La máquina de querellas de González Amador, el "ciudadano anónimo" que dispara contra Gobierno y prensa
El de Alberto González Amador fue durante mucho tiempo un nombre que apenas salía de los círculos del cotilleo político. Se sabía que era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. O que se dedicaba al sector sanitario. Pero poco más. El empresario sobrevivió a la exclusiva de la revista Lecturas. Y continuó en la sombra. Hasta que sus problemas con Hacienda terminaron colocándole bajo el foco político y mediático. Desde entonces, González Amador ha abandonado el anonimato. Y ha decidido defenderse atacando, con amenazas de querella para todo aquel que se refiera a él como "defraudador confeso" o similar.
El caso de la pareja de Díaz Ayuso se ha convertido en una prioridad para el Ejecutivo madrileño. Y buena prueba de ello es que se ha volcado desde el minuto uno en este asunto. Aunque hayan dicho que él tiene que defenderse solo, lo cierto es que desde la Puerta del Sol se han esforzado por intentar colocar el relato de una suerte de cacería política: "Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo". Una estrategia en la que ha jugado un papel clave el propio jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, quien no duda en referirse a él como un "brillante ejecutivo de empresa".
González Amador ha mantenido desde entonces un doble perfil a nivel judicial. Por un lado, defendiéndose de la querella interpuesta contra él por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. La Fiscalía le acusa, en concreto, de haber defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 recurriendo a facturas falsas y sociedades pantalla, una investigación que está por ver si se termina ampliando también a su relación con el grupo Quirón –la apertura de esa pieza separada está recurrida–. Y, por otro, lanzándose al ataque en los tribunales contra la Fiscalía y diferentes políticos o periodistas.
"Autor confeso de un fraude fiscal"
Los últimos que se han situado en el punto de mira de la máquina de querellas de González Amador han sido Xabier Fortes, Enric Juliana, Pablo Simón o Luis Arroyo. El pasado jueves, el primero, director de La Noche en 24 horas, recibió un burofax informándole de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias que se ampliaba a los otros tres tertulianos del programa. El motivo, que en el programa se refirieran a él como "autor confeso de un fraude fiscal". "Esta demanda tiene como objetivo limitar el derecho a la información y evitar que los medios cuenten determinados asuntos", ha criticado Juliana.
El uso de esta expresión se apoya sobre uno de los correos enviados por el abogado de González Amador a la Fiscalía antes de la interposición de la querella contra el empresario. "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert González [sic], les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la Agencia Tributaria", escribió el abogado de González Amador al Ministerio Público el 2 de febrero.
Aquel correo electrónico, de hecho, vio la luz en plena ofensiva propagandística de la Puerta del Sol para reforzar la idea de que todo respondía a una cacería política contra el empresario y, por extensión, contra la presidenta madrileña. El jefe de gabinete de Ayuso había conseguido colocar en algunos terminales mediáticos de la derecha que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador y luego lo había retirado por "órdenes de arriba". La publicación de aquel correo en algunos medios desmontó por completo el bulo. Pero, al mismo tiempo, puso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la diana.
La investigación por revelación de secretos que se sigue en el Tribunal Supremo contra el jefe del Ministerio Público, y que González Amador pretende extender a todo su equipo en la Fiscalía General del Estado, ha terminado por enterrar el caso que dio origen a todo y que se encuentra en estos momentos atascado a la espera de acuerdo entre las partes. El fraude fiscal ha quedado relegado a un segundo plano. Y González Amador está muy atento de todo aquel que lo saque a flote, con la máquina de querellas –y de titulares– perfectamente engrasada para disparar en cuanto considere que alguien se ha pasado de la raya.
Del Gobierno al PSOE y Más Madrid
Una ofensiva que se intensificó tras el verano y que, además de en periodistas, se ha centrado en miembros del Gobierno y dirigentes políticos de PSOE y Más Madrid. Todo empezó con la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que, tras no llegar a un acuerdo, ha demandado ante el Tribunal Supremo por intromisión ilegítima en su derecho al honor. Y continuó con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la de Ciencia, Diana Morant. No son, sin embargo, las únicas. A finales de octubre, el empresario dio también el primer paso para querellarse contra el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por llamarle "delincuente confeso".
También ha disparado contra Más Madrid y sus máximos exponentes en el Ayuntamiento de la capital y la Asamblea regional, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente. En el caso del partido y de la primera, el escrito de González Amador se centró en algunos mensajes publicados en la red social X. "¿Quién ha pagado el ático de Ayuso y su novio y a cambio de qué? ¿Por qué oculta Ayuso el nombre de su generoso mecenas? [...] Cada vez huele peor", resaltaba en el caso de Maestre. En cuanto a Bergerot, la demanda de conciliación, paso previo a la querella, se centraba en unas declaraciones en televisión y redes. "El novio de la presidenta es un delincuente, él mismo lo ha confesado", lanzó en X.
Los escritos de la pareja de Díaz Ayuso también se han dirigido contra el PSOE y diferentes cargos del partido: desde el recién nombrado secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, hasta el diputado José Zaragoza o la portavoz socialista en el consistorio de la capital, Reyes Maroto. En el caso de esta última, todo gira alrededor de unas declaraciones que hizo a los medios a finales de noviembre en las que aseguraba que "el único que de momento es un defraudador confeso" es la "pareja de la señora Ayuso".
La cantidad que amenaza con reclamar a todos ellos, si se incluyen los 5.000 euros que acaba de pedir por cabeza a periodistas y tertulianos de La Noche en 24 horas, supera los 380.000 euros. Una cifra que no se queda lejos de la que había pactado en su momento con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para cerrar el caso. Aquel acuerdo, que se vio frustrado por un escrito presentado por las acusaciones, contemplaba el pago de 491.000 euros y ocho meses de cárcel por dos delitos de fraude fiscal en concurso con dos de falsedad en documento mercantil.
Algunos juristas creen que la ofensiva del empresario puede tener recorrido. "Explorar un acuerdo de conformidad, ofreciendo el reconocimiento de un delito (incluso que lo reconozca su abogado en un correo con el fiscal sometido a secreto) no es ser un delincuente confeso. Lo será si llega a la conformidad y confiesa", sostenía recientemente en redes sociales el abogado penalista José María de Pablo.
Otros, sin embargo, consideran que todo esto tiene poco "recorrido". "Hay que diferenciar el lenguaje coloquial del técnico-jurídico. Cuando un jurista dice que una persona es un defraudador, necesitaría de una sentencia firme dictada por un tribunal. Pero en el ámbito de la información, cuando se habla de defraudador confeso, se están refiriendo a un hecho que es que González Amador ha reconocido ante la Fiscalía, como fue noticia, la comisión de dos delitos de defraudación tributaria, eso es sinónimo", resaltaba este martes en TVE el magistrado Ignacio González Vega a propósito del pleito con los periodistas y tertulianos. "Con esto lo que se pretende es el efecto desaliento entre el mundo de la información", sentenciaba.
