Firmados en Roma poco después del referéndum constitucional de 1978 –previa negociación entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano, con Pablo VI como pontífice– los acuerdos entre España y el Estado de la Santa Sede son los que hacen que la Iglesia católica mantenga todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos jurídicos, económicos y educativos. También regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos.
Estos acuerdos –que parten de la reforma, que no derogación, del Concordato nacionalcatólico de 1953– tienen naturaleza concordataria y, en consecuencia, son considerados un tratado internacional. Esto implica que el legislador español, al regular las cuestiones que recogen, debe respetar su contenido y no puede modificar lo establecido en su articulado.
Sin embargo, parte de las prerrogativas o de la situación preeminente de la que sigue gozando la Iglesia católica en España en la actualidad deriva del acatamiento a la interpretación que la jerarquía eclesiástica ha hecho de esos tratados, que en ocasiones va más allá del escrupuloso respeto a su literalidad. Al menos, así lo corroboran los expertos consultados por infoLibre para la elaboración de este reportaje. Conviene recordar, además, que los citados acuerdos han sobrevivido indemnes –salvo alguna excepción– al paso de gobiernos de uno y otro color. Y aunque la disputa religiosa vuelve de vez en cuando, los cambios de calado se siguen haciendo esperar.
El PSOE abrazó la laicidad como uno de los ejes de su programa para las elecciones de 20-D. Su programa electoral recogía la promesa de cambiar la Constitución para suprimir las menciones a la Iglesia y de denunciar los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Asimismo, aludía a la necesidad de buscar la autofinanciación de las organizaciones religiosas, así como de de eliminar su presencia en los centros educativos públicos. Las propuestas de Podemos era muy similares. En el pacto de Gobierno entre los socialistas y Ciudadanos se incluía la aprobación de una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia y una revisión de los acuerdos para "buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia católica".
Financiación
Punto angular de las prebendas de la jerarquía es la financiación de sus actividades pues, sean o no católicos, todos los contribuyentes sostienen con sus impuestos a una religión concreta a pesar de que, según la Constitución, España es un Estado "aconfesional". Además, tal y como recuerda Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra y experto en financiación de la Iglesia, su autofinanciación –a la que se aludía en los acuerdos entre el Gobierno de Suárez y la Santa Sede en 1979– no deja de ser una utopía.
En 2016, según se recoge en los Presupuestos Generales, el Estado entregará cada mes a la Iglesia católica 13,2 millones de euros (158,4 en total este año) a cuenta de la asignación tributaria mediante el IRPF. No obstante, la cantidad total que recibirá este año por esta asignación, que se complementa con la liquidación de lo recaudado el año anterior, será de alrededor de 250 millones. Esta cantidad sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Así, los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta el 100% de su cuota fiscal a Hacienda.
Cerca del 80% de esos 250 millones de euros los dedica la jerarquía a sostener su estructura, el culto y el clero. Ahí va incluido, por ejemplo, el pago de la seguridad social de sacerdotes y religiosos, la retribución de los obispos o el funcionamiento de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Esta semana, el diario El País publicó detalles de las cuentas de 2013, según las cuales la Iglesia católica incluyó en la partida de "actividades pastorales nacionales" una partida de seis millones de euros dedicada a financiar la cadena de televisión 13TV, campañas contra el aborto (162.522 euros) o beatificaciones (100.000 euros).
Fiscalidad
El catedrático Alejandro Torres señala que, desde un punto de vista histórico, lo que más llamó la atención durante años fue el hecho de que la Iglesia no estuviera sujeta al pago del IVA en las operaciones comerciales como consecuencia de una "aplicación extensiva" de los acuerdos. Este privilegio se resolvió en 2006 para cumplir con una airada exigencia de la UE, que llevaba tiempo reclamándolo porque suponía una vulneración de la normativa de armonización fiscal.
De hecho, la Comisión Europea inició un procedimiento para denunciarlo ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo antes de que llegara la respuesta de la Justicia. No obstante, esta modificación se produjo a cambio de un incremento del porcentaje del IRPF que pueden dedicar los ciudadanos de forma voluntaria a la Iglesia, que pasó del 0,52% al 0,7% actual. "La Iglesia pasó de recaudar 144 millones a 250", señala Torres.
Los obispos sí mantienen el descargo del IBI, algo que Torres considera "lógico" en el caso de los templos porque allí "se ejerce un derecho fundamental", pero no en las viviendas de los ministros de culto y los huertos y jardines de titularidad eclesiástica. Los autores y asociaciones laicistas, citados por Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea, calculan en entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia española pagaría al Estado si, como ha aprobado Italia, no estuviera exenta del IBI.
Por otro lado, pagar una entrada por acceder a visitar catedrales y basílicas españolas es casi la norma en España. Acceder a esas instalaciones tiene un precio y, si no se paga, no se entra. Sin embargo, estas transacciones no están sujetas a tributo alguno y en las localidades no suele constar la palabra precio ni el desglose del IVA. Estos ingresos permanecen ocultos a la Hacienda Pública –que no recauda nada por ellos– y a cualquier inspección por parte del Estado. En este sentido, Torres considera que sería oportuno abrir un debate "sereno" sobre si sería oportuno someter a un gravamen estas actividades "mercantiles y no religiosas" y que sí entrañan un lucro.
También la conservación del patrimonio trasciende a los acuerdos. Por ejemplo, sólo 510.261 euros de los 22,16 millones ya asignados para las obras de reforma de la catedral de Santiago proceden de aportaciones de fieles o mecenas. Aunque el cabildo lo justifica porque no se cobra entrada y asegura que la catedral aporta el 30% del PIB turístico de Galicia. El catedrático Alejandro Torres no es tan crítico con el hecho de que el Estado financie la conservación del ingente patrimonio arquitectónico eclesiástico porque trasciende al hecho religioso, si bien considera que quizá habría que plantearse si el Estado es "igual de generoso" con otras confesiones.
Educación
A lo largo de la historia democrática, los obispos también han intentado tomar la base de los acuerdos con la Santa Sede para imponer sus tesis en materia educativa. En este punto, la asignatura de Religión –y, de forma más concreta, su carácter evaluable y su materia alternativa fuerte– ha sido motivo de polémica. El Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales recoge que "los planes educativos (…) incluirán la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales". De este precepto se sirvió la jerarquía para reclamar al PP que la materia confesional contara para la media y para acceder a becas, una prerrogativa eliminada con la LOGSE en 1990, y a la que los conservadores dieron pábulo en la llamada ley Wert.
La escuela es un espacio cómodo para garantizar la influencia social y la evangelización. Los obispos lo saben y, por ello, no han escatimado en esfuerzos para, bajo gobiernos de uno y otro signo, mantener su poder en las aulas. Además de lo mencionado anteriormente, esta ley también blinda los conciertos a los centros que segregan por sexo, gestionados por entidades ultracatólicas, aunque estos tendrán justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. Y prevé que las autonomías tengan en cuenta la "demanda social" a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la escuela pública, y abre la puerta a la renovación automática de los conciertos.
Movimientos de base como Redes Cristianas también se muestran críticos con el papel de la religión confesional en las aulas. Uno de sus portavoces, el teólogo y sacerdote Evaristo Villar, considera que el catecismo debería estar fuera de los centros educativos financiados con fondos públicos. A su juicio, sí sería interesante implantar una asignatura en la que se estudiara el hecho religioso desde una perspectiva científica dentro de un modelo cultural-no confesional, tal y como se hace en países como Finlandia, Suecia o el Reino Unido. El contenido de esta materia debería estar determinado por las autoridades educativas y sus docentes deberían tener un estatus académico equivalente al del resto del profesorado, no como ocurre ahora, que son seleccionados por la Conferencia Episcopal.
Villar también se muestra muy crítico con los centros educativos ultracatólicos que segregan a los niños en las aulas en función de su sexo y que reciben fondos públicos para su mantenimiento. "Es una discriminación que va en contra de cuestiones fundamentales del mundo en el que vivimos, no tiene sentido alguno", señala.
Simbología religiosa
La congelación del proyecto de Ley de Libertad Religiosa por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aparcó también la posibilidad de regular de forma expresa el establecimiento de símbolos religiosos en instituciones públicas o la participación de autoridades en actos religiosos, como pueden ser las procesiones de Semana Santa. En este sentido, España sigue sin legislar, por ejemplo, sobre los crucifijos en las escuelas públicas que, aunque minoritarios, son los que más polémica han creado en los últimos años.
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Y tampoco lo ha hecho en el caso de los hospitales o los aeropuertos, donde la presencia de símbolos religiosos institucionales es "contraria al principio de laicidad" porque puede "propiciar la confusión entre los fines religiosos y los fines públicos o porque de su exhibición exclusiva pueda inferirse una cierta desigualdad respecto al resto de creencias o afectar a la sensibilidad de quienes no profesan ninguna", señala Fernando Amérigo, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y director del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense.
Por otro lado, la manera en que el hecho religioso está presente en determinadas ceremonias que tendrían que tener un carácter civil en el seno de un Estado aconfesional es otro de los signos de confesionalismo que de forma más clara perviven en la sociedad española. Por ejemplo, no resulta extraño ver a ministros jurando su cargo ante un ejemplar de la Constitución, un crucifijo y una Biblia. Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, recuerda que ni la simbología en instituciones públicas ni estas actuaciones de responsables públicos están avaladas por los acuerdos suscritos con la Santa Sede. A su juicio, responden más a una cuestión de "usos y costumbres" que debería regularse en base al principio de aconfesionalidad y mediante el respeto a la libertad religiosa y de conciencia.
Valero atribuye a una "falta de voluntad política" el hecho de que estos aspectos no se hayan regulado, especialmente por parte del PSOE, que ha sido el partido que los ha reivindicado cuando ha estado en la oposición, pero que ha sido incapaz de ponerles freno cuando ha estado en el Gobierno.
Firmados en Roma poco después del referéndum constitucional de 1978 –previa negociación entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano, con Pablo VI como pontífice– los acuerdos entre España y el Estado de la Santa Sede son los que hacen que la Iglesia católica mantenga todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos jurídicos, económicos y educativos. También regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos.