El nuevo paso dado por el Tribunal Supremo respecto al caso de los ERE, la citación como imputados de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros tres exconsejeros aforados más, era esperada por el PSOE. Pero no cayó en el momento más oportuno para el partido, a las puertas de una campaña electoral. Su decisión de no pedirles el escaño también se daba por descontada porque el instructor no les endosó ningún delito aún. Eso no impidió que los demás partidos, empezando por el PP, se echasen encima rápidamente e intentasen hacer mella en la aparente contradicción del discurso socialista, que ha intentado hacer bandera de la "ejemplaridad", la "limpieza" y la actuación "implacable" contra los presuntos corruptos.
"No me temblará el pulso", ha proclamado Pedro Sánchez con reiteración. El pasado domingo, desde Barakaldo (Bizkaia), lo repitió. Al contrario que el Partido Popular, el PSOE "limpia mientras ellos tapan", dijo, y él trabaja para "garantizar la limpieza en la vida pública" y hacer del PSOE un partido "ganador". "Prometimos cambiar el partido y ya lo estamos haciendo", comentó, en un mensaje que tenía inevitablemente una lectura interna, tras la decapitación de Tomás Gómez como secretario general de los socialistas madrileños. Este martes, sin embargo, tuvo que poner a prueba su propio listón.
La dirección del PSOE intentó apuntalar, vía argumentario oficial, que no existe "imputación" sobre los dos expresidentes y los tres exconsejeros andaluces (José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno), puesto que la providencia del Supremo [consúltala aquí en PDF] "no contiene ningún razonamiento que recoja indicio alguno de criminalidad". Se les cita, insistió Ferraz, "en calidad de imputados", para que disfruten de "las garantías procesales correspondientes, como son la asistencia de abogado o el derecho a proponer pruebas, entre otras".
"Rodeados de bombas que van cayendo"
Sin embargo, distintos dirigentes consultados por infoLibre, tanto del entorno de Susana Díaz, como en Ferraz o en los territorios, reconocieron que la resolución del Tribunal Supremo llega en el peor momento para el partido, y que no es fácil de explicar a los ciudadanos la distinción entre imputación de delito o la citación como imputado, y que estos perciban la gradación. "No es fácil, pero debemos hacer pedagogía y contar que son cosas distintas, procesalmente hablando", indicaba una dirigente de la confianza de Sánchez. "Cuesta explicarlo y nos viene muy mal. Es una suma de cosas", expresaba con indisimulada preocupación un barón regional, abrumado por la sucesión de traspiés y de crisis que atraviesa el PSOE. La última, la del PSM tras la súbita destitución de Gómez como secretario general.
Desde el equipo de la presidenta se asumía la inoportunidad de la providencia. "Estamos rodeados de distintas bombas y van cayendo. Pero vamos a seguir nuestro camino. No queremos perder tiempo con cuestiones que escapan de nuestra mano", apreciaba un miembro de su Gobierno. En la Junta daban por hecho que habría citación, porque "en el actual clima social", en pleno descrédito de la política y de altísima preocupación por la corrupción, no habría parecido prudente, por parte del TS, archivar directamente la causa sin tomar declaración a los aforados.
En el entorno de Díaz subrayan que la providencia de este martes "no aporta novedades" sobre el escenario existente en una causa que acumula ya 266 acusados e investiga 855 millones de euros de dinero público, concedidos en 12 años para empresas en crisis. Y remachan que la presidenta no tiene a ningún imputado en su Ejecutivo, y ningún señalado irá en sus listas autonómicas del 22 de marzo. De modo que las responsabilidades políticas "ya están asumidas". El primero, recuerdan, Griñán, que dejó la Presidencia de la Junta en 2013. "La gente hila más fino de lo que pensamos –aseveraba un colaborador estrecho de Díaz–. Los dos expresidentes se ven como el pasado, y no hay vinculación con el presente, porque ha habido un corte político clarísimo".
En la Junta esperan que el temporal amaine, que "el ruido" pase en los próximos días. Que sea, en definitiva, "un huracán en un vasito de agua", aunque "producciones Alaya siga actuando". Se refería este dirigente a que el PSOE andaluz se teme que la jueza instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, dicte algún auto en plena precampaña, como ha ocurrido en otros procesos electorales. Una denuncia esta recurrente entre los socialistas.
Qué dice la resolución
En su providencia, el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, notificó las citaciones de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y los diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías –exconsejeros de Empleo y de Presidencia de la Junta– y la senadora Mar Moreno –extitular de Presidencia–. Todos ellos desfilarán entre el 7 y el 21 de abril, pasadas las autonómicas andaluzas del 22 de marzo. Lo harán, como era previsible, como imputados, ya que no tendría sentido que lo hicieran como testigos (estarían obligados a decir la verdad) y porque se prestaron a declarar voluntariamente para aclarar lo ocurrido y evitar así que el Alto Tribunal pida el suplicatorio al Congreso o al Senado para abrir una causa contra ellos. Comparecer como imputados les permite hablar en presencia de sus abogados. Después, el TS deberá decidir si les atribuye o no algún delito.
Desde Ferraz, desde el PSOE andaluz y desde la Junta de Andalucía se sostuvo el mismo argumento: no pesa ninguna acusación concreta, así que nada ha cambiado, y por eso ni Chaves ni Griñán –ni los otros tres aforados– deberán dejar por ahora sus escaños. "Lo digo con claridad, cuando uno está convencido de lo que piensa y lo que dice, la coherencia es lo que prima –alegó la presidenta andaluza, Susana Díaz, desde Baza, en Granada–. Cuando el juez hable, hablaré yo. Respeto muchísimo a la justicia, pero no me muevo un milímetro", dio por respuesta a las reiteradas preguntas de los medios. Tesis secundada en público por su secretario de Organización, Juan Cornejo, y por el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez.
La dirección federal también se acomodó a esta argumentación, ya fijada desde hace meses. Y eso que, tras conocerse la noticia, el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, se lió, al advertir de que Chaves y Griñán sólo tendrían que entregar sus actas en caso de que se abriese juicio oral, tal como establece el código ético, aprobado el pasado octubre. Hernando tuvo que volver a comparecer una hora después para reconocer su "error" y remachar que lo que prevalecía era el criterio de su secretario general, Pedro Sánchez.
El propio Chaves subrayó que no dejará su escaño porque su situación judicial "no ha cambiado en absoluto". "Es la misma que ayer, que anteayer y que hace una semana", subrayó ante los periodistas, a los que dijo que tiene la "conciencia absolutamente tranquila" y que confía en que la causa "se archive" tras su declaración.
Críticas de PP, IU, UPyD o Podemos
El PP, IU, UPyD o Podemos, sin embargo, no se creen la argumentación del PSOE. Los tres le acusaron por un supuesto doble rasero. "Yo, ahí, no soy quién para decirles lo que tienen que hacer –aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría–. Ellos son los que tendrán que demostrar si lo que dicen, de verdad, sirve para algo". Su compañero de filas, Rafael Hernando, portavoz conservador en el Congreso, instó a Sánchez a ser "coherente y consecuente". Así que ya que está limpiando su partido –en referencia a la defenestración de Tomás Gómez–, le pidió que no se deje una parte "un tanto oscura" y coja "el cubo, la fregona y pase el mocho también" al PSOE andaluz. El presidente del PP regional, Juanma Moreno, pidió al secretario general que exija las actas de los exmandatarios. Su partido se movilizó en Twitter para redoblar la presión con el hashtag (etiqueta)#SusanaEREsResponsable, para demandar a la presidenta que "cumpla su palabra".
Rosa Díez, portavoz de UPyD, confió en que el secretario general haga dimitir a Chaves y Griñán porque "tienen ya varios delitos concretos por los que están siendo imputados". Y para el portavoz de Justicia de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, si no se asumen responsabilidades políticas por los ERE o por la financiación ilegal de un partido –caso del PP–, "es que ya no hay responsabilidades por nada". "Ya sabemos por qué Susana Díaz adelantó las elecciones", subrayó el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo. Lo hizo, explicó, para evitar la comisión de investigación sobre corrupción, anunciada por su federación en diciembre.
A su vez, la candidata de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, sostuvo que la responsabilidad política de Chaves y Griñán es "evidente". "Quien ensucia las instituciones difícilmente puede limpiarlas", añadió, en alusión al PSOE.
Los socialistas rechazan que se está abriendo "una brecha" en el discurso de Sánchez por la teórica incongruencia de reacción entre la macrocausa de los ERE y el caso del tranvía de Parla, cuyo sobrecoste está siendo investigado por la Justicia, pero que aún no ha supuesto la imputación de Tomás Gómez, alcalde de la ciudad madrileña entre 1999 y 2008. Desde Ferraz se subraya que "en ningún momento se ha dudado de la honorabilidad del ex secretario general del PSM", pues su destitución se debió a "motivos electorales y políticos". Hasta ahora, Sánchez no ha hablado de la crisis del PSM y no lo hará, según prevé Ferraz, hasta pasado el debate del estado de la nación, que se celebrará en el Congreso la semana próxima.
El caso del tranvía de Parla y la caída de Gómez
Sin embargo, la resolución de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal aprobada el pasado miércoles sí incluía lo sucedido en Parla como una de las razones para el cese de Gómez. Y lo hacía en su primer punto: "Existen procedimientos judiciales que afectan directamente o indirectamente al PSM-PSOE, y a su dirección regional: la operación Púnica, actualmente bajo secreto de sumario, en la que resultaron detenidos el alcalde de Parla, su jefe de gabinete y un exportavoz del Ayuntamiento de Aranjuez; el caso del tranvía de Parla, que actualmente está siendo investigado y en el que se ha solicitado la imputación de los concejales del PSOE que aprobaron las desviaciones presupuestarias". Ello explica que Gómez prometiera defender su honor hasta el final, incluso en los tribunales.
En el PSOE no preocupa demasiado, por ahora, la campaña a la contra que protagonizará, sobre todo, el partido de Mariano Rajoy. "Lo que hace el PP es emborronar todo para tapar sus propias vergüenzas", señalaba a este diario la secretaria de Empleo de la dirección de Sánchez, Luz Rodríguez. "No vamos a ir al y tú más, pero que cada uno arregle su casa. Que el PP tiene Gürtel, Bárcenas, Púnica... y hasta el presidente de Melilla [Juan José Imbroda] está imputado por el Supremo [por la posible contratación irregular por parte de la ciudad autónoma de un abogado externo]", completan en el entorno de Díaz. Un barón regional se queja del trato no igualitario que, a su juicio, recibe el PSOE respecto del PP. "Estoy empezando a pensar que lo que interesa es que nos vayamos al carajo, que siga gobernando el PP y haya una izquierda desunida. Porque el PP está corrupto hasta las entrañas", señalaba anoche, preocupado por la acumulación de bofetadas, internas y externas, de un partido en horas muy bajas.
El nuevo paso dado por el Tribunal Supremo respecto al caso de los ERE, la citación como imputados de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros tres exconsejeros aforados más, era esperada por el PSOE. Pero no cayó en el momento más oportuno para el partido, a las puertas de una campaña electoral. Su decisión de no pedirles el escaño también se daba por descontada porque el instructor no les endosó ningún delito aún. Eso no impidió que los demás partidos, empezando por el PP, se echasen encima rápidamente e intentasen hacer mella en la aparente contradicción del discurso socialista, que ha intentado hacer bandera de la "ejemplaridad", la "limpieza" y la actuación "implacable" contra los presuntos corruptos.