Martín Pallín: “Estamos ante un golpe de Estado judicial permanente”
José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) se jubiló en 2006 tras una extensa carrera como fiscal y magistrado en la sala segunda del Tribunal Supremo. Sin embargo, su labor continúa siendo incesante como divulgador y analista de la realidad jurídica, cada vez más con más peso en la actualidad política tanto en España como en otros muchos países. Martín Pallín desarrolla además una continuada labor de reparación democrática. Acaba de presentar una querella contra Juan Carlos I junto a un grupo de juristas, filósofos y periodistas donde alega que la regularización fiscal que realizó el anterior monarca no fue correcta y, por tanto, no está exonerado penalmente. Igualmente, ha presentado el informe de la Comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid sobre los protocolos de la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso que impidieron recibir atención médica a las personas enfermas de covid ingresadas en estos centros.
Causa contra el hermano del presidente Sánchez
“Creo que estamos ante lo que se puede definir rotundamente, y lo afirmo, como un golpe de Estado judicial permanente. Esto desborda toda la racionalidad que se puede admitir dentro de un sistema democrático. Lo del hermano [de Pedro Sánchez, imputado en supuestas irregularidades en su puesto de trabajo ajeno a la política] ya es como para quitarle el título a la jueza que lo ha puesto en marcha. Lo que aparece es que se adjudica una plaza a una persona que, al parecer, no tiene méritos suficientes y hay otros aspirantes que sí lo tienen. Casi desde el siglo XIX esto es de lo contencioso administrativo. Es decir, los perjudicados, si creen que tenían derecho, siempre han ido a lo contencioso administrativo que luego les daba la razón o no, pero nunca en la vida ha tenido contenido penal. Esta instancia es la última a la que se debe acudir para solucionar un conflicto”.
Instrucción del juez Peinado
“Me parece que es se está incurriendo en una decisión arbitraria y poco justificada. En primer lugar, se admite una denuncia de un pseudo sindicato que para mí no tiene ningún contenido penal. La esposa del presidente desde hace muchos años, mucho antes de que fuera Sánchez jefe del Ejecutivo, viene desempeñando actividades relacionadas con la enseñanza. Está en una cátedra que, según los estatutos de la Complutense, dice que se puede ser codirectora con cualquier cargo. ¿Dónde está la actividad delictiva? Yo no la veo por ningún lado.
Peinado está estirando la causa hasta extremos verdaderamente preocupantes en cuanto a administrar justicia imparcial. Ahora va a llamar a declarar a un cargo intermedio de Moncloa, que parece que puso un correo contactando con alguien. Le ha llamado como testigo, pero me atrevo a decir y pronosticar que va a salir como imputada. Esto ya roza algo que suena muy fuerte pero que es una actividad arbitraria e injusta. Eso nunca lo puede hacer un juez”.
Registros al fiscal general del Estado
“Se le está acusando de un delito contra la intimidad, que es el artículo 197, y lo dicho no vulnera en absoluto la intimidad de una persona ni pone en peligro su derecho de defensa. Luego, no existe delito por ningún lado. Encima lo ha hecho el Tribunal Supremo, lo cual es mucho más grave. Y luego, ha ordenado entrar en el despacho del fiscal general del Estado y llevarse no solamente su teléfono y volcarlo, sino toda la información que existe y tiene en sus manos el fiscal general del Estado, que procede de las 50 fiscalías de España, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Nacional, es decir, hechos relacionados con narcotráfico, incluso con terrorismo. Habrá información seguramente del CNI. Esto me parece de una gravedad y de una irresponsabilidad que habría que ponderar si realmente ese juez no se ha excedido hasta el punto de vulnerar derechos fundamentales”.
El objetivo final de estos procesos
“Se da la circunstancia de que la Fiscalía responde porque el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, MAR, algunos le llaman el Pigmalión Barbudo, dijo que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, estaba en tratos de conformidad y que el fiscal general del Estado se había opuesto. Eso es rotundamente falso. Y claro, dice su estatuto que la Fiscalía tiene el deber de informar a la ciudadanía así que hizo una nota diciendo que no era verdad. Contó que el abogado de la pareja de Ayuso se había dirigido al fiscal, pero seamos sinceros, la pieza a cazar, empleemos ese término cinegético, no es el fiscal, sino el presidente del Gobierno. La tarea de muchos de la derecha carpetovetónica es derribar a Sánchez. Estoy seguro de que en el extranjero este registro se ve como algo muy llamativo. A mucha gente le hace falta cruzar los Pirineos”.
Futuro de los procesos políticos
“Realmente pienso que la operación no va a parar sino que va a seguir. Me atrevo a asegurar que la siguiente investigada va a ser Teresa Ribera. Van a seguir a con más ministros hasta que alguien le ponga coto a esto. Entre ellos está el Consejo General del Poder Judicial, que está teniendo un sonoro silencio. Y algunas asociaciones judiciales. Sé que Jueces para la Democracia, a la que yo he pertenecido, solo emitió un comunicado sobre la entrada en el despacho del fiscal general del Estado. Pero hay que salir al paso de esto porque si no, ya no es que haya un riesgo de ruptura política y democrática sino de credibilidad de los ciudadanos en la justicia. Y si en un país no hay credibilidad por parte de los ciudadanos en el aparato de la justicia, ya no en un juez concreto, la democracia está en peligro”.
El juez Eloy Velasco e Irene Montero
“La intervención de un juez fuera de su actividad jurisdiccional está amparada por el principio de libertad de expresión. Yo, además, no sería el más indicado para negarlo. Llevo miles de conferencias desde hace muchos años. Nunca, nunca podemos trasladar la ideología a una resolución judicial, como por ejemplo ha hecho el Tribunal Supremo, planteando la cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía. Eso lo puede usted pensar como ciudadano, pero no lo puede poner en una resolución judicial. En el caso del juez Eloy Velasco, estaba actuando como ciudadano en una conferencia y denota un poco la mentalidad del personaje. Dijo que el gobierno era ilegítimo, en el sentido de que no era del partido más votado y eso ya es muy grave en una democracia. Y respecto a Irene Montero, se retrata a sí mismo. Yo creo que una persona que dice eso a lo mejor no sirve ni para cajero de un supermercado”.
Estado de la judicatura
“Hay 5.300 o más jueces y juezas. No podemos decir que todo el Poder Judicial o la carrera judicial es de derechas. Hay mucha gente, creo que alrededor del 50%, que no forma parte de ninguna asociación con un sesgo político. Cuando antes decía que estamos ante un golpe judicial permanente, me refería a un sector de la judicatura, por supuesto, no a toda la judicatura. Este golpismo ya había empezado con Podemos. No olvidemos que entre ese partido y Ada Colau han tenido unas cuarenta o cincuenta querellas. Ahí el objetivo era destruirles. Ahora se va a por la presidencia del Gobierno para que dimita y convoque elecciones. Eso ya es un golpe de Estado a la boliviana con todos sus componentes”.
Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias
“Se ha hecho desgraciadamente famosa la cifra oficial de 7291 muertos en las residencias durante el covid. Hubiera habido muertes de todas maneras, como es lógico, pero en gran parte se debieron a unos protocolos que impedían que personas sin movilidad, en silla de ruedas, si estaban en una residencia fueran derivados a un hospital para el tratamiento, también a personas con capacidad cognitiva disminuida. Todo eso está documentado y firmado. No pueden desmentirlo. El 65% de las personas mayores que fueron derivadas a los hospitales porque tenían seguro privado o porque, estando fuera de las residencias pudieron acceder, salvaron la vida. Se podían haber salvado a cerca de 4.000 personas. Los familiares han emprendido una vía que creo que tiene posibilidades. Han presentado en Fiscalía una denuncia amplísima porque estiman que los protocolos no solo fueron una barbaridad jurídica y científica, como dicen los expertos, sino que supusieron una discriminación por razón de edad y eso es un delito en el Código Penal”.
Desatención a los y las residentes
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“La Comunidad de Madrid creó un mando único de hospitales públicos y privados. Consta que los hospitales privados tenían camas de sobra para aceptar la derivación de esas personas. Pero, repito, si no tenían seguro privado tenía que pagar la Comunidad. La otra alternativa que sostienen los expertos era la medicalización de todas las residencias. Es decir, que en vez de llevarse cerca de 1.500 o 1.600 sanitarios al llamado Hospital Milagro de Ifema, esos médicos deberían haber ido a las residencias. A las residencias creo que fueron 60 y tantos. Todo esto está constatado. Quiero resaltar la labor de Alberto Reyero, consejero de Servicios Sociales, que se opuso a los protocolos y que ha denunciado que lo que se estaba haciendo era una verdadera aberración y barbaridad médica, jurídica, política y humana”.
Querella contra Juan Carlos I
“En marzo de 2022 la fiscalía termina una amplia información sobre todas las actividades delictivas que se imputaban a Juan Carlos I, algunas prescritos y otras amparados por la inviolabilidad. Llega la abdicación el 19 de junio de 2014 y pierde la inviolabilidad y pasa a ser un aforado. Las declaraciones tributarias del 2014 al 2018 muestran que hay fraude. El representante del reino aquí considera que la regularización que hizo es válida. Nosotros, con el propio texto de la Fiscalía -no lo tocamos- solo utilizamos el relato de hechos de la Fiscalía, llegamos a la conclusión de que la regularización no es válida. Porque se hizo cuando ya sabía que la Fiscalía le estaba investigando por hechos tributarios. Y ese es el núcleo de la querella. Sostenemos que la regularización no es correcta y, por tanto, existe delito”.
El fondo del asunto
“Aparte de argumentos jurídicos, hay argumentos políticos de peso en una sociedad democrática. Las actividades delictivas del jefe del Estado o del rey tienen que ser perseguidas e investigadas. No compartimos el criterio de la inviolabilidad. Pero cuando ya se ha perdido... hay una frase de Cicerón que dice que enriquecerse a costa de un cargo público no solamente es vergonzoso, sino que es impío contra la patria. No estimábamos que nuestra democracia podía soportar impasible ver cómo salía indemne de toda esa actividad delictiva. En el sistema de un Estado de derecho democrático los únicos que pueden absolver o condenar son los tribunales y por eso hemos puesto la querella. Para que sea un tribunal de justicia, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque está aforado, la que, si la admite, diga si es delito.
