La figura que mejor define la realidad de la Iglesia católica en España es una flecha descendente. Se dispersa y se pierde buena parte del rebaño religioso, caen las vocaciones, cae la asistencia a misa, cae la administración de sacramentos... Pero también hay una flecha que apunta alto. Es más, cada vez más alto. Es la flecha que describe la evolución del dinero público, directamente salido del Estado, que recibe la institución católica.
Más dinero, superávit y envíos a Trece
La autofinanciación de la Iglesia ni está ni se la espera ni el Estado la exige, lo que supone un incumplimiento de los Acuerdos de 1976-1979 entre España y la Santa Sede. La institución recibió en el ejercicio de 2021, es decir, por las casillas marcadas en las declaraciones de la renta de la campaña de 2022, un total de 320,72 millones, su récord absoluto y un 8,57% más que en 2020, cuando percibió 295,4 millones, según los datos provisionales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que prevé publicar en mayo una memoria con los definitivos. El anterior récord estaba en los 301,2 millones de 2019.
Los últimos diez años dibujan una dinámica ascendente. Entre 2012 y 2021 los ingresos medios para la Iglesia salidos directamente de las arcas del Estado se situaron en 272,44 millones. Ahora bien, esta cantidad ha sido 43,3 millones más alta en el lustro 2017-2021 (294,09) que entre 2012 y 2016 (250,79). La flecha apunta hacia arriba.
Se trata de dinero público. En contra de la extendida creencia de que son los fieles los que pagan, no es dinero que los que marcan la casilla aporten de más ni que se les deje de devolver. El montante se calcula en función del número de casillas marcadas, pero se detrae del total recaudado. "Hacienda somos todos", como decía la campaña.
Los fondos que la Iglesia recibe por esta vía van mayoritariamente –cerca del 80% en 2020– destinados al funcionamiento de sus diócesis, o sea, al sueldo de su personal y sus cotizaciones. La CEE también acumula superávit gracias a este dinero. El saldo favorable del ejercicio de 2021 no se conocerá hasta que la CEE publique su memoria. En los cinco años anteriores el superávit ascendió a casi 84 millones, un remanente que permite a la jerarquía católica financiar con cantidades millonarias a la televisión Trece, una práctica cuestionada por el Tribunal de Cuentas. En cinco años un total de 36,3 millones de euros públicos entregados a la Iglesia acabaron en Trece.
De 1953 a 1976-1979 y a 2006
El dinero de la casilla de la Iglesia no es el único beneficio económico del que disfruta la Iglesia gracias al Estado. Hay capítulos aparte para las exenciones fiscales, los sueldos de capellanes que prestan servicio en dependencias públicas y de profesores de Religión –elegidos por los obispos, pagados por el Estado–, restauración de monumentos –aunque la Iglesia realice en ellos actividad económica lucrativa–... Quedan fuera también de la casilla otras ayudas públicas que no son al cuerpo diocesano de la institución, sino a entidades de la Iglesia, como subvenciones a ONG, conciertos con colegios y clínicas...
Es un rasgo histórico de la Iglesia en España: su capacidad para captar fondos del Estado, con el que mantiene una histórica alianza cuya última renovación tuvo lugar entre 1976 y 1979, con los acuerdos con la Santa Sede, reforma a su vez del Concordato de 1953. A principios del siglo XX, el escritor Vicente Blasco Ibáñez ponía estas palabras en boca del personaje de Don Martín, un cura menesteroso cabreado por el contraste entre su parca retribución y la abundancia de ingresos públicos de la Iglesia: "Mantenerse en correspondencia con Dios les cuesta a los españoles cinco veces más que aprender a leer. [...] Las peticiones y pensiones de la Iglesia forman una selva intrincada [...]. No hay ministerio adonde no lleguen sus raíces, su ramaje se extiende por todos los patios, corredores y tejados del edificio de la nación. [...] La Iglesia, hablando a todas horas de su pobreza, saca del Estado y del país más de 300 millones de pesetas todos los años".
Ahora son más de 300 millones de euros, no de pesetas, obtenidos en un año mediante la casilla de la Iglesia, una articulación legal que obtiene su legitimidad original en los Acuerdos del 76-79, al igual que otros múltiples privilegios de la Iglesia. Esta cantidad permite calibrar el éxito cosechado por la jerarquía católica en 2006, cuando José Luis Rodríguez Zapatero subió la asignación por cada equis del 0,5239% al 0,7%. El acuerdo era tan favorable a la Iglesia que provocó críticas no sólo de la izquierda, las confesiones minoritarias y los laicistas, sino incluso de colectivos eclesiales de base. El acuerdo –advertían– cegaba cualquier opción de autofinanciación. Y así ha sido.
Una flecha ascendente y muchas descendentes
La Iglesia vive una época de vacas gordas en cuanto a aportación económica desde la hucha civil mientras en el terreno en teoría propio, el religioso, se desangra, una caída para la que sólo tiene consuelo en su vigorización en el terreno educativo a través de la educación concertada y en su fuerte anclaje cultural a través de las tradiciones.
La Iglesia hace ya años que compensa en las aulas un retroceso en el púlpito observable en las propias memorias anuales de la CEE. Entre 2012 y 2020, el número de sacerdotes ha caído de 19.347 a 16.568, un 14,36%; el de catequistas, de 109.334 a 90.888, un 16,87%; el de misioneros, de 13.000 a 10.629, un 18,23%. En la Conferencia de Religiosos hay adscritos 408 institutos y sociedades de vida apostólica que agrupan a 35.507 religiosos y religiosas, lo que supone un retroceso del 38,73% con respecto a 2012, 57.952.
Hay un dato clave: más de la mitad de la caída total del periodo 2012-2020 en sacerdotes, religiosos y catequistas se produce entre 2016 y 2020, lo que apunta a una agudización de la tendencia. En ese mismo lustro ha bajado un 14,51% la cifra de seminaristas (de 1.247 a 1.066) y un 9,5% la de monjas y monjes de clausura (de 9.322 a 8.436). Desde 2013, el número de monjas y monjes de clausura ha bajado un 22,59%.
Está por ver cuáles son los datos de 2021, que la CEE publicará en mayo. infoLibre preguntó a la institución integrada por todos los obispos de España si había detectado algún cambio en la dinámica, sin respuesta. Si sigue la tendencia, seguirá la bajada.
Un sistema que no está previsto cambiar
Todos los contribuyentes –ateos, agnósticos, musulmanes, judíos o de cualquier otra religión, cristiana o no– sufragan el funcionamiento de la Iglesia católica. No sólo lo hacen los que marcan la casilla. Se trata de un sistema que parece tomar por cierta la frase que aún sigue impresa en el BOE en virtud el acuerdo entre España y la Santa Sede: "La mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica". Europa Laica a menudo denuncia que, aunque tal cosa fuera cierta, los que no la profesan no deberían financiar la religión de los que sí. Pero es que, además, es dudoso que aún pueda mantenerse con todas las letras esa afirmación.
Más bien, la realidad de España se acerca hoy a la resonante frase de Manuel Azaña en las Cortes: "España ha dejado de ser católica". Sí, quizás era precipitada en 1931. Desde luego dejó de ser cierta durante el régimen de Franco, resultado de una "cruzada" bendecida por la jerarquía católica que tomó cuerpo en una dictadura que impuso el "nacionalcatolicismo", con el Concordato de 1953 como acta fundacional. Ahora bien, hoy la frase de Azaña sí tiene bastantes visos de verdad.
El CIS, al menos, apunta en esa dirección. En su último barómetro sólo un 18,5% de los españoles se definen como católicos practicantes, porcentaje que sube hasta el 37,5% entre quienes se definen como católicos no practicantes. Entre ambos epígrafes todavía superan el 50%. Ahora bien, queda por debajo del 50% entre los adultos menores de 25 años (9,1%+25,3%), de 25 a 34 (8,1%+28,6%) y de 35 a 44 (11,2%+37,9%). El avance de la secularización aboca al catolicismo a una condición minoritaria dentro del total de la sociedad española, lo que aumenta el margen para cuestionar el sistema de casilla de la Iglesia.
Un síntoma claro de secularización es el retroceso de ritos y sacramentos. Entre 2012 y 2019 –los datos de 2020 no son representativos, por la pandemia– los asistentes regulares a misa bajaron de "más de 10 millones" a 9, y eso dando por bueno lo recogido en las memorias de la CEE. Las bodas cayeron un 41,68% (de 62.847 a 36.650). Los matrimonios son un indicador fiable del grado de secularización, porque constituyen una práctica vinculada a lo que se podría llamar "religiosidad cultural". El paso por el altar suele marcar no sólo una adhesión –o al menos un no rechazo– a la Iglesia, sino también una voluntad de criar a los hijos con una cierta vinculación con la institución y su campo de valores. La boda católica está arrinconada. En 2020 casi 9 de cada diez enlaces fueron civiles.
En cuanto a las comuniones, entre 2012 y 2019 cayeron un 16,62% (de 245.427 a 204.618); los bautizos, un 34,58% (de 268.810 a 175.844), según las memorias de la CEE. La buena noticia para la Iglesia es que subieron las confirmaciones, concretamente un 12,89%: de 110.065 a 124.258.
La pandemia ha acelerado la pérdida de religiosidad en la sociedad española, agudizando tendencias preexistentes, como puso de relieve el último informe La laicidad en cifras, de la Fundació Ferrer i Guardià.
Un sistema sin reforma en el horizonte
Toda esta sangría se ha producido en paralelo al ascenso de los ingresos públicos, que entre 2012 y 2021 sólo han tenido dos años de bajada y ahora acumulan seis seguidos de subidas. El alza entre 2012 (248,52 millones) y 2021 (320,72) ha sido del 29,05%.
Esta inyección anual de dinero público a la Iglesia tiene origen en los Acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979 y definición concreta en el "Canje de Notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores", por el que el Gobierno de Zapatero subía la asignación por cada equis al 0,7%. ¿Está en cuestión ese modelo? No lo parece.
El Gobierno no tiene la menor intención de derogar los Acuerdos, una pretensión que entra y sale del discurso del PSOE y que en su momento hizo suya Pedro Sánchez. Ahora el PSOE prevé una simple "revisión" en "consenso" con la Iglesia que en cualquier caso no será en esta legislatura. En cuanto al modelo concreto para la asignación de recursos vía IRPF, el programa del PSOE para las elecciones de 2016 señalaba que "no es aceptable". Carmen Calvo afirmó en 2020, siendo vicepresidenta, que habría que hacer una "reflexión" sobre el tema. Pero desde entonces no ha habido ningún movimiento que indique que este modelo está en cuestión.
La costosa factura de los tratos con el Vaticano: la Iglesia acumula más de 40 años de favores presidenciales
El Ministerio de Presidencia, con Félix Bolaños al frente, y la Conferencia Episcopal, presidida por Juan José Omella, mantienen abierta una mesa de negociación con tres subcomisiones: inmatriculaciones, fiscalidad y Obra Pía de los Santos Lugares. infoLibre preguntó a ambas partes por el curso de las negociaciones. La CEE no respondió. En cuanto a Presidencia, la contestación fue que el diálogo es "continuo" y que el departamento "trabaja siempre para alcanzar acuerdos con la CEE, incluyendo las tres comisiones de trabajo". Sobre la posibilidad de cambiar el modelo de casilla de la Iglesia, no hubo respuesta concreta.
Juanjo Picó, presidente de Europa Laica, descarta cualquier novedad en ese terreno. "El Gobierno está cerrado a tocar eso. La tendencia a la autofinanciación es nula y nadie hace nada para que eso cambie", señala Picó, partidario de que desaparezca la casilla de la Iglesia del formulario del IRPF y de que la institución se financie con cargo a sus propios fieles.
Las –escasas– expectativas de reforma de la relación Iglesia-Estado que aún alberga Picó para esta legislatura se concentran en la fiscalidad, donde ve posible algún retoque que elimine exenciones en el caso de inmuebles donde la Iglesia realiza aprovechamiento económico. A su juicio, cualquier cambio será en todo caso superficial y obligado, ya que la Unión Europea está vigilante por si algunas exenciones constituyen "ayudas de Estado" contrarias a la normativa comunitaria sobre mercado.
La figura que mejor define la realidad de la Iglesia católica en España es una flecha descendente. Se dispersa y se pierde buena parte del rebaño religioso, caen las vocaciones, cae la asistencia a misa, cae la administración de sacramentos... Pero también hay una flecha que apunta alto. Es más, cada vez más alto. Es la flecha que describe la evolución del dinero público, directamente salido del Estado, que recibe la institución católica.