Una querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias ha generado un terremoto político en Españas cuyas consecuencias son aún inciertas, ya que podría acabar con la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El socialista se ha dado unos días para reflexionar después de que el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abriera diligencias de investigación secretas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, basándose en una denuncia de la organización ultra que –en siete folios y grandes caracteres para llenar los espacios en blanco– la acusa de tráfico de influencias y de corrupción.
En su misiva a la ciudadanía, Sánchez lamenta la cacería contra su esposa por un supuesto tráfico de influencias por el rescate de Air Europa y un intento de relacionarla con la trama de Koldo García. Todo auspiciado por la derecha. "Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa". Y pone nombres y apellidos a esos intentos: "Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó 'la máquina del fango'. Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas".
La carta de Sánchez, que pilló por sorpresa hasta a sus colaboradores más cercanos, generó rápidamente una oleada de solidaridad por parte de dirigentes de su partido pero también de otras formaciones de izquierdas como Podemos, Sumar, Esquerra, EH Bildu o Compromís. Con todo, algunos de ellos también le recordaron al presidente del Gobierno que, en su momento, ya advirtieron de las consecuencias del lawfare, es decir, la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución, desacreditación o destrucción de un adversario político.
Manos Limpias también fue a por Iglesias y Errejón: "Debería de haber líneas rojas"
"Hemos llegado hasta aquí porque cuando la ofensiva reaccionaria empezó contra el Gobierno, se guardó silencio y se decía que hacíamos ruido cuando denunciábamos el lawfare", asegura la exministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, a infoLibre. "Se nos ha llenado la democracia de jueces que encarcelan titiriteros, raperos, manifestantes, huelguistas o artistas. Y que han intentado hacerlo desde hace diez años con Podemos", valora, por su parte, el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero. Y añade: "Siempre que aparece algún defecto de nuestra democracia, aparece la transición. Jueces, policías, políticos, reyes que se acostaron franquistas amanecieron demócratas".
El propio Manos Limpias también denunció al actual portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y en su momento dirigente de Podemos, por delitos de estafa y contra la seguridad social en relación con su contrato como investigador en la Universidad de Málaga y también, junto a Pablo Iglesias, por el Informe PISA. Ambas fueron archivadas pero sirvieron para engrosar muchos titulares. "Por desgracia, algunos sabemos lo que es el sindicato ultraderechista Manos Limpias y cómo actúa. En política sabes que vas a recibir ataques, pero también debería de haber líneas rojas y hace años que algunos se las han saltado", asegura Errejón, que confiesa que "se pasa mal y se sufre" porque afecta a sus seres queridos: "Esto es parte del daño que buscan", subraya.
Al igual que le sucedió a la magistrada Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que se vio obligada a dimitir tras la denuncia del exministro José Manuel Soria presunto caso de prevaricación y cohecho. Un caso de lawfare de libro que se acabó destapando. En una entrevista reciente con infoLibre, Rosell confesaba que también utilizaron a su familia: "Si no pueden acabar contigo porque eres una persona íntegra, van a por tu familia. Y entonces te lo piensas. Te lo reconozco, entonces sí que flaqueas", aseguraba. Todo ello ocurrió antes de que Sánchez llegara a la Moncloa, pero con él al frente del Ejecutivo su izquierda ha sufrido ese tipo de ataques.
Neurona, la falsa 'caja B' de Podemos
En estos últimos seis años los tribunales se han utilizado como campos de batalla política. Pasó con el llamado caso Neurona. La derecha mediática y política no dudó en venderlo como el gran caso de corrupción, la “Gürtel de Podemos”. En periódicos y tertulias se habló de manera profusa de una supuesta caja B, de sobrecostes en la reforma de la sede del partido, de financiación irregular, de facturas falsas, de comisiones, de sobresueldos y hasta de quién cuidaba a los hijos de la exministra de Igualdad Irene Montero. Y el PP, por supuesto, no dudaba en utilizarlo en la pugna política. "En Neurona hay mucho que afecta a la corrupción de Podemos", decía a comienzos de 2021 la entonces portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.
Montero todavía recuerda la reacción de Sánchez a ese caso, cuando dijo que 'confiaba en la acción de la justicia' y que no 'comentaba casos en curso'. "Tristemente, no solo no se lo tomaron en serio sino que muchas veces miraron para otro lado, pensaron que si nos golpeaban a nosotros eso les podía beneficiar a ellos electoralmente, muchas veces no nos defendieron y llegaron a cuestionar que nosotras sí denunciásemos la guerra judicial y mediática", lamenta la candidata de la formación morada a las elecciones europeas.
El procedimiento de Neurona arrancó en el Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid tras una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente. A pesar de que parte de su declaración ante el juez José Manuel Escalonilla se sostenía sobre rumores o sospechas, esta acabó derivando en una decena de líneas de investigación. Una macrocausa que ha perseguido a la formación morada durante prácticamente toda la pasada legislatura. Y a la que se le acabó dando carpetazo en diciembre del pasado año al no apreciarse indicios de delito en la última rama del procedimiento que aún quedaba viva.
Para Montero lo que la izquierda debe hacer en este tipo de casos es "nunca ponerse de perfil," ni "mirar para otro lado, guardar silencio cómplice o ceder ante las ofensivas reaccionarias pensando que si cedes te van a perdonar": "A ver si aprendemos de una vez a no volver a decir 'algo habrá hecho' o 'esperemos a ver qué dicen los jueces' cuando a una compañera le abren un proceso judicial falso", resume. "El lawfare es una cuestión política aunque ataquen a personas concretas. A los reaccionarios se les para avanzando en derechos", zanja.
El caso Oltra y el "ecosistema mediático"
Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país". Con esas palabras la exvicepresidenta del Govern valenciano y una de las caras más visibles de Compromís, Mónica Oltra, se despedía de la política institucional en junio de 2022, tras ser imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Tras cinco días de presiones, Oltra dejaba todos sus cargos "con la cabeza bien alta y con los dientes apretados": "Que nadie se pregunte dentro de veinte años o dentro de veinte meses que cojones pasó en este país", sentenciaba casi entre lágrimas.
No han sido veinte, sino veintidós meses después cuando el el magistrado Vicente Ríos ha dado recientemente carpetazo al asunto al entender que los indicios que fundamentaron las imputaciones "se han desvanecido por completo". Sin embargo, en su momento, la propia Oltra se vio forzada a dimitir por las presiones que llegaron por todos los frentes. Por parte de la derecha, de su socio de Gobierno —el PSPV— y también desde su propia formación. Detrás de aquellos multitudinarios silencios se escondía la creencia casi unánime de que lo mejor que podía hacer era dimitir —así lo decidió la Ejecutiva de Compromís— y mejor cuanto antes. "Se ha generado un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión", lamentaba entonces la dirigente valenciana, que todavía no se ha pronunciado sobre si volverá a la política.
Para el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, la clave para evitar casos como el de Oltra se sustenta en dos patas: cambiar el poder judicial y tener presencia en todas las tertulias. A su juicio, se deben "dignificar dos poderes absolutamente fagocitados por la derecha en este país" como son el judicial y el mediático: "No para que entre gente de izquierdas o de derechas, sino para que entre gente decente". Bajando al detalle, aboga por ayudar o becar la carrera judicial ya que "el 90% de la familias de este país no pueden permitirse cuatro años de estudios-oposición de ese calibre" y "potenciar el periodismo y no el servilismo" con un "servicio in situ de fact check en las tertulias indicando quién mienta en datos o afirmaciones".
Monedero, al igual que Rufián, también cree que se debería "facilitar y democratizar los estudios de judicatura" y añade que se deberían "incorporar enseñanzas de feminismo, ecologismo, derechos humanos". Además, considera que el PSOE debería haber reformado el Consejo General del Poder Judicial "buscando una mayoría simple para evitar el veto del PP pero reforzada con, al menos, cinco grupos parlamentarios".
Colau y el fondo de inversión
El Gobierno local de Ada Colau llegó a acumular durante su mandato cerca de una veintena de querellas y denuncias de fondos, empresas, hoteles o rivales políticos. Quince de ellas ya han sido archivadas. A dos meses de las elecciones, Colau tuvo que ir a declarar en medio de un enorme revuelo mediático. Todo por una ofensiva judicial que el fondo emprendió, según la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, "simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda" que la exalcaldesa de Barcelona “propició durante su mandato”.
Por qué Begoña Gómez es el objetivo de la derecha para tumbar a Sánchez
Este frente judicial tenía como epicentro el Bloc Llavors, propiedad de Vauras Investments. El ayuntamiento abrió un proceso sancionador contra el fondo por incumplir la normativa catalana de vivienda. Y éste último interpuso una querella contra los dirigentes políticos. La jueza la inadmitió por falta de indicios. Pero la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona corrigió esta decisión y ordenó abrir causa por coacciones y prevaricación administrativa.
Errejón también recuerda que, casos como el del gobierno municipal de Barcelona en Comú, al igual que el de Mónica Oltra o los que han sufrido Iglesias y Montero, plantean un debate de fondo sobre la democracia. "Aquí lo que está en juego es una pregunta sobre la democracia española. ¿Tiene la izquierda derecho a gobernar en España o cuando gobierna la izquierda en España todo vale para que se haga el clima irrespirable y la gente ya no pueda más?", lanza.
Montero se muestra convencida de que quienes realizan la guerra judicial y mediática buscan "que te canses y que no te merezca la pena": "Es evidente que nos van a hacer pagar un alto coste político por transformar, ojalá el presidente, que ahora empieza a sufrir el lawfare en primera persona, nunca llegue a pasar por lo que hemos pasado nosotros", asegura. Así, confiesa que ella se ha rodeado de compañeras que le han transmitido el mensaje de que "no estaba sola".
Una querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias ha generado un terremoto político en Españas cuyas consecuencias son aún inciertas, ya que podría acabar con la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El socialista se ha dado unos días para reflexionar después de que el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abriera diligencias de investigación secretas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, basándose en una denuncia de la organización ultra que –en siete folios y grandes caracteres para llenar los espacios en blanco– la acusa de tráfico de influencias y de corrupción.