El papel de Acciona en el ‘caso Cerdán’ pone en el foco la opacidad de los contratos de la Administración pública

Que un ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su mano derecha, Koldo García, y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, hayan podido decidir durante años contratos que dependen del Gobierno con una empresa del tamaño de Acciona a cambio de comisiones, como evidencia el informe de la UCO hecho público este jueves, es la mejor prueba de que el modelo de contratación pública en España está lejos de garantizar la limpieza de los concursos de obras y adjudicaciones que dependen del dinero público.

Cualquiera que haya intentado seguir el rastro del dinero, en particular las adjudicaciones de mayor cuantía, que tienen que ver sobre todo con obra pública, sabe de las dificultades que conlleva. Y de la falta de transparencia de la Administración a la hora de suministrar datos básicos sobre procedimientos, cuantías y beneficiarios, de manera accesible y completa. El funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es un buen ejemplo de ello, con un sistema de búsquedas extremadamente limitado, del que es imposible extraer una lista de empresas que tengan prohibido contratar con el sector público al pesar sobre ellas condenas de corrupción. No hablemos ya de saber con detalle en qué se ha gastado el dinero público, durante qué períodos de tiempo o a través de qué subcontratas.

Porque la ley establece límites que después es muy difícil comprobar, como prohibir contratar con el sector público a las personas físicas o jurídicas con condenas penales firmes por delitos como terrorismo, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo, malversación, tráfico de influencias o fraude fiscal o a la Seguridad Social, entre otros. Pero también si cometen infracciones graves en materias como disciplina de mercado, competencia, medioambiente y una larga lista de asuntos relacionados con el incumplimiento de condiciones esenciales, falseamiento o si sus administradores, familiares o personas vinculadas están incursos en incompatibilidades.

Para evitar que cualquier empresa o persona que no pueda contratar con el sector público lo haga de manera indirecta, la prohibición se extiende además a empresas que se consideren "continuadoras o sucesoras" de las inhabilitadas. Eso incluye filiales, empresas pantalla o sociedades sucesoras.

Pero para negarle la contratación hay que demostrar que la empresa en cuestión se constituyó o se utiliza con la finalidad de eludir la inhabilitación. No se presume automáticamente: hay que acreditar que existe un vínculo funcional o societario directo o indirecto, y que hay una intención o finalidad de eludir la prohibición.

Impedir el fraude de ley es aún más difícil si la empresa sujeta a prohibición utiliza una compañía ya existente. Únicamente se le puede prohibir también la contratación si se demuestra que se ha cambiado su finalidad "de forma sospechosa tras la inhabilitación" o si tiene una "unidad económica real".

Pero si una constructora, por ejemplo, está inhabilitada para contratar con el sector público, sobre el papel nada le impide seguir haciéndolo con otras sociedades bajo su control que ya se dedicasen a la misma actividad y contratasen con las administraciones públicas.

La reacción de Acciona

Protegida por la opacidad del sistema, la primera reacción de Acciona ha sido defensiva y en apariencia muy parecida a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Negar todo conocimiento, lamentar lo ocurrido e intentar establecer un cordón sanitario situando en el punto de mira al único directivo de la compañía citado, de momento, por los investigadores de la Guardia Civil.

El gigante empresarial expresó el mismo jueves su "total desconocimiento, sorpresa y preocupación" por las conclusiones de la UCO, que señalan a Acciona Construcción, una de sus filiales más importantes, como el pagador de las comisiones ilegales más sustanciosas que habrían estado recibiendo durante años los supuestamente principales implicados en el caso Koldo.

La Guardia Civil apunta expresamente a Fernando Agustín Merino Vera, director del Departamento de Navarra y La Rioja de la constructora, y Acciona intenta marcar distancias subrayando que lo despidió el 12 de abril de 2021, aunque no precisa los motivos.

Para curarse en salud, Acciona asegura que "ante la posible elusión de los controles internos que se hayan podido producir, la compañía ha abierto una investigación para el esclarecimiento de esos hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades personales que procedan", señaló el grupo empresarial en su comunicado. ¿Cómo un directivo de la compañía ha podido gastar cientos de miles de euros en comisiones sin que la empresa se diese cuenta?

Y, en previsión de que las mordidas hayan podido hacerse realidad a través de uniones temporales de empresas con otras compañías, un procedimiento muy habitual en la contratación pública, asegura que en todas ellas establece siempre compromisos formales con carácter contractual de respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo y debida diligencia por parte de todos sus integrantes.

Lo más llamativo es que, según Acciona, su cumplimiento se verifica y audita de manera constante, tanto con métodos internos como externos (como por ejemplo el servicio de Risk & Compliance de Dow Jones), lo que no parece haber sido suficiente en el caso que ha detectado la Guardia Civil. Son compromisos formales, subraya Acciona, que sujetan tanto a la propia compañía como a los miembros de todas las UTEs en las que participa.

El grupo empresarial asegura que tomará "las medidas legales oportunas" si en el transcurso de las investigaciones de las autoridades o de las que realice el propio grupo se confirmaran las informaciones publicadas que implican a otras empresas que han participado en UTEs de las que ha formado parte Acciona.

La compañía recalca que mantiene su compromiso de operar con los más altos estándares de ética, transparencia y cumplimiento normativo que "siempre han guiado sus actividades y sus relaciones con las administraciones públicas y sus clientes privados". Y que, de nuevo, no parecen haber sido suficientes.

Igualmente, rechaza cualquier tipo de práctica irregular en materia de contratación y dice estar a disposición de las autoridades para colaborar plenamente en el esclarecimiento de los hechos.

Petición judicial

De momento, Acciona deberá responder al juez Leopoldo Puente, que ya le pidió el lunes, antes de que todo esto saliese a la luz, entregar los expedientes de adjudicación de cinco obras públicas relacionadas con las conversaciones grabadas a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos,cer así como una copia de los correos electrónicos de quien fuera director del Departamento de Navarra y La Rioja. Se trata de cinco obras licitadas por Adif y la Dirección General de Carreteras en Logroño, Barcelona, Sevilla y Murcia (dos).

La primera evidencia que encuentra la UCO de la relación del exdirectivo de Acciona investigado con Koldo García es un correo del 10 de septiembre de 2015, con copia a Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar, en el que Agustín Merino le remitía sus dudas sobre un pliego y un futuro contrato relacionado con lo que denominó "la matriz de geoalcali" (Highfield Resources).

Los investigadores han comprobado que ese año Acciona Infraestructuras constituyó la UTE Sangüesa/Zangoza Services con Servinabar para construir la mina de Sangüesa. Y que en el mes de junio, Koldo García y Antxon Alonso constituyeron la cooperativa Noran Coop, el mismo mes que se firmó la encomienda para la tramitación de las concesiones de explotación minera, y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar y el inicio de colaboración de esta con Acciona.

La segunda de las obras llevadas a cabo por Acciona y Servinabar en Navarra fue la adecuación del pabellón deportivo Navarra Arena en Pamplona. Tras su llegada al ministerio, hay evidencias de que Koldo García envió a su contacto en Acciona información sobre la licitación de obras en la Ronda Sur de Logroño en el tramo Arrúbal-Navarrete, que efectivamente fue adjudicada a Acciona, "indiciariamente a cambio del pago de un precio", según la UCO.

El informe de la Guardia Civil sostiene que Santos Cerdán, sin cargo en el ministerio, recibía novedades de Koldo García sobre contrataciones públicas de Acciona y le trasladaba ciertas indicaciones para favorecer su adjudicación.

La UCO deja claro que Acciona remuneró esa información. Ábalos y Koldo, aseguran los investigadores, "habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de Santos (Cerdán) como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos de obra pública, llegando incluso a asociar dichos pagos a licitaciones concretas en las que, como denominador común, resultó adjudicataria Acciona Construcción".

Para esa supuesta manipulación de los procesos de contratación, Koldo García, según la UCO, se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada por la contratación en dos empresas públicas de una expareja de Ábalos, y del director general de Carreteras, Javier Herrero Lizano.

"Las contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos, ascenderían a 620.000 euros —de los que 70.000 no han sido asociados a ningún expediente en concreto—, si bien a criterio de Koldo (García) aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono".

En concreto, 550.000 euros estarían asociados a dos adjudicaciones de Adif a Acciona en Murcia, mientras que la cantidad que quedaría pendiente de abono se refiere a sendas licitaciones de la Dirección General de Carreteras en Logroño y Sevilla y a otra de Adif en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

La familia Entrecanales

Al frente de Acciona está la familia Entrecanales, que controla en torno al 56% de las acciones a través de tres sociedades con sede en Países Bajos y España: Tussen de Grachten BV (vinculada a la familia de Juan Ignacio Entrecanales Franco, con un 29,02%), Wit Europese Investering (asociada a José Manuel Entrecanales Domecq, presidente de la compañía, con un 26,1%) y La Verdosa, que concentra un 5,3% y representa a otras ramas familiares. El resto son inversores institucionales, fondos internacionales como BlackRock. Aproximadamente un tercio del capital está en manos de minoristas e inversores particulares.

Hace apenas cuatro meses, Juan Ignacio Entrecanales rompió el pacto que firmó en 2011 con su primo y presidente de Acciona, José Manuel, para dotar de estabilidad al capital de la compañía. Las dos ramas de la familia podrán, a partir de julio de 2026, disponer libremente de sus participaciones sin la obligación de ofrecérselas mutuamente.

El apellido Entrecanales es uno de los habituales en las listas de las personas más ricas de España desde hace décadas. Se calcula que la fortuna familiar asciende a 5.035 millones de euros, según un ranking publicado en febrero por el diario El Mundo.

Un gigante global

La dimensión de Acciona es enorme. Sus ingresos consolidados en 2024 alcanzaron los 19.190 millones de euros (un incremento del 12,7% respecto a 2023), gracias entre otras cosas a las infraestructuras. El año pasado obtuvo, sin embargo, un beneficio neto de 422 millones de euros, un 22% menos que en 2023. La mayor parte proceden de su división Energía (357 millones).

El informe de la UCO sitúa a Cerdán como el hombre de Acciona en la trama de corrupción del 'caso Koldo'

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Es una de las principales empresas españolas en infraestructuras y construcción, y forma parte del grupo de las grandes constructoras nacionales, solo por debajo de ACS y muy a la par de Ferrovial, OHL o FCC en proyectos de obra pública.

Y es una empresa global, con presencia en 65 países y cuya facturación depende sobre todo de negocios fuera de España. Según datos de la propia compañía, España aporta aproximadamente el 17% de los ingresos globales en los capítulos de construcción e infraestructuras, en los que destacan Australia, Asia y Pacífico (35%) y América Latina (22%).

Acciona sigue teniendo un peso relevante en España, sobre todo en el negocio de generación energética (37% de la capacidad instalada) y en actividad de infraestructuras, pero es ya una empresa predominantemente global, con cerca del 90% de sus ingresos generados fuera de España y una estrategia claramente volcada en concesiones internacionales (EEUU, Australia, América Latina). Aún así, en España mantiene activos clave, como los 5.718 MW instalados en renovables y una producción de más de 11.000 GWh, aunque su peso relativo dentro del grupo va disminuyendo frente a su expansión internacional.