Año 2021. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprueba, tan sólo un año después de la crisis del covid-19, un Plan de Choque con un incremento de la financiación estatal al sistema de dependencia. Más de 600 millones anuales pretendían ser el antídoto a años de listas de espera interminables y el desatasco perfecto para miles de personas que o bien no recibían la prestación a la que tenían derecho o ni siquiera encontraban turno para que su grado de dependencia fuese valorado. En total, en tres años el Estado ha invertido 4.000 millones extra en este área. Y las cifras han mejorado, pero no lo esperado. Ni mucho menos. Así lo ha denunciado este lunes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
La organización, que ha presentado en Madrid su XXIV Observatorio Estatal de la Dependencia, ha ofrecido cifras esclarecedoras sobre el estado del sistema. Por un lado, lamentan que "se está abandonando sin atenciones a 296.431 personas que están a la espera de un procedimiento". Por otro, certifican que, sólo en 2023, 40.447 personas fallecieron esperando una certificación de su grado de dependencia o esperando la atención que les correspondía por ella. Cada 13 minutos, calculan los directores y gerentes de Servicios Sociales, moría alguna de las personas que se encontraba en alguna de esas listas de espera. Al ritmo actual, concretan, se tardaría hasta ocho años en alcanzar la plena atención.
Y todo eso ocurre a pesar de que, señalan también, la situación ha mejorado considerablemente. También ofrecen cifras de esta afirmación. Desde que se aprobó el Plan de Choque —es decir, en 2021, 2022 y 2023—, han aumentado en 287.636 las personas atendidas en el Sistema de la Dependencia. Así, a finales de 2023 ya había más de un millón y medio —en concreto, 1.567.107— con derecho a prestación.
La explicación es que la situación de base dibujaba un escenario más que pésimo. Hasta 2021, recuerda también la organización, no se puso fin a los recortes en dependencia realizados por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012. Desde que estos comenzaron y hasta diciembre de 2020 el Estado amasó —siempre según los cálculos del informe presentado este lunes— un déficit en el sistema de hasta 6.322 millones de euros. Y esto afectó también a las comunidades, que son las responsables según la ley de aportar el 50% de lo que se debe destinar a este área.
Actualmente, en cambio, las autonomías son las responsables del 60,4% de la financiación en dependencia, un porcentaje que completa el Estado con un 39,6%. El pasado mes de enero, y tras una reunión con el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy se comprometió a equilibrar estas cifras. "Tenemos la voluntad de continuar en esa senda hasta lograr que la aportación de la Administración General del Estado a la financiación de la dependencia sea del 50%", señaló.
Como hasta ahora casi todo corresponde a los ejecutivos regionales, las desigualdades aparecen. E incluso se agrandan. Se producen siempre, denuncian los directores y gerentes de Servicios Sociales, por "voluntad política". Por la presencia o por la ausencia. Así, lamenta el informe, hay algunos gobiernos autonómicos que han "reducido su aportación económica 'haciendo caja' con el incremento de la financiación estatal que ha supuesto el Plan de Choque". Son, en concreto, nueve. La primera es Cataluña, que es la que más ha rebajado esta inversión, disminuyendo 57,3 millones su partida destinada a dependencia en 2023 con respecto al año anterior. Le siguen Andalucía (con un recorte de 51,6 millones), Comunitat Valenciana (-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1).
Son las dos primeras, así, las que más fallecimientos acumulan entre quienes están esperando recibir la resolución de su grado de dependencia y entre quienes ya lo tienen certificado pero todavía no reciben la prestación que les corresponde. En Cataluña, entre diciembre de 2022 y 2023 fueron 12.280 las personas que murieron en una de estas dos situaciones; en Andalucía, 3.972.
La aportación para dependencia de las comunidades se redujo en 98 millones en 2022
El problema, en este sentido, es el tiempo de espera para la resolución de los expedientes. De media, una persona en España tarda 324 días en tener su situación resulta, aunque en cuatro —Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia— se llegan a superar los 12 meses. Sólo cinco territorios, lamenta el informe, tardan seis meses o menos en resolver, como marca la Ley. Son País Vasco, Castilla y León, Navarra, Cantabria y Ceuta.
Las ayudas a domicilio siguen siendo escasas
En cualquier caso, lamentan los directores y gerentes de Servicios Sociales, "los servicios de bajo coste y las escasas cuantías de las prestaciones económicas siguen siendo la tónica general del Sistema, sin que se perciba una mejora substancial a partir del importante incremento de financiación estatal, tal y como proponía el Plan de Choque". Así, por ejemplo, establecía que la teleasistencia es un derecho subjetivo de toda persona con Grado de dependencia que vivía en su domicilio, pero al finalizar 2023 sólo la tenía el 35,8% de las personas en esta situación.
Por su parte, las horas mensuales de ayuda a domicilio sólo crecieron en 2023 tres décimas con respecto a 2022, hasta las 33,8 horas al mes. Por su parte, el informe cifra en 240,17 euros de media el importe que reciben las personas que cuidan a un familiar en situación de dependencia y en 575 euros la cuantía de la prestación vinculada al servicio para una plaza residencial para los dependientes de Grado III. En este sentido, la misma organización denunció hace apenas un mes que, aunque las plazas en geriátricos siguen aumentando, estas no son suficientes para absorber la lista de espera de estos grandes dependientes o dependientes severos. Harían falta para ello, calcularon, 30.000 plazas nuevas.
Año 2021. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprueba, tan sólo un año después de la crisis del covid-19, un Plan de Choque con un incremento de la financiación estatal al sistema de dependencia. Más de 600 millones anuales pretendían ser el antídoto a años de listas de espera interminables y el desatasco perfecto para miles de personas que o bien no recibían la prestación a la que tenían derecho o ni siquiera encontraban turno para que su grado de dependencia fuese valorado. En total, en tres años el Estado ha invertido 4.000 millones extra en este área. Y las cifras han mejorado, pero no lo esperado. Ni mucho menos. Así lo ha denunciado este lunes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.