Ribera desmonta los bulos del PP y le recuerda que Mazón aún no ha explicado qué pasó aquel día en el Cecopi
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha protagonizado este miércoles un tenso debate en el Congreso sobre la gestión de la dana del 29 de octubre, que ha dejado por ahora 227 víctimas: 219 en Comunitat Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. La vicepresidenta tercera ha comparecido a petición propia y de la oposición para defender las competencias de su cartera en la catástrofe, que se reducen a emitir los avisos de emergencia sobre la llegada de lluvias y la crecida de los caudales de la cuenca del Júcar, así como garantizar la seguridad de las presas en la zona. El PP ha tratado de sembrar la duda sobre su actuación, alegando que mantuvo un silencio informativo sobre Protección Civil y que no realizó las obras necesarias para adecuar la rambla del Poyo por "dogmatismo climático".
La vicepresidenta tercera aprovechó su intervención, dedicada principalmente a desmentir bulos o medias verdades de la oposición, a recordar que el PP todavía tiene que explicar qué paso en la tarde de la tragedia en el centro de coordinación de emergencias (Cecopi). "El ministerio participó en el Cecopi, salvo por un pequeño detalle: entre las 18.00 y las 19.00 de la tarde la pantalla se volvió en negro. No sabemos qué paso, pero las tres personas que representaban al Gobierno, la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no pudieron participar en el debate", apuntó Ribera.
El cruce de qué se hizo y qué no ese día entre el Gobierno y la oposición fue constante, con dos versiones completamente distintas de una misma jornada, pese a que los contactos que mantuvo Transición Ecológica están registrados de forma telemática. Las dos principales comunicaciones fueron que el día 27 de octubre, dos días antes de la dana, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) lanzó un aviso por lluvias torrenciales para los dos días siguientes, que luego se actualizaron; y que la CHJ avisó a las 08.44 horas del 29 de octubre a Protección Civil de Valencia de la crecida del río Albaida con tendencia ascendente. El aviso rojo de Aemet por precipitaciones extremadamente fuertes llegó poco antes, a las 07.31 horas, suficiente para que 63 municipios cerrasen colegios y otros espacios públicos.
La intervención del PP, encargada a Esther Muñoz de la Iglesia —que no trabaja en asuntos relacionados con Medioambiente— se centró en tratar de buscar grietas en la versión del Gobierno central, cuestionando avisos de lluvias y crecidas, las obras que se pudieron haber realizado en la última década, o la limpieza de los cauces. La oposición obvió sin embargo que el liderazgo del operativo era del president del PP, Carlos Mazón, que estuvo ausente durante cinco horas del centro de operaciones Cecopi y envió el aviso telefónico a la población a las 20.12 horas, cuando ya había decenas de desaparecidos.
Durante su intervención, Muñoz empezó diciendo que la Aemet lanzó un aviso rojo que finalizaba a las 18.00 horas del 29 de octubre, pese a que su funcionamiento habitual es el siguiente: se lanza una alerta y se va actualizando a medida que los modelos de predicción actualizan la situación meteorológica. Esa jornada el aviso por lluvias se extendió primero hasta las 20.00 horas y luego hasta las 22.00 horas.
Otro de los mantras de los populares es que hubo dos horas (entre las 16.00 y las 18.00) en los que la confederación hidrográfica no actualizó al Cecopi el estado de los cauces de los barrancos, dejando supuestamente a ciegas a la Generalitat. El dato fue desmentido en varias ocasiones por la CHJ, que afirma que envió hasta siete mensajes avisando de la fuerte crecida de los cauces. A las 16.55 este órgano envió un mail al Cecopi avisando de que se esperaban caudales superiores a 1000 m³/s en el río Magro por el alivio de la presa de Forata, que estaba bajo riesgo de colapso.
De hecho, el propio presidente de la confederación, Miguel Polo, decidió esa tarde llamar personalmente a los alcaldes de los municipios afectados para advertirles de lo que se venía encima, al ver que la Generalitat no activaba el sistema ES-Alert de alarma. Aun así, Muñoz de la Iglesia acusó a este cargo de "no hacer nada"."El presidente de la CHJ debió parar en ese momento el Cecopi para informar de lo que pasaba y no dijo nada", fue criticado la popular.
El resto de la jornada en el Congreso fue similar. Un cruce de acusaciones sobre una supuesta omisión de funciones de la vicepresidenta tercera, con la vista puesta en la nueva Comisión Europea, donde Ribera está a punto de tomar el cargo de vicepresidenta ejecutiva para las carteras de transición verde y competencia. La diputada del PP trató en varias ocasiones de que Ribera se comprometa a renunciar a su futuro puesto en Bruselas si es imputada por la gestión de la dana. "[Su gestión] es un dolo eventual de manual. Le deseo mucha suerte defendiendo esto en los tribunales", añadió De la Iglesia.
Por su parte, la comparecencia de la vicepresidenta se centró en dejar blanco sobre negro que el control de la situación siempre estuvo sobre Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. "Cuando enfrentamos un riesgo como el del día 29, la gestión de la emergencia corresponde a la Administración autonómica, en el marco del Plan Especial de Inundaciones y la normativa básica de Protección Civil. Tanto la Aemet como la CHJ trabajan con evidencia empírica y su persona es técnico, y es Protección Civil quien usa esta información para emitir alertas y gestionar la emergencia y avisar a los ayuntamientos", resumió Ribera.
La ministra aprovechó también para pedir que las administraciones se tomen en serio las alertas porque un aviso rojo de Aemet no es una cuestión menor: "En los últimos cinco años solo uno de cada 400 avisos por lluvias ha sido rojo, que indica un riesgo para la población muy alto".
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La oposición trató además de responsabilizar a Ribera del mal estado de la Rambla del Poyo, uno de los dos principales cauces que desbordaron en la tarde del 29 de octubre, porque es competencia de Transición Ecológica el estado de la cuenca del Júcar. "Esta obra de ingeniería habría evitado las inundaciones en el barranco, y solo habría costado 35 millones. ¿Cuántas vidas se habrían salvado?", achacó Muñoz de la Iglesia a la ministra.
Las obras para reforzar y desviar este barranco llevan pendientes desde 2007, cuando la Generalitat publicó un proyecto de rehabilitación de la zona. En 2011, la actual ministra Teresa Ribera, entonces como secretaría de Estado de Cambio Climático, emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para el proyecto, pero el Gobierno de Mariano Rajoy recortó el presupuesto de la Dirección General de Aguas, y el 2017 la DIA caducó.
En 2018, el nuevo Gobierno socialista recuperó el proyecto, y en 2020 superó el examen de coste-beneficio, pero todavía debe obtener una nueva DIA y que se liciten las obras. De hecho, la ministra de Transición Ecológica afirmó que el proyecto está ahora paralizado por culpa del Gobierno de Mazón. "En marzo y julio 2024 recibimos peticiones de la Generalitat para mejorar la implantación en el paisaje del proyecto, que se traduce en 'espere un poco más', por parte de la autoridad autonómica", en palabras de Ribera.
