Iberdrola considera que la subida de la factura eléctrica en el mercado regulado, fruto de los resultados de una subasta marginalista en máximos históricos, es menor y no justifica la "confiscación" aplicada por el Gobierno en su último decreto. "Se ha realizado para solucionar un incremento de facturación de poco más de 10 céntimos de euro al día para un tercio de los clientes españoles. ¿Cuánto cuesta esa caña de cerveza, ese café o ese periódico que consumimos diariamente?", se pregunta la empresa en una carta enviada a sus accionistas el pasado viernes 17 de septiembre, a la que ha tenido acceso infoLibre.
En la misiva, la empresa no explica los cálculos que ha realizado para llegar a la conclusión de los 10 céntimos al día, que equivalen a una subida de tres euros al mes. El cálculo del recibo es complejo y depende de muchos factores, como la potencia contratada o las horas a las que se consume; pero multitud de testimonios contradicen a la compañía y hablan de un aumento mucho mayor. Los números de la organización de consumidores OCU hablan de 5,8 euros de aumento solo de agosto de 2021 a julio de 2021 para "un hogar medio"; y de 29 euros en comparación a agosto de 2020. Es un aumento del 38%. En el caso de los negocios sujetos al Precio Voluntario al pequeño Consumidor (PVPC), que depende de los vaivenes de la subasta, hay casos de un kilovatio hora al día un 49% más caro. Recibos de casi 2.000 euros, como narra El País.
Iberdrola asegura en la carta a los accionistas que la factura no es tan cara, por lo que no se justifica la "confiscación" del decreto anunciado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el que pone fin a una parte de los conocidos como "beneficios caídos del cielo": la sobrerretribución que reciben centrales hidroeléctricas y nucleares amortizadas al cobrar lo mismo que cobran las centrales de gas natural sin tener que hacer frente a sus gastos. El tono, muy duro, contrasta con la prudencia de otras manifestaciones públicas. La eléctrica "está tomando y seguirá tomando todas las medidas legales y de gestión para defender los justos intereses de la empresa y sus accionistas".
La empresa lamenta que las medidas "crean una inseguridad jurídica que aumenta el riesgo-país, lo que habitualmente impacta en las tan necesarias inversiones internacionales" y "pone en riesgo el logro de los objetivos medioambientales de la Unión Europea". Asegura Iberdrola que el Gobierno ha roto el principio de "quien contamina, paga": sin embargo, las centrales de gas natural, que son las que emiten CO2 junto a las de carbón, seguirán pagando altos precios por cada tonelada de CO2. El decreto, independientemente de lo que acaben dictando los tribunales, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea.
Iberdrola asegura que, a pesar de que las cotizaciones de las eléctricas han creído por el "rechazo unánime" de los "analistas financieros e inversores internacionales", la empresa no se ha desviado de sus objetivos, ya que operan en otros muchos países mucho más benévolos que España para sus negocios. "Afortunadamente, tenemos presencia en otras áreas geográficas con seguridad jurídica y mayor estabilidad, predictibilidad y respeto a la ley".
Insisten en un precio fijo para el PVPC
La carta comienza con un repaso al funcionamiento del mercado eléctrico. Iberdrola recuerda que aproximadamente un tercio de los consumidores cuenta con una tarifa regulada dependiente de los vaivenes del mercado y que solo el 27% de la factura está relacionada con el coste de la energía (el resto se divide en cargos, impuestos y peajes). "Respecto a los clientes de mercado libre (...) a estos NO les afecta el precio del pool, ya que tienen contratos bilaterales con las compañías por periodos de entre uno y cinco años". La empresa no menciona que, en base al decreto aprobado por el Gobierno, los beneficios retraídos a las eléctricas servirán para reducir hasta en un 96% la parte correspondiente a los cargos del recibo, por lo que el coste de la electricidad pasará a ser más de la mitad del total, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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Tampoco hace referencia Iberdrola a la situación de los consumidores a los que se le acaba su contrato bilateral en el mercado libre y pueden estar sujetos a subidas por parte de la comercializadora, a la que le cuesta más adquirir la electricidad en la subasta marginalista; ni la nueva subasta para hidroeléctricas y nucleares, que permitirá que comercializadoras independientes puedan ofrecer tarifas más competitivas.
La eléctrica insiste, como ha hecho en otras ocasiones en público y en privado, en pedir una reforma del PVPC que establezca un precio fijo a pagar durante meses. Es el sistema vigente en España antes de 2014 que permitió, consideran muchos expertos, la supuesta estafa masiva que protagonizó Iberdrola cerrando sus centrales hidroeléctricas para subir la factura y que investiga la Audiencia Nacional. La compañía habla de "un mal diseño regulatorio" que "solo ocurre en España ya que, en el resto de los países de nuestro entorno, estas tarifas se definen a partir de los precios de los mercados internacionales de futuros, más estables".
Es cierto que países como Portugal, Italia o Alemania cuentan con un mercado regulado mucho más estable que les ha permitido capear la crisis política. Sin embargo, el sistema español tiene una ventaja: cuando el pool cae en picado por la entrada de renovables, los consumidores disfrutan de la rebaja al instante. Y, de media y hasta este último episodio, este mercado es más barato que el libre. Tanto la propia Ribera como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han manifestado su predisposición a volver a un PVPC con precios inmutables durante meses: sin embargo, la reforma aún no está sobre la mesa del Consejo de Ministros.
Iberdrola considera que la subida de la factura eléctrica en el mercado regulado, fruto de los resultados de una subasta marginalista en máximos históricos, es menor y no justifica la "confiscación" aplicada por el Gobierno en su último decreto. "Se ha realizado para solucionar un incremento de facturación de poco más de 10 céntimos de euro al día para un tercio de los clientes españoles. ¿Cuánto cuesta esa caña de cerveza, ese café o ese periódico que consumimos diariamente?", se pregunta la empresa en una carta enviada a sus accionistas el pasado viernes 17 de septiembre, a la que ha tenido acceso infoLibre.