La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) elaboró en diciembre de 2018 un informe, por encargo del consejo de administración de Avalmadrid, donde examinó el contrato por el que la sociedad de garantías madrileña vendió en junio de 2012 a Cobralia una cartera de créditos fallidos. Para ello tuvo también que investigar los contratos que la entidad semipública había firmado antes con esa misma empresa de cobro de morosos, en julio de 2007, para que le gestionara el recobro extrajudicial de los expedientes fallidos, y con su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares, a título personal, en mayo de 2008, a quien encargó la presentación de demandas judiciales para recuperar las cantidades adeudadas por las empresas que no habían devuelto los avales concedidos. Igualmente analizó un tercer contrato, con fecha de 20 de octubre de 2010, por el que Fernando Cañellas cedía a Cobralia la gestión judicial por la que le había contratado Avalmadrid.
Los analistas consideran “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos de junio de 2012 como del contrato de subrogación de 2010, así como la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, dictaminan.
Este periódico se ha puesto en contacto con Cobralia, que ha declinado hacer ningún tipo de “comentario o valoración” sobre el informe, Avalmadrid o la intervención de Fernando Cañellas en estas operaciones. “Nuestra política de empresa es no responder a preguntas sobre nuestros clientes o sobre nuestro presidente”, aseguró su portavoz.
Los autores del informe se quejan en varias ocasiones a lo largo de sus nueve páginas de la falta de información con la que trabajan. Los documentos y correos electrónicos que analizaron fueron suministrados por Avalmadrid, pero echan en falta otros necesarios para determinar “los honorarios facturados [por Cobralia y Fernando Cañellas], su correcto devengo” e incluso “la trazabilidad del proceso de decisión”. Llegan a asegurar que la documentación que se les ha proporcionado es “confusa” e “incompleta”.
No obstante, los técnicos de PwC señalan que las operaciones con Cobralia y Cañellas de Colmenares pueden haber producido dos tipos de daños al patrimonio de Avalmadrid. El primero, el perjuicio económico directo, en el caso de que la entidad semipública haya pagado “honorarios por duplicado por un mismo servicio”. Y el segundo, la sanción, pena o multa si Avalmadrid es considerada “responsable subsidiaria o cooperadora necesaria en la comisión de una infracción administrativa o un delito”. Según destaca el informe, todas las negociaciones y documentos “contaban con la intervención o, al menos el conocimiento” del presidente de Avalmadrid en ese momento, Juan Manuel Santos-Suárez, y de su consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. Por lo que “la propia sociedad, a través de sus válidos representantes” aceptó “implícitamente” tanto la subrogación de Cobralia como el contrato de venta de la cartera de fallidos, concluye PwC.
Cañellas cobraba aunque no se recuperase dinero
Los analistas explican que, aunque “a priori” y “contractualmente” no parece haberse producido “una duplicidad o solapamiento” en la gestión de los recobros –Cobralia se encargaba de la recuperación extrajudicial y Fernando Cañellas, de la judicial–, “en la práctica, a la vista del volumen de expedientes gestionados y a la confusión generada”, sí que pudo haber “duplicidad o confusión en los honorarios facturados” puesto que no se delimitó “adecuadamente el perímetro de actuación de Fernando Cañellas”.
Además, PwC llama la atención sobre una peculiaridad del pago de honorarios al presidente de Cobralia. En virtud del primer contrato con esta empresa, el firmado en 2007, Avalmadrid abonaba a la empresa una comisión del 30% sobre el importe recuperado. Pero, según el segundo contrato, de 2008, Cañellas de Colmenares cobraba de las costas a las que era condenado el moroso si aquél ganaba el juicio. En caso de que el deudor no fuera condenado a pagar las costas, era Avalmadrid la que le abonaba los honorarios directamente, previa presentación de la correspondiente factura. El importe incluía un 20% de descuento sobre las tarifas recomendadas por el Colegio de Abogados de Madrid. Además, los costes de investigación de la solvencia del moroso, y los costes de los procuradores los sufragaba igualmente Avalmadrid. En esos años presidía la entidad semipública Eva Piera.
Es decir, subraya el informe, Fernando Cañellas cobraba “independientemente del éxito de la reclamación judicial” que gestionaba, mientras que Cobralia sólo lo hacía en caso de éxito. El problema es que los analistas de PwC desconocían, por la información que Avalmadrid les facilitó, si existía resolución judicial en cada uno de los expedientes que el presidente de Cobralia facturó y Avalmadrid le pagó.
Cruce de correos para solucionar el pago de honorarios
Las sospechas sobre la finalidad real de los contratos analizados por la consultora proceden de varios cruces de correos electrónicos entre directivos de Avalmadrid y de éstos con Cañellas de Colmenares entre abril y junio de 2012. En ellos, se habla de una “posible” subrogación de Cobralia “como parte de una solución global para facilitar el pago de los honorarios devengados por Fernando Cañellas y pendientes de cobro”. Los ejecutivos expresan su preocupación por las “debilidades” del contrato de subrogación y las “situaciones controvertidas” que éste puede generar.
Posteriormente, es el propio Fernando Cañellas quien envía un correo al director de Operaciones, al secretario del consejo de administración y al consejero delegado de Avalmadrid en el que propone la “estructura jurídica” para pagarle los honorarios, incluyendo la subrogación y la venta de la cartera de fallidos. Como este “planteamiento” supone un “coste fiscal muy alto” para él, plantea que se subroguen sólo los expedientes que él factura a Cobralia, que Cobralia facture a Avalmadrid por la gestión judicial de esos expedientes y que, después, Cobralia le compre la cartera.
Así, el 7 de junio de 2012, Cobralia emite una factura por una lista de expedientes que asciende a 305.362,45 euros, de los que se descuenta un 25% y a los que se añade un 18% de IVA. Un total de 270.245,76 euros. La transferencia se realiza cuatro días después, la misma fecha en que Avalmadrid firma con Cobralia el contrato de venta de fallidos. El precio de la operación fue de 113.772,91 euros.
Como estos correos y la discusión entre ambas empresas sobre el contenido de la factura tienen fecha de 2012, los analistas de PwC sospechan que el contrato de subrogación, de octubre de 2010, pudo haber sido “predatado” a esa fecha, porque en realidad se redactó y firmó dos años después.
El próximo día 26 de noviembre comenzará sus sesiones la comisión de la Asamblea de Madrid que investigará las irregularidades en el funcionamiento de Avalmadrid, destapadas por una inspección del Banco de España y por las informaciones publicadas por infoLibre. Los inspectores del organismo supervisor y los analistas de otra consultora, Forest Partners, desvelaron el trato de favor que esta entidad semipública, propiedad en un 26,1% de la Comunidad de Madrid, ha otorgado durante años a ciertas empresas en la concesión de avales. Muchas de ellas estabanvinculadas a miembros del PP o a algunos de los socios de la propia sociedad de garantías, como Bankia, la patronal madrileña CEIM o la Cámara de Comercio de Madrid. Entre los supuestos favorecidos se encuentra la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Durante años, Avalmadrid no actuó para recuperar el dinero del aval que concedió en diciembre de 2011 a MC Infortécnica SL, una firma de suministros médicos, y que sus propietarios y avalistas no devolvieron. Entonces era Cobralia la empresa encargada de recuperar fallidos como los de la empresa de los padres de Díaz Ayuso.
Asesoría jurídica de Caja Madrid
Fernando Cañellas fundó Cobralia en 2002, después de pasar 14 años en Cajamadrid, donde comenzó en 1982. Fue uno de los seis miembros de la asesoría jurídica de la caja de ahorros a quienes el entonces presidente, Jaime TerceiroJaime Terceiro, abrió un expediente sancionador en 1996 por las anomalías encontradas en la gestión que este departamento llevaba a cabo en el cobro de morosos. Dos años antes, en mayo de 1994, Terceiro había disuelto la asesoría jurídica después de que el departamento de Auditoría Interna elaborase un informe que destapaba irregularidades que habían costado a la caja 30.000 millones de pesetas –180,3 millones de euros–, según publicó en su día el periódico Abc.
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Los seis abogados del departamento presentaron después un requerimiento notarial donde se calificaba ese informe de “falso, extemporáneo e ilegal”. Según explicaban en su escrito, los responsables de la caja de ahorros ni les comunicaron el contenido del informe ni les dieron ocasión de presentar alegaciones. También rechazaban cualquier responsabilidad en las anomalías descubiertas. Por el contrario, aseguraban que habían cumplido entre 1992 y 1994 los objetivos de recobro de deuda de forma “espectacular”, “duplicando e incluso triplicando” los resultados de ejercicios anteriores.
Por esas fechas se estaba librando en Caja Madrid una auténtica guerra interna que desembocaría en la renuncia de Jaime Terceiro, en septiembre de 1996, y su sustitución por Miguel Blesa, tras un pacto entre PP, Izquierda Unida, CCOO y la Confederación de Cuadros. Abc citaba entonces a fuentes de los partidos representados en los órganos de gobierno de la entidad, que veían motivos políticos tras la batalla en torno a la asesoría jurídica. En concreto, mencionaban a Emilio Navasqües, que además de miembro de ese departamento era consejero en representación de la plantilla y se había manifestado en repetidas ocasiones en contra de la permanencia de Jaime Terceiro al frente de la caja y a favor de su sustitución por Miguel Blesa. Ignacio Navasqües, hermano del anterior, miembro del mismo departamento y también consejero de la entidad, fue condenado en 2018 a un año de cárcel por el caso de las tarjetas blackel caso de las tarjetas black.
El de Cobralia es el tercer informe que PwC ha elaborado por encargo de Avalmadrid. La entidad semipública solicitó a la consultora un dictamen sobre la conveniencia de denunciar ante la Fiscalía el trato de favor a ciertas empresas descubierto por los analistas de Forest Partners. PwC le recomendó que acudiera al ministerio público. Además, la sociedad de garantías le pidió consejo sobre si debía recurrir el archivo del caso que había decidido el fiscal por considerar prescritos los posibles delitos. En este caso, PwC le aconsejó que no continuara con el proceso judicial.
La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) elaboró en diciembre de 2018 un informe, por encargo del consejo de administración de Avalmadrid, donde examinó el contrato por el que la sociedad de garantías madrileña vendió en junio de 2012 a Cobralia una cartera de créditos fallidos. Para ello tuvo también que investigar los contratos que la entidad semipública había firmado antes con esa misma empresa de cobro de morosos, en julio de 2007, para que le gestionara el recobro extrajudicial de los expedientes fallidos, y con su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares, a título personal, en mayo de 2008, a quien encargó la presentación de demandas judiciales para recuperar las cantidades adeudadas por las empresas que no habían devuelto los avales concedidos. Igualmente analizó un tercer contrato, con fecha de 20 de octubre de 2010, por el que Fernando Cañellas cedía a Cobralia la gestión judicial por la que le había contratado Avalmadrid.