"No había otro camino": Ángel Hernández desvela cómo ayudó a su esposa a morir de forma digna

En 2022, cuatro años después, Ángel ya daba la historia por zanjada. Al menos, fuera de las paredes de su casa. Ya no quería ser reconocido. Ya no quería llamar la atención. Y ya no quería ser considerado símbolo de nada. Sin embargo, "un encuentro casual con una señora" cambió todo. Era julio y Ángel regresaba a la casa que tiene en El Campello (Alicante) cuando una mujer de más o menos su misma edad le paró en mitad de la calle para darle las gracias. Lo que no imaginaban en ese momento —ni ella ni él— es que esas palabras le marcarían tanto que le obligarían a sentarse a escribir. En sólo tres días consiguió componer toda su historia y, sobre todo, la de María José. Ángel Hernández ha querido compartir con infoLibre el documento, de más de 170 páginas, seis años después de haberse convertido en símbolo de una muerte digna que vio la luz apenas 24 meses después de que le suministrase el pentobarbital sódico a su mujer. En junio de 2021 fue cuando por fin pudo usar la chapa que había diseñado y en la que, sobre la fotografía de María José Carrasco, pudo imprimir su "¡Lo conseguimos!". Han pasado cuatro años desde entonces.

Pocas personas han podido leer las páginas que Ángel escribió aquellos calurosos días del verano de 2022. Sin embargo, las escribió con la idea de compartirlas, como una suerte de rendición de cuentas. De devolución de todas las "muestras de cariño" de quienes, como la mujer que le abordó en El Campello, "habían entendido" lo que hizo junto a su mujer. "Y que tenía que ver con intentar conseguir un nuevo derecho que sirviera a toda la sociedad". No sólo a sí mismos. "Fue una muestra de solidaridad para todas aquellas personas que esperaban" que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) viera la luz, explica Ángel en su escrito. Lo hicieron por todos aquellos "que necesitaban que se les ayudase a morir por padecer una enfermedad irreversible, provocándoles un gran sufrimiento", lamenta. El suyo comenzó treinta años antes de aquel 3 de abril de 2019. 

Era 1989 cuando María José Carrasco fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad crónica e irreversible de la que, además, sufría la variante más agresiva. La menos investigada. La menos tratada. En 1994, sólo cuatro años después, obtuvo el grado de discapacidad del 82%. En septiembre de 1996 tuvo que abandonar su puesto de trabajo. Y es ahí cuando ella "intenta poner fin a su vida" por primera vez. Pero no lo consiguió. "Creo que mereció la pena recuperarla", reflexiona ahora su viudo. "Pese a sus dificultades, con mi ayuda ha podido disfrutar en estos años de una vida relativamente satisfactoria", explica. Pero eso sí, cree que la pregunta es —y sobre todo era— oportuna. "¿Qué decisión tomaríamos si nos diagnosticaran una enfermedad degenerativa e irreversible? Probablemente actuaríamos adelantando nuestro final", lamenta. Al menos, de una manera suficientemente prematura como para no tener que hacerlo dependiendo de nadie. 

No fue su caso. Los años pasaron y en 2009 María José fue reconocida como "gran dependiente". Sin embargo, la solicitud de una residencia nunca avanzó y una década después todo cambió. Hasta 2018, recuerda Ángel, pudo tener una "vida relativamente aceptable". Dependía de él, pero no tenía dolor. Hasta que la enfermedad empezó a mostrar su peor cara aquel año. "Ya no quería morir por lo que me ocasionaba a mí al estar cuidándola, sino porque su vida empezaba a serle insoportable". Ni la morfina ni el fentanilo podían calmar el dolor. Así que ese mes de octubre llegó la petición oficial. "No quiero dormirme, quiero morirme", dijo en una entrevista en El País.

"Me pidió que la ayudara a morir"

Fue entonces cuando empezaron su batalla. Lo hicieron, además, en consonancia con lo que habían sido años atrás, "dos personas comprometidas en la lucha por la libertad y la democracia contra el franquismo". "Nuestra experiencia en esa lucha nos llevó a la conclusión de que teníamos que cambiar de estrategia, tenía que ser diferente a como se había planteado hasta ese momento [...]. Teníamos que poner todo nuestro empeño en que la clase dirigente progresista no hablara solo de la despenalización de la eutanasia, sino que se comprometieran en su aprobación con carácter prioritario, pretendiendo con ello el hacer más democrática la vida en este país. Teníamos esperanzas de que nuestra aportación sirviera para eso", explica.

Su intención no era otra que servir de palanca. "Intentamos con ese testimonio el hacer visible la situación de María José con la idea de que la derecha dejara de retener la LORE en la Mesa del Congreso", recuerda. Pero no sirvió de nada. Así que en ese momento ya lo tuvieron claro. "La única solución para acabar con su dolor y sufrimiento [...] no era otra que la de poner fin a eso, probablemente con mi ayuda", explica. Él ya sabía que sería imputado, un extremo que ella rechazaba pero que tuvo que aceptar con resignación. La convocatoria de elecciones para el 28 de abril y la posibilidad de una victoria de la derecha aceleró todo. Y el día 2 de abril, tras la visita a cuidados paliativos, ella dijo que había llegado el fin. "Me planteó que ya había llegado el momento de no alargar más ese sufrimiento doloroso, porque no podía ni quería tener de nuevo esos ataques de dolor. Me pidió que la ayudara a morir", recuerda Ángel.

Lo que ocurrió al día siguiente es de sobra conocido. A las 10.05 horas de la mañana, cuando los obreros que trabajaban cerca de su piso habían parado las máquinas para tomar un breve desayuno, María José bebió el pentobarbital sódico con el objetivo de la cámara apuntando la escena. Era necesario, insiste Ángel ahora. Había que mostrar "el dolor sin censura". "Fue necesaria nuestra disposición en mostrar el sufrimiento de María José, con un dolor indescriptible y paliativo que le calmara, para que se dieran cuenta que mantener a una persona así solo por una cuestión moral era aterrador para los que necesitaban esa ayuda", valora ahora. Pocos minutos después de beber el líquido, María José se durmió. Lo recuerda en su escrito con nitidez porque volvió a verlo "un tiempo después". Aunque hacerlo le produjo un "profundo dolor". Tanto, que tardó todo un día en ser capaz.

Cuando las cámaras se apagaron su ya viudo siguió con el plan tal y como lo habían diseñado: llamó a emergencias y a los medios de comunicación. Se preparó para su detención. Soportó una imputación por presunta violencia de género. Y en mitad del proceso celebró la aprobación de la ley por la que había peleado junto a su mujer durante tantos años. Y que consiguió su absolución. Pero no fue una victoria. Ni mucho menos. "Es complicado admitir que has ganado la batalla cuando en ella has perdido la razón de tu existencia", concluye ahora en su escrito.

¿Y los que han venido después?

Lo hicieron por ella y también por muchos otros nombres propios que Ángel no olvida. Pero sobre todo por los que llegarían después. Este mes de junio se cumplirán cuatro desde que entró en vigor la ley. Y es el propio viudo de María José el que lamenta que todavía existen trabas. Algunas peticiones son paralizadas, impedidas o retrasadas. Y lamentablemente no le sorprende. "Nada de lo que está ocurriendo escapa a lo que pensaba que iba a ocurrir. Se le ha quitado a una institución como a la iglesia ese poder que tenían sobre nuestro final de la vida, y eso es algo que le ha creado a su soberbia de poder un posicionamiento en contra de la LORE", señala a infoLibre.

Noelia, por ejemplo, no puede acceder a su derecho a morir dignamente hasta que haya una sentencia firme que le dé la razón frente a su padre, parapetado tras la organización ultra Abogados Cristianos. Y Antonino González murió en su cama, una noche, esperando que la solicitud para su eutanasia llegara al menos a registrarse. Ni el médico de cabecera, ni la neuróloga que le trataba su ELA —la misma enfermedad que soportó María José— ni la directora de la residencia en la que vivía le ayudaron, como recuerda desde el otro lado del teléfono Judit. "Me llamó la Comisión de Garantías y Evaluación para decirme que ya habían encontrado médico responsable cuando estaba en el cementerio", lamenta. No le dejaron morir acompañado. Ni como él quiso. Y todo porque, diagnostica ahora su hija, no consiguieron encontrar a alguien que supiera cómo funcionaba el trámite. O que como mínimo se interesara por intentar averiguarlo. "Hubo muchísimas personas implicadas y muchísimas pegas", critica.

Lo peor es que ni siquiera es una excepción. La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) realiza un seguimiento de la aplicación de la muerte digna en España tras su aprobación. Y lamenta que todavía hoy sigue habiendo trabas. Y que el principal problema es que ni siquiera hay información que permita un diagnóstico certero de qué es lo que ocurre y dónde pueden estar los posibles problemas.

De la falta de datos a la desigualdad

Las últimas cifras oficiales son las relativas a 2023 publicadas en noviembre de 2024 por el Ministerio de Sanidad. Según detalla, en esos doce meses se presentaron 766 solicitudes, de las cuales 334 terminaron con una prestación de ayuda para morir, es decir, el 43,6%. Ahora bien, según critica Javier Velasco, presidente de DMD, en esos números sólo se ven reflejadas las peticiones que ya han tenido una primera respuesta y no las que, como en el caso de Antonino, no habían pasado de la mera voluntad del paciente expresada a través de un primer formulario. Así que el dato resulta irreal.

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Por el contrario, y según enumera Velasco, las solicitudes denegadas alcanzaron el 24,5%, un porcentaje que ni siquiera se puede valorar porque no se acompaña de ninguna otra información. "Es imposible saber si ese porcentaje es positivo o negativo sin la posibilidad de ver los motivos por los cuales se deniegan las peticiones", explica el experto. Es ese el principal problema de la muerte digna cuatro años después. Que los informes que analizan su aplicación tienen datos que no recogen toda la realidad o que no van más allá de un simple número, complicando los análisis. "Sigue habiendo muchísimo trabajo a nivel metodológico y creemos que el Ministerio de Sanidad es consciente", subraya.

En cualquier caso, para Velasco el problema no está en el departamento de Mónica García, sino en la información que este recibe por parte de las autonomías. No hay todavía, denuncia, uniformidad en la recogida de estadísticas, por lo que ni siquiera se comparan los mismos valores. Pero es que además la información que ofrecen muestra una gran "falta de equidad en la aplicación de la ley". "Sigue habiendo una diferencia abismal entre las comunidades en las solicitudes y las prestaciones", señala Velasco. En concreto, mientras algunasregistran muchas más solicitudes asistidas, otras muestran todavía datos mucho menores. Cataluña se situó a la cabeza con 219, por delante de Madrid (89) y Canarias (62). En la otra cara de la moneda, Extremadura y Murcia, con dos solicitudes cada una, seguidas de La Rioja (4) y Cantabria (19).

Dar una respuesta es complicado. Para Velasco no es una cuestión del color del gobierno de turno, sino de los técnicos intermedios que deben decidir. Y ahí pone el foco en una figura: la del médico de familia. Es la atención primaria la que más solicitudes recibe y tramita, y su estado de saturación no acompaña. "Muchas veces objeta o dice que no quiere. Si se le pusieran facilidades, este primer paso sería más ágil", considera del presidente de DMD. Es, precisamente, lo que vivió Judit con Antonino. "El médico de cabecera de mi padre me dijo que era objetor y que tenía muchísimo trabajo. Desde el primer momento dejó claro que no se ocuparía", lamenta, desde el otro lado del teléfono. Como él, en 2023 hubo 190 personas que fallecieron esperando que su deseo se llevara a cabo. Desde 2021 han sido 374.