El TS abre dos causas a Alvise Pérez por financiación ilegal de su partido y el bulo del test de covid de Illa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto este viernes diligencias previas contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por la supuesta recepción de 100.000 euros procedente del criptoempresario Álvaro Romillo para su agrupación Se Acabó La Fiesta en el marco de los últimos comicios al Parlamento Europeo y por la difusión de una prueba de coronavirus falsa del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021, durante la campaña de las elecciones catalanas y en el marco de un debate electoral televisado.

Romillo, contra quien también se abre la primera causa y que está siendo investigado a su vez en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, fue quien denunció ante la Fiscalía al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación. El tribunal, que admite así la exposición razonada elevada por el Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional, también da el visto bueno a la personación del PSOE como acusación popular previa fianza de 15.000 euros.

La segunda causa abierta contra Alvise, en este caso por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias, se refiere a la difusión de una prueba de covid falsa del actual president catalán y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en plena pandemia. En su auto, considera que "son múltiples los indicios fundados" que aporta la exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, en apoyo de la imputación; y señala que basta para su exclusiva constatación los enumerados por el fiscal en su informe. Cita, entre otros, la falsedad del informe médico relativo a Illa publicado en la cuenta de Alvise en Twitter, acreditada mediante certificado remitido por el Hospital Quiron Salud Barcelona.

El Supremo, sin embargo, ha acordado no abrir causa contra el eurodiputado por un presunto delito de desórdenes públicos en relación con las protestas por la ley de Amnistía en noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Considera que de la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid “no resultan elementos necesarios y suficientes para determinar la instrucción de una causa penal por los hechos relacionados en la misma”. Añade que la exposición se limita a señalar que "existen indicios de culpabilidad que han provocado la admisión de la presente denuncia por entender que la persona identificada pudiera ser autora del hecho delictivo de desórdenes públicos", sin una mínima descripción de los hechos ni indicios que se atribuyen al aforado.