dejar constancia escrita”, que los detenidos fueran trasladados a Madrid. Que el teniente coronel Carlos Castillo Quero organizó un convoy con los tres detenidos y 11 guardias civiles. Que en uno de los coches, el Ford Fiesta, iban los detenidos. Que a pesar de ir esposados se abalanzaron sobre sus custodios, lo que produjo un forcejeo por el que el vehículo quedó sin control. Que los ocupantes de uno de los coches de escolta hicieron fuego contra las ruedas del Ford Fiesta, que se salió de la carretera, cayendo por un terraplén e incendiándose, resultando muertos los tres detenidos y heridos dos guardias civiles. Fin de la versión oficial, que "no se pondría en cuestión porque se articulaba sobre la supuesta orden dada por la Dirección General de la Guardia Civil", escribe Muñoz. Y añade: "Sospechar de esta versión suponía aceptar que la jefatura del Instituto Armado había participado en el encubrimiento".
El autor, en conversación con infoLibre, reflexiona ahora sobre un hecho crucial que explica el ocultamiento. "El juicio del 23F es decisivo", dice Muñoz Bolaños. ¿Por qué? Por dos motivos. 1) El golpe había tenido entre sus motivaciones el malestar uniformado por el terrorismo de ETA, así que el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) pretendía dar "imagen de firmeza". Ello conllevó un cambio de actitud ante "la tortura y las acciones vindicativas" de policías y guardias, "primando el apoyo sin matices a la labor policial". 2) El Ejecutivo "no estaba dispuesto ni a enfrentarse a la Dirección General de la Guardia Civil, que había actuado con negligencia y posteriormente creado su propia versión de los hechos, ni a dar argumentos a ETA, que acusaba a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado de torturas, ni sobre todo a aceptar un macrojuicio contra la Guardia Civil que alcanzara a los superiores de Castillo Quero, máxime cuando estaba pendiente el de la intentona golpista".
Tres condenados
La gravedad real del crimen se rebaja desde el arranque de la investigación judicial. El instructor de la Audiencia de Almería tomó declaración a diez de los once guardias civiles –Castillo Quero se puso de repente enfermo–, pero sólo dirigió acciones contra tres. Ocho integrantes del convoy quedaron exentos. Los tres juzgados sí fueron condenados por homicidio, en sentencia de julio de 1982. A Castillo Quero, que durante el juicio había sostenido contra toda evidencia que los muertos “eran terroristas” y que “volvería a hacer lo mismo”, le cayeron 24 años. Muñoz hace un alto para buscar los porqués de la actuación de Castillo Quero, un hombre acostumbrado a la impunidad, un "recomendado por La Zarzuela" que había salido impune tras matar a dos hombres en 1979, si bien estos sí habían cometido el asalto a una gasolinera. Muñoz: "Este suceso fue una clara manifestación del carácter violento de Castillo Quero y de algunos de los hombres bajo su mando. Además presentaba notables paralelismos con el caso Almería, especialmente por la imagen que posteriormente se intentó crear de las víctimas", contra los que se lanzó una acusación no probada de violencia sexual. Castillo Quero, descrito por un teniente coronel como "un imbécil poseído" que presumía de una supuesta amistad con el rey, pudo actuar por deseo de "vengar" el atentado contra Joaquín de Valenzuela, la vez que "agradar y agradecer", analiza Muñoz en su artículo.
Los otros dos condenados fueron el teniente ayudante Manuel Gómez Torres, a 15 años, y el agente Fernández Llamas, a 12. Los reos debían pagar una indemnización de 4 millones de pesetas a cada una de las familias. El tribunal no apreció el agravante de "conducta alevosa y traicionera" y aceptó las atenuantes de "cumplimiento del deber" en el caso de Castillo Quero y de "obediencia debida" en los otros dos. Los condenados recurrieron, sin éxito. Sentencia firme. Caso cerrado.
"Fue tal la tortura, la cafrada..."
Pero este relato ofrece una fotografía incompleta. Muñoz rescata tal cual la carta dirigida por un agente, testigo del trato recibido por los arrestados, a la familia de Mañas en 1984: "Fueron sometidos a interrogatorio, acto seguido ordenó Castillo Quero que tenían que ser sometidos a garrote y pidió voluntarios [...]. Al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia C., perdiendo el conocimiento. Entonces lo mataron con un tiro de pistola cada uno que recivieron [sic] por separado. Posteriormente, los embolvieron [sic] en mantas viegas [sic], penetrándolos en el Ford Fiesta, en el asiento trasero, ordenando Castillo Quero que fueran volcados en el sitio que no les viera nadie y que se les pegara fuego para que no conocieran los mal tratos [sic]. Antes de pegar fuego con la metralleta de los compañeros el guardia C. gastó dos cargadores de 30 cartuchos cada uno sobre los cadáveres en combinación con el depósito de la gasolina del Ford, acto seguido con el mechero que pegó fuego a la gasolina que se derramaba del depósito, añadiendo la que tenía en la lata aparte".
Otro testimonio, de un teniente coronel de la Guardia Civi: "Fue tal la tortura, la paliza, la cafrada, que se les quedaron en las manos. Cuando se dieron cuenta los habían matado [...]. Tuvieron que despedazar a aquellas criaturas para meterlos dentro del coche. Después se llevaron el coche, los despeñaron, le metieron fuego y se pusieron a pegar tiros". Pero nada de esto quedó convertido en verdad oficial, por supuesto.
Un ocultamiento en su contexto
"El encubrimiento –explica el autor ahora sobre la defensa de la versión oficial– empieza con la Dirección General de la Guardia Civil y continúa con el Gobierno de la UCD", que considera los acontecimientos "un trágico error". El autor señala por la falta de esclarecimiento al Ministerio del Interior, que aceptó la versión oficial, según la cual los detenidos "habían querido escapar", señala Muñoz. "Eso es mentira", reitera. En el artículo lo detalla: "El titular de Interior [Juan José Rosón] no estaba dispuesto a hacer mención a ninguna cuestión que pudiera implicar a los superiores de Castillo Quero". Pero Muñoz está lejos de circunscribir ahí el afán de tapar los hechos. "Los superiores de Castillo Quero contribuyeron al encubrimiento [...] y [...] la situación de inestabilidad como consecuencia [...] del 23-F llevó al Gobierno de Calvo Sotelo a limitar las responsabilidades y a 'proteger' a los guardias civiles que fueron condenados. Dinámica que continuaron los diferentes Ejecutivos que se sucedieron desde 1982 hasta nuestros días porque ninguno ha estado dispuesto a reconocer que tres inocentes fueron torturados y asesinados por agentes de la Guardia Civil y que este suceso fue encubierto por sus mandos del Instituto Armado primero y por diferentes Gobiernos después". En conversación con este periódico, reflexiona: Calvo Sotelo era un "legalista" que, "en una situación muy difícil", eligió lo que entendió como "mal menor", invocando para ello la "razón de Estado".
La “protección”, anota el historiador, "continuó cuando el PSOE llegó al poder". "Si bien el ministro de Defensa Narcís Serra terminó expulsando a los condenados de la Guardia Civil, a cambio recibieron dinero procedente de los fondos reservados [...]”. Muñoz, que cree que dichos fondos sirvieron para "mantenerlos calladitos", maneja "dos hipótesis" para estos pagos, desvelados por El País en 1999. La primera, que fueran otro “favor” de los que Castillo Quero, bien conectado con las altas esferas, había recibido a lo largo de su carrera. La segunda, que tenían por objeto “premiar” el "silencio".
Una explicación pendiente
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Los jóvenes no han sido nunca considerados "víctimas del terrorismo", en este caso de Estado. En una carta de la Guardia Civil a una de las familias, recalca Muñoz, la Guardia Civil "se solidarizaba con los parientes y amigos de los tres jóvenes, pero seguía considerando que fue una actuación limitada a algunos guardias civiles y no de la Guardia Civil". "Además, al considerar válida la sentencia [...], ratificaba implícitamente la versión oficial de los hechos", concluye el historiador, para quien las familias han quedado en "una situación terrible todavía hoy". "Nadie nunca les ha dado explicaciones", cuenta ahora.
A su juicio, en rigor no cabe un reconocimiento como "víctimas del terrorismo de Estado", porque no lo fue. "No hubo ningún plan previo. No es como los GAL. Es lo que hacían soldados británicos en el Ulster, cuando tras un atentado salían y al primer sospechoso de ser del IRA le pegaban un tiro. Igual aquí: hubo una reacción no planificada a un atentado", explica el autor, que cree que aún hay algo que se puede hacer: "Un reconocimiento a las familias, que creo que se merecen. Y si es posible dar una explicación, que les expliquen [a las familias] qué pasó, aunque no creo que les sirva ya de mucho".
infoLibre contactó con el gabinete de prensa de la Guardia Civil para recabar respuesta a diversas conclusiones del artículo de Muñoz, sin respuesta.
