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El Ministerio de Igualdad afirma que la Ley Trans, actualmente en tramitación en el seno del Gobierno, “viene a erradicar” situaciones como la catalogación de la transexualidad como una enfermedad en un documento del Ministerio de Sanidad publicado por infoLibre [ver aquí]. Al mismo tiempo, la federación Plataforma Trans y las organizaciones Euforia Familias Trans-Aliadas y Chrysallis reclaman su rectificación o retirada. Así son algunas de las reacciones recabadas del ámbito asociativo: “Es incongruente”. “Puede hacer mucho daño”. “Puede ser humillante”.
“La Ley Trans viene a erradicar este tipo de políticas en el ámbito de la salud que continúan tratando a las personas trans como enfermas a pesar de lo marcado por la OMS. España debe equipararse al avance en derechos al resto de Europa, según lo establecido por los distintos organismos a nivel regional e internacional”, señalan fuentes de Igualdad, departamento dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), cuya norma ha ocasionado roces en el seno del propio Ejecutivo, con críticas de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Sanidad, departamento dirigido por Carolina Darias (PSOE), continúa sin responder a las preguntas planteadas desde el lunes por este periódico para conocer detalles y explicaciones sobre el documento, fruto de un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud de 2007.
El documento de Sanidad supone abordar la transexualidad desde una “perspectiva patológica”, afirma Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, federación que a raíz de la publicación de la información publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter.
“A lo largo de los años hemos avanzado en la atención a las personas trans. En 2018 la Organización Mundial de la Salud deja de considerar la transexualidad una enfermedad. Todo ello exige, se quiera o no, un nuevo discurso escrito y hablado, y por supuesto un nuevo modelo de atención. Además, existen ya buenas prácticas en muchas comunidades autónomas, como Andalucía, que fue pionera”, explica Cambrollé, que lamenta la “incongruencia” de mantener vigente ese acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud “a las puertas de un gran cambio legal que aborda salud, educación, deporte, inclusión, y que supone un avance hacia la despatologización”.
“Las identidades trans son una expresión más de la diversidad humana. Es no sólo injusto, sino incoherente seguir tratando a las personas trans como enfermas, como lo sería mantener manuales didácticos que digan que la homosexualidad se cura”, añade la presidenta de la Plataforma Trans.
“No es inocuo. Documentos así pueden hacer mucho daño”, afirma Natalia Aventín, presidenta de la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas, que reclama su rectificación. “En ocasiones nos encontramos con profesionales con prejuicios que se agarran a documentos así para no atenderte, diciendo que hay unas unidades de referencia que en realidad no son obligatorias, y que entran a invadir competencias autonómicas”, afirma Aventín, para quien no tiene sentido que, en paralelo a las leyes autonómicas que garantizan atención sanitaria “sin segregación” para las personas trans que la necesitan, haya aún espacios donde sobreviven los viejos esquemas que resultan “patologizadores”. “La ley [en referencia a la Ley Trans] también está para retirar estas reminiscencias del pasado, a las que se agarran quienes trabajan desde los prejuicios”, explica.
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Javier Maldonado, asesor legal de la asociación de familias de menores trans Chrysallis, afirma: “El documento es una rémora del pasado, de una concepción que por fortuna va quedando en el olvido”. A su juicio, el listado del ministerio no puede eclipsar los avances realizados, por ejemplo con la legislación autonómica, pero estos avances tampoco deben hacer olvidar el camino que queda por recorrer. “A Sanidad le pedimos que actualice la forma en que se aborda la necesidad de algunas personas trans, no todas, de recibir tratamientos. No puede haber una visión patologizadora. La transexualidad no es una enfermedad, como el embarazo tampoco lo es. Pero la embarazada necesita atención médica, igual que la persona transexual”, explica.
Maldonado afirma que la necesidad de atención sanitaria a las personas trans –“no todas la necesitan”, insiste– viene dada en muchos casos por “mensajes unívocos de una sociedad que solamente contempla unas determinadas formas, con un mirada social terrible de las personas trans, que no coinciden en su aspecto con los estereotipos imperantes”. Añade que encontrar mensajes como estos con consideración oficial puede resultar “humillante” para una persona trans. “Es una visión desfasada. La transexualidad no es una enfermedad y no necesita tratamiento, aunque lógicamente haya personas trans que sí necesitan atención sanitaria”, afirma. El documento recoge “una idea ya superada por la OMS”, agrega.
Chrysallis no sólo reclama la retirada del documento, sino que solicita al Gobierno la modificación del real decreto de 2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, “dejando clara la despatologización de la transexualidad y añadiendo en el anexo 3 la atención a las personas transexuales e intersexuales”, incluyendo tratamiento hormonal, proceso quirúrgico genital, material protésico y tratamientos para la voz, entre otras actuaciones.
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