Fue el pasado 22 de diciembre cuando se conoció que el Gobierno había comunicado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) los nombres de los expertos que asesoraron al Ministerio de Sanidad en la toma de decisiones en el contexto de la desescalada posterior a los estados de alarma de la primera ola de covid-19. Había sido el 30 de noviembre cuando el CTBG instaba al departamento de Salvador Illa a que, en el plazo de diez días, diera a conocer ese listado de personas a las que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus, por considerar que no se vulneraba el derecho a la protección de datos y, por contra, contribuía el control de la actividad pública por parte de los ciudadanos en "decisiones relevantes". Esta resolución daba la razón a un particular que había reclamado esos datos el 6 de mayo. La petición había sido trasladada a Sanidad en primera instancia. La respuesta inicial de este ministerio fue que la Ley de Transparencia le obligaba a pedir antes a estos expertos que se pronunciasen sobre la citada solicitud de información. Tras este paso previo, defendían se trasladaba al CTBG esa información dado que "todos los técnicos" habían prestado su consentimiento "sin formular oposición alguna" a que se suministrasen sus datos "de carácter personal".
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada al que los ciudadanos pueden recurrir sin consideran que la administración está poniendo trabas al derecho de acceso a la información pública.
El expediente del CTBG que dio pie a que el Ministerio de Sanidad facilitase de forma oficial ese listado de expertos no es uno más. Ni una rareza. Entre agosto y noviembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado más de medio centenar de reclamaciones de ciudadanos a los que el Ejecutivo denegó información sobre cuestiones relacionadas con el covid-19. El catálogo es variado: desde información sobre residencias a protocolos de actuación en el marco de la pandemia pasando por la compra de material de protección. Los departamentos más afectados por estas resoluciones que estiman las quejas de los ciudadanos son el Ministerio de Sanidad y el de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La cantidad de resoluciones en los que el CTBG ha dado la razón a los demandantes de información en cuestiones relacionadas con la pandemia a lo largo de 2020 crecerá en las próximas semanas, cuando este organismo actualice los datos con las resoluciones del mes de diciembre.
Siempre que no te contesten, reclama.#ReclamaTransparencia pic.twitter.com/YInhWWQpb7
— Consejo de Transparencia de España (@ConsejoTBG) September 7, 2017
Del listado de resoluciones estimadas en el mes de noviembre que este organismo ofrece en su página web, Derechos Sociales y Agenda 2030, el departamento del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, acumulaba en este periodo once expedientes en los que el Consejo de Transparencia le insta a hacer públicos una serie de datos relacionados con las residencias de mayores de Melilla. Todas ellas han fueron estimadas en el citado mes. Los centros de mayores se llevaron la peor parte de la primera ola del covid-19, con decenas de miles de muertes y protocolos, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, en los que se prohibía la derivación de los mayores a los hospitales para ser tratados, lo que condenó a muchos de ellos a morir sin asistencia sanitaria.
Residencias de Melilla
Salvo en Ceuta y Melilla, las competencias en materia de mayores fueron son de las comunidades autónomas, bien en el ámbito de las consejerías de Sanidad o Servicios Sociales. El CTBG consideró que Derechos Sociales y Agenda 2030 debería haber facilitado los siguientes datos de estos centros en la ciudad autónoma: listado de residencias de mayores autorizadas, listado de residencias de mayores bajo gestión indirecta, listado de plazas residenciales concertadas en residencias de mayores, listado de plazas residenciales concertadas en centros de día para mayores, plazas concertadas no ocupadas en residencias de mayores, denuncias o quejas contra residencias de mayores en 2019, inspecciones a residencias de mayores entre 2014-2019, número de inspectores para residencias de mayores entre 2014-2019, expedientes abiertos a residencias de mayores en 2014-2019, sanciones a residencias de mayores en 2014-2019 e impacto del covid-19 en residencias de mayores.
En los once expedientes sobre esta materia estimados por el CTBG el motivo que se reseña a la hora denegar la información es el "silencio", es decir que el demandante de esos datos recurrió una vez vencieron los plazos legales para dar respuesta, figura que se conoce como silencio administrativo.
Informes, documentación y protocolos
El resto de reclamaciones estimadas del mes de noviembre afectan a los ministerios de Interior, Sanidad y a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Y van desde los datos de covid-19 relacionados con el personal sanitario a los gastos "en material de protección y equipos técnicos", pasando por las ya conocidas del comité de expertos asesor de la desescalada.
La petición a Interior fue la siguiente: "Gasto que el Ministerio del Interior y los organismos dependientes de él (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico y Secretaría General de Instituciones Penitenciarios) han tenido que realizar hasta la fecha en compra de material de protección contra la covid-19 (mascarillas, buzos, guantes, gafas, pantallas faciales, test, mamparas de protección...) y en equipos técnicos (ordenadores portátiles, sistemas de videoconferencia...) para poder hacer teletrabajo. Ruego detalle del número de unidades compradas por cada cuerpo de cada artículo, modelo elegido, gasto y nombre del proveedor al que se encargó el suministro".
La petición de información llevaba fecha del 8 de junio y, no habiendo obtenido respuesta, el peticionario hizo la reclamación el 9 de agosto. En su escrito mostraba su extrañeza ante el silencio del departamento de Fernando Grande-Marlaska, puesto que había formalizado "una petición de tenor idéntico al resto de ministerios" y "la mayoría" se la había facilitado "sin escatimar detalles". El 6 de noviembre, el CTBG instó a Interior a dar respuesta a la demanda en diez días.
A medida que ha ido avanzando la pandemia, el ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han ido variando la forma de publicar los datos de afectados, hospitalizados, ingresados en UVI y fallecidos a causa del virus. Con fecha del pasado 26 de mayo, el ministerio de Sanidad recibió una petición de información relacionada con las "instrucciones y protocolos para la obtención de datos correspondientes a la covid-19". Dos de las demandas concretas eran estas: "Informes existentes en el Ministerio de Sanidad que hayan fundamentado la necesidad de modificar en múltiples ocasiones el sistema establecido de recuento de fallecidos y contagiados ordenando a las comunidades autónomas la modificación en la forma o plazos de remisión de la información". Y "en relación a los informes relativos a la pandemia del covid-19 y al seguimiento que efectúa el Ministerio de Sanidad, publicados en la web del Ministerio de Sanidad, protocolos existentes en orden a la publicación de los mismos, así como informes u órdenes que justifiquen la publicación, no publicación o retirada de los informes publicados".
"No consta respuesta de la Administración", dice el CTBG en su resolución en la que estima la reclamación con fecha de noviembre. Es frecuente que en estos meses se haya estado dando trámite a declaraciones de antes del verano puesto que la pandemia suspendió los plazos de tramitación de los expedientes.
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Entre las resoluciones del CTBG estimadas en el mes de octubre destaca una en la que se solicitaba al Ejecutivo —el organismo competente para gestionar esta solicitud fue la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno— los "informes sobre el estado de alarma [el de marzo] y las actas del Consejo de Ministros. El organismo que vigila por el cumplimiento de la ley de transparencia instó a que se facilitaran al responsable de la solicitud el acta de la reunión de los ministros del gabinete de Pedro Sánchez en la que se decidió decretar esta medida excepcional.
En este mismo mes, también se solicitó a Interior que hiciera públicos los datos de denuncias por incumpliar la obligación de llevar mascarilla o gastos ministeriales derivados del covid-19.
Las resoluciones de agosto y septiembre van encaminadas sobre todo a demandar a los ministerios que faciliten el detalle sobre los expedientes de compra de material para luchar contra el virus.