El Govern y los partidos que le dan apoyo, especialmente el PDeCAT, quieren resultados. Y los quieren ya. Después de un fin de semana en el que tanto los antiguos convergentes como los republicanos volvieron a poner el acento en resolver el conflicto catalán mediante la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, este lunes el todavía portavoz en el Congreso del PDeCAT, Carles Campuzano, insistió en la misma idea pero la trasladó a la debilidad parlamentaria del PSOE, que el viernes perdió una votación clave para elaborar el Presupuesto de 2019. El Gobierno de Pedro Sánchez "difícilmente durará" si no hay avances en cuanto al derecho de autodeterminación de Cataluña, los políticos presos y los objetivos de déficit. Así de simple.
Campuzano representa, en principio, el ala más moderada del PDeCAT, precisamente la que fue derrotada hace una semana por los seguidores de Carles Puigdemont. Tanto es así que en los próximos días se espera que sea relevado por la nueva número dos del partido, Míriam Nogueras. Aún así, dejó clara la posición de su partido: “Nuestros votos no son gratis sino que están condicionados al resultado del diálogo político. Es evidente que si en estos tres ámbitos no hay avances sustanciales, difícilmente el Gobierno de Pedro Sánchez durará”.
Las palabras de Campuzano, como las de Carles Puigdemont y Quim Torra el sábado en Bruselas, o las de Joan Tardà, portavoz de Esquerra en el Congreso, este domingo a través de Twitter, marcan el terreno de las horas previas a la primera reunión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España que se va a celebrar desde 2011.
La cita sigue en el tiempo a la reunión que celebraron en La Moncloa el 9 de julio Sánchez y Torra y que el Gobierno presentó como el primer paso hacia la normalización institucional después del grave enfrentamiento desatado por la declaración unilateral de independencia.
Torra y los partidos que le dan soporte, PDeCAT y Esquerra, mantienen la apuesta por la república catalana, aunque con diferencias sustanciales en cuanto al ritmo y a la oportunidad de escenificar los desacuerdos con el Estado. De hecho, el Parlament no celebra sesiones plenarias desde que ambas formaciones se enfrentaron en torno a la sustitución de Puigdemont en su escaño como consecuencia del procesamiento de del expresident por el delito de rebelión.
Suspendida, al menos de momento, la reanudación de la estrategia unilateral que llevó al referéndum del 1 de octubre, el Govern se aferra a la bilateralidad. Por eso decidió no participar en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que les obligaría a ejercer como una comunidad autónoma más en su relación con el Gobierno, y apuesta por la comisión bilateral que se reunirá este miércoles en Barcelona. No obstante, el Govern sí está enviando representantes a otros órganos de coordinación autonómica, aunque evitando la presencia de consellers: el secretario de Educación de la Generalitat, Carles Martínez, asumió este lunes la representación de Cataluña en la conferencia sectorial convocada por la ministra Isabel Celaá.
La comisión tiene su origen en el artículo 183 del Estatuto de Cataluña, el mismo que resultó parcialmente anulado en 2006 por el Constitucional en una sentencia que está en el origen de la escalada secesionista. Fue concebida como el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y el Estado en relación con la participación y la colaboración del Govern en el ejercicio de las competencias estatales que afecten a la autonomía de Cataluña y el intercambio de información y el establecimiento de mecanismos de colaboración en las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común. Entre sus muchas funciones están “las cuestiones de interés común que establezcan las leyes o que planteen las partes”, lo que ha abierto las puertas a poner encima de la mesa el meollo del conflicto catalán: la persecución judicial de los dirigentes del procés y la convocatoria de un referéndum pactado como fórmula para resolver el conflicto.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, empeñado en normalizar las relaciones y mantener abiertos los cauces institucionales de diálogo —que le gustaría extender a la comisión de evaluación del Estado autonómico—, sería ya un éxito mantener abiertos los canales de comunicación. No obstante, su objetivo es extenderlos incluso a la comisión mixta de transferencias y la comisión bilateral de infraestructuras. Porque en materia de presos y de autodeterminación, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que encabeza la delegación del Gobierno que acudirá a la reunión, no tiene intención de moverse de su posición oficial: las cuestiones judiciales son competencia de los jueces y se resuelven sin interferencia gubernamental y la autodeterminación no encaja en el ordenamiento constitucional español.
La Generalitat, sin embargo, no sólo va a plantear ambas cuestiones sino que tiene claro que el diálogo únicamente acabará teniendo sentido si permite avanzar en estos dos temas. Por eso su número dos, Elsa Artadi, insistió —y consiguió— incorporarlas al orden del día bajo la fórmula genérica de “consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña en materia de derechos y libertades y en relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político”.
Vuelta a los órganos multilaterales
El Gobierno de Sánchez, por su parte, fiel a la estrategia de normalizar, planteará a su vez las “consideraciones del Estado en relación con la participación de la Generalitat en los órganos multilaterales de cooperación y coordinación”.
Nadie confía en que ninguna de las dos partes atienda las consideraciones del contrario. Así que el único ámbito en el que parece posible algún avance es en el resto del orden del día, que incluye examinar el estado de las “relaciones de colaboración” entre ambas administraciones, un repaso de “la situación de los traspasos de funciones y servicios pendientes de formalizar” y un “análisis e intercambio de información sobre la conflictividad competencial planteada ante el Tribunal Constitucional”, puntos todos ellos en los que el Ejecutivo de Sánchez quiere hacer ofertas concretas que sirvan para abonar el clima de diálogo.
Generalitat y Gobierno también tienen previsto intercambiar “información sobre asuntos pendientes en el ámbito de compromisos económicos y cuestiones fiscales”, así como “sobre inversión en infraestructuras, transporte y cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut”, que vincula la inversión al PIB catalán.
Los representantes de las dos administraciones hablarán también de “la aplicación de la legislación catalana y española en el ámbito educativo y lingüístico” y de las oficinas de la Generalitat en el extranjero.
El último punto del orden del día es clave, al menos para el Gobierno de Sánchez. Si la reunión va bien, permitirá adoptar “medidas para la reactivación de los órganos bilaterales de cooperación, así como de sus Grupos de Trabajo”.
La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y Elsa Artadi se reunieron el miércoles en Madrid
En el juego de la reciprocidad que el presidente español ha puesto como condición para el diálogo, la Generalitat dio este lunes un paso inédito al convocar a todos los partidos a una reunión para hablar sobre la reunión bilateral. No hubo conclusiones ni, a juzgar por las declaraciones de algunos de los participantes, demasiada profundidad a la hora de abordar los temas, pero por primera vez se sentaron en torno a una mesa para hablar de este asunto todos los grupos con representación en el Parlament, incluidos los más reacios, como Ciudadanos y el PP. Sólo se ausentó la CUP, en coherencia con su posición contraria a cualquier reunión que no parta del reconocimiento previo del derecho a la autodeterminación de Cataluña.
En este contexto de tira y afloja sobre hasta dónde puede llegar el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, el presidente del Parlament balear, Baltasar Picornell, añadió un ingrediente inesperado. Felipe de Borbón, con el que se entrevistó en Mallorca en el marco de los contactos institucionales que cada año incluye el monarca en su agenda veraniega en las islas, le confesó —siempre según Picornell— ser partidario de “tender puentes” y dialogar para desencallar la actual situación política de Cataluña. Felipe VI, aseguró el presidente de la Cámara balear, “está dispuesto” a dialogar si bien ha reconocido que “es muy difícil” porque “hay partidos más reticentes y partidos más dispuestos al diálogo”.
Una noticia que, casi en seguida, tuvo su réplica por parte del PDeCAT. Su nuevo presidente, David Bonvehí, aseguró estar abierto a dialogar con el rey si éste quiere abordar con ellos la cuestión catalana aunque, si da el paso, lo primero que le pedirá es que “se retracte y pida perdón” por su discurso del 3 de octubre de 2017 en plena crisis secesionista.
El Govern y los partidos que le dan apoyo, especialmente el PDeCAT, quieren resultados. Y los quieren ya. Después de un fin de semana en el que tanto los antiguos convergentes como los republicanos volvieron a poner el acento en resolver el conflicto catalán mediante la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, este lunes el todavía portavoz en el Congreso del PDeCAT, Carles Campuzano, insistió en la misma idea pero la trasladó a la debilidad parlamentaria del PSOE, que el viernes perdió una votación clave para elaborar el Presupuesto de 2019. El Gobierno de Pedro Sánchez "difícilmente durará" si no hay avances en cuanto al derecho de autodeterminación de Cataluña, los políticos presos y los objetivos de déficit. Así de simple.