Las rebajas de condenas a agresores sexuales tras la aplicación de ley de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí) no “son resquicios imputables al Gobierno ni a la ministra de Igualdad”, sino a los propios jueces que han dictado la sentencia. Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en una comparecencia en la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una afirmación respaldada por la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha recalcado que "el machismo puede hacer que apliquen erróneamente la ley". Esta postura ha provocado un choque frontal con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a través de un comunicado ha expresado su "más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos" por el equipo de Montero.
Rosell ha admitido que la ley “no pretendía” esta rebaja y ha culpado a los jueces por llevar a cabo una interpretación errónea. En ese sentido, ha añadido que cualquier cambio que se pueda introducir no serviría para corregir las revisiones que ya se han dictado, ya que una revisión solo es posible si acarrea beneficios para el reo. Con todo, Rosell ha asegurado que al Ministerio de Igualdad le preocupa “enormemente” lo que está sucediendo y les “reafirma en el diagnóstico que realizó la ONU” y que requería una formación específica en violencia de género para jueces y juezas.
Rosell confía en que los tribunales se reúnan para “unificar criterios" y espera que "no se aparten, por seguridad jurídica, de la jurisprudencia del Supremo y del Código Penal". A su juicio, lo que está sucediendo es “inédito” en la historia penal de nuestro país: “Nadie pudo prever que se revisaran las leyes sin rebajar los máximos", ha insistido.
Confrontación con el CGPJ
La Comisión Permanente del CGPJ ha emitido este miércoles un comunicado en el que expresa "su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos" por las revisiones de pena. Lo que el órgano de poder de los jueces califica como un ataque, se "contrapone con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual", abunda el escrito. "Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección", ha añadido.
Además, ha recordado que en el informe del CGPJ sobre esta ley ya se advertía de que el nuevo "cuadro penológico" suponía "una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que 'la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente'".
La presidenta de Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, se ha pronunciado en el mismo sentido a través de otro comunicado. "Los integrantes de la Carrera Judicial tienen una sólida formación en materia de violencia de género y de perspectiva de género, áreas sobre las que reciben una formación específica", ha recordado.
El servicio de formación del CGPJ, añade, imparte cursos sobre violencia de género obligatorios para todos aquellos integrantes de la Carrera Judicial a los que por concurso ordinario les sea adjudicada una plaza en un juzgado de violencia sobre la mujer, un juzgado de lo penal especializado o una plaza en una sección especializada de una Audiencia Provincial. Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces imparte cursos sobre perspectiva de género, obligatorios para los magistrados que quieran examinarse de cualquiera de las especialidades.
Desde 2019, año en el que se estableció por ley la obligatoriedad de realizar el curso sobre perspectiva de género para acceder a la especialidad, han recibido esta formación un total de 1.467 jueces y juezas. En cuanto a los cursos de violencia de género, lo han realizado un total de 307 magistrados y magistradas.
Ángela Rodríguez: "Son tan responsables de esta ley como lo es el Gobierno"
La rebaja de penas por abuso y agresión sexual reabre el debate en el Gobierno sobre la ley del 'solo sí es sí'
La número dos de Igualdad, Ángela Rodríguez ha intervenido en la misma comisión que Rosell. Ante las críticas de los diferentes grupos, la secretaria de Estado de Igualdad ha afirmado que el resto de formaciones “son tan responsables de esta ley como lo es el Gobierno” ya que "ninguna de las enmiendas" presentadas a la ley en el Congreso o Senado iban en este sentido y ha lamentado que “siempre se apunte a Igualdad”: “Sus argumentos son hasta cutres”, ha señalado, en referencia a Vox y el Partido Popular.
Rodríguez cree que esta actitud es la misma que permite que un juez hable de "jolgorio" en la violación de La Manada, que no vea "una situación de superioridad o de vulnerabilidad" en un intento de violación de un padrastro a su hijastra menor, o la condena de "dos años y un cursito" a dos policías por violación. “Acabamos de lanzar un mensaje muy claro: el consentimiento sexual en el centro del Código Penal. Los jueces no comparten esta visión”, ha lamentado.
A su juicio, “da igual lo que se cambie el Código Penal” que “hasta que no haya formación específica” en materia de género “vamos a tener el mismo problema” de “machismo y misoginia” en la judicatura: "¿Alguien pensaba que por aprobar una reforma del Código Penal se iba a acabar la justicia patriarcal? No somos tan ingenuas", ha zanjado.
Las rebajas de condenas a agresores sexuales tras la aplicación de ley de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí) no “son resquicios imputables al Gobierno ni a la ministra de Igualdad”, sino a los propios jueces que han dictado la sentencia. Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en una comparecencia en la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una afirmación respaldada por la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha recalcado que "el machismo puede hacer que apliquen erróneamente la ley". Esta postura ha provocado un choque frontal con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a través de un comunicado ha expresado su "más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos" por el equipo de Montero.