"Es una chapuza paliativa": las comunidades siguen 'tirando' de médicos sin MIR en primaria y urgencias
"El Ministerio no nos deja otra opción". Así fue como se justificó el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero. Tan sólo 24 horas antes de pronunciar esas palabras se había conocido que hasta 13 especialistas del Hospital de Barbastro estaban contratados sin tener el examen MIR aprobado para ello. En teoría, cuando un facultativo termina el Grado, debe aprobar el examen que le da una plaza como médico interno residente. Terminado ese periodo —que dura entre cuatro o cinco años—, podrá ejercer en la sanidad pública. Hasta entonces, nada. Su única opción es la privada; lo contrario es, como mínimo, "alegal", subrayan los expertos. Ahora bien, esa es sólo la teoría. En la práctica, la realidad es muy diferente. Y no sólo en Aragón.
Es, en cualquier caso, el ejemplo más extremo. La docena de médicos que pasan consulta en ese hospital sin ser todavía especialistas lo hacen como oftalmólogos, radiólogos o incluso como cardiólogos. Pero no es lo habitual. "Es verdad que estamos viendo que esto se está extendiendo a todo tipo de especialidades, pero lo más habitual, y pasa en prácticamente todas las autonomías, es que ocurra en las urgencias de los hospitales y en los servicios de atención primaria", afirma desde el otro lado del teléfono el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera. ¿Y por qué esas? Porque son, entre muchas comillas, las que requieren una menor especificidad de conocimiento, explica el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Polo.
Ahora bien, la segunda pregunta es clara: ¿por qué ocurre? Según aseguró Bancalero cuando explicó la situación de Barbastro, su Gobierno es "el primero en querer resolver este tema", pero si no lo hace es porque no puede. Su argumento está claro: lo hacen porque no hay médicos suficientes y es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que está detrás de ese problema. El argumento al que el PP lleva años echando mano y que, sin embargo, los profesionales han desmentido en no pocas ocasiones. En primer lugar porque los datos de la OCDE muestran que el nuestro es el sexto país del mundo en número de médicos y el segundo en número de facultades de Medicina. Y en segundo lugar porque las plazas de Formación Sanitaria Especializada, aunque llevan años creciendo, no están equiparadas al número de egresados en la carrera, por lo que se aboca a muchos graduados a dos únicos destinos: o sanidad privada o paro.
Aun así, es esa la razón que siguen esgrimiendo para continuar contratando a médicos sin MIR. Bancalero, sin ir más lejos, lo explicaba así: "Preferimos contratarles para asegurar la asistencia antes que dejar la vacante sin cubrir". La Junta de Castilla y León, donde también ocurre, alegó por su parte que "no hay disponibilidad [de médicos] en el mercado". "No es la situación ideal", añadió su consejero del ramo, Alejandro Vázquez, pero su "obligación" es "dar asistencia sanitaria". Así que lo hacen como pueden. Y no sólo con jóvenes que no han hecho o no han aprobado el examen, sino también con facultativos extracomunitarios. "Son de hecho los casos mayoritarios", continúa explicando Pedrera.
Una homologación acelerada
"Hay muchos profesionales que estudian en otros países en los que, sin embargo, no hay nada parecido a la Medicina Familiar y Comunitaria española. Muchos de ellos vienen sin un título homologado o equiparable pero, aun así, comienzan a trabajar en la atención primaria o en las urgencias de los hospitales", detalla Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Madrid, por ejemplo, es una de las autonomías que en este sentido ofrece más facilidades. Desde 2020 ni siquiera pide la nacionalidad para trabajar en su sistema público si se va a cubrir una plaza de difícil cobertura —es decir: de medicina de familia o pediatría— y esa medida, de hecho, ya ha sido copiada por Andalucía, donde este 2025 se permite, para paliar la "escasez de profesionales", que cualquier médico extracomunitario, aun sin nacionalidad, trabaje en el Servicio Andaluz de Salud.
El Ministerio es consciente de la situación, y por eso a finales de 2024 propuso agilizar los trámites para que se produjeran las homologaciones. Y dar seguridad a médicos y pacientes. El objetivo, explicaron ellos mismos, es "facilitar la incorporación de estos profesionales al Sistema Nacional de Salud (SNS) [...] agilizando el proceso actual, que se caracteriza por largos tiempos de espera y una excesiva burocracia". Según sus propios datos, en 2024 se reconocieron 54 títulos de especialista en medicina de familia de personas extracomunitarias. Este 2025, hasta el mes de febrero, han sido seis.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, indicó cuando se anunció ese plan que otro de los planteamientos sobre los que trabaja el Ministerio es permitir las contrataciones sin MIR, pero con una condición: que en la siguiente convocatoria del examen tengan que presentarse. En el Gobierno saben que la falta de especialistas y la cobertura de plazas con recién graduados o extracomunitarios no homologados es "un problema", pero "tampoco se puede pensar que simplemente diciendo que es ilegal se va a resolver". Hay que ir más allá.
El deterioro para los pacientes y la precariedad para los profesionales
Los expertos, en cualquier caso, prefieren utilizar otro término. Más que ilegal, señalan, se trata de modos de proceder alegales. Así al menos lo considera Pedrera. Y así prefiere denominarlo también David Andina, pediatra de urgencias un hospital público de la Comunidad de Madrid. "Yo no me atrevería a decir claramente que es ilegal, pero lo que sí tengo claro es que es estos procesos suponen un evidente deterioro de la sanidad pública, porque están ocupando plazas de especialidad personas que no lo son. Es un atajo para médicos jóvenes y extracomunitarios que no pasan por el filtro de saber si están o no capacitados para trabajar el Sistema Nacional de Salud", señala a infoLibre.
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Él tiene claro además que no es sólo eso, sino que se trata de una solución mucho más cara a largo plazo. "Tener a una persona no especialista en una consulta de atención primaria provoca que se prescriban más medicamentos, que se manden más pruebas y que se envíe mucho más al hospital. Y todo eso cuesta mucho más dinero a la sanidad", explica. Y en muchos casos, además, es innecesario para el paciente. "Es una chapuza paliativa que no acaba con el problema estructural de la atención primaria", resume Armenteros.
Porque además se condena a los profesionales en esta situación a una gran precariedad. Al no tener una plaza fija –explican todos los médicos consultados– se ven abocados a firmar contratos temporales. "Sin las mismas garantías, ni de jornada ni salariales, que tienen sus compañeros, sí, especialistas", lamenta Pedrera.
Todas los datos refuerzan en todo caso que la situación de la atención primaria no remonta. Según el último barómetro sanitario del CIS, un 23% de los pacientes que pidieron cita con su médicos de familia tuvo que esperar once días o más para poder acudir a consulta, una demora que en 2019, antes del covid, tan sólo sufría el 8,7%. La espera media para una cita en el centro de salud es hoy de 8,67 días, 3 días superior a la de 2019 (5,8), aunque algo inferior a la de 2023 (9,12).
