política judicial
Un informe sobre el Estatuto de la Fiscalía obliga al CGPJ a retratarse sobre la huelga de jueces y fiscales
La huelga convocada por las asociaciones judiciales y fiscales de derechas a la estela de la Unión de Fiscales y Jueces, un grupo de WhatsApp que ha conseguido congregar a más de 1.800 miembros de ambas carreras al margen de esos colectivos, exige la retirada de de dos proyectos de ley del Gobierno. El primero, el que modifica el sistema de reclutamiento de ambos cuerpos para mitigar el sesgo de clase en el acceso a ambas carreras. El segundo, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que trata de blindar la autonomía de la Fiscalía del Gobierno.
El Consejo General del Poder Judicial tiene previsto celebrar este lunes un Pleno extraordinario para abordar su informe sobre la norma que regula el estatuto del Ministerio Público. Lo hará con una huelga convocada contra ella, entre otras asociaciones, por la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que cuenta con ocho vocales en el órgano de gobierno de los jueces. El Consejo avaló en marzo por unanimidad el grueso de la reforma del sistema de acceso. Con las movilizaciones espontáneas ya en marcha, está por ver cuál será este lunes la posición del sector más de derechas.
La reforma del sistema de acceso —que incluye un proceso de regularización de fiscales y jueces sustitutos— provocó el rechazo inicial de las asociaciones judiciales y de fiscales de derechas (APM, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), aunque, tras manifestar su oposición al proyecto del Gobierno, estos colectivos no plantearon ninguna medida de presión. Después, el Pleno del CGPJ, con el voto unánime de los sectores progresistas y conservador, sacó adelante su informe sobre la reforma para democratizar el acceso planteando una serie de objeciones técnicas, algunas de las cuáles han sido tenidas en cuenta por el Ejecutivo.
Pero, tanto los 10 vocales conservadores del Consejo, como las asociaciones de derechas que se oponían al proyecto, fueron superadas por un movimiento surgido espontáneamente a través de mensajes a móviles. Su éxito ha provocado que los colectivos conservadores se sumaran e impulsaran el paro de 10 minutos convocado al mediodía del pasado 11 de junio, cuando decenas de jueces y fiscales, algunos ataviados con sus togas, se manifestaron a las puertas de los juzgados.
El intento de las asociaciones de canalizar a través de ellas ese sentimiento de indignación contra ambas reformas que no supieron detectar se repitió tras esa primera protesta. El movimiento Unión de Fiscales y Jueces redactó un manifiesto de huelga —en el que muchas de sus afirmaciones no se corresponden con la realidad— y un preaviso y, tras el paro, llamó a sus integrantes a votar. Los miembros del grupo de WhatsApp se manifestaron apabullantemente a favor con más de 1.000 votos frente a 69 en contra, pero sus organizadores decidieron dejar otra vez en manos de las asociaciones la organización de la huelga.
Estos grupos corporativos conservadores han terminado por sumarse a la movilización. Además de la huelga para los días 1, 2 y 3 de julio, han anunciado una concentración ante el Tribunal Supremo para exigir la retirada de ambos proyectos de ley y a la que llaman a participar a la ciudadanía. Las asociaciones ya han enviado al Consejo su preaviso y han solicitado a ese órgano que establezca los servicios mínimos.
En ese ambiente es en el que el órgano de gobierno de los jueces aborda su informe sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal cuya retirada exige la APM, la asociación judicial de la que forman parte ocho de los 10 vocales a propuesta del PP y una de las cinco que ha convocado los paros. Los 10 consejeros conservadores se enfrentarán al dilema de pactar un texto con sus compañeros progresistas —como hicieron en marzo con la reforma del sistema de acceso a ambas carreras— o adoptar las posiciones maximalistas (que se retiren ambos textos) que exige la Unión de Fiscales y Jueces y a las que se han sumado la APM y el resto de grupos corporativos judiciales y fiscales procedentes de la derecha judicial.
Las dos asociaciones progresistas —Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales— no secundan las movilizaciones. Tampoco la mayoría de los vocales del CGPJ a propuesta del PSOE y Sumar, que sí están por la labor de llegar a un acuerdo sobre el Estatuto de la Fiscalía para aprobar el informe por unanimidad en el Pleno, una posibilidad que la convocatoria de huelga obstaculiza. Fuentes progresistas no descartan que, finalmente, cada uno de los sectores saque adelante su propio documento, como se hizo en febrero con el relativo a la reforma del sistema de elección de los consejeros del Poder Judicial.
La decisión sobre si hay acuerdo todavía no está tomada. El primer borrador de informe ha sido elaborado por las dos vocales procedentes de la fiscalía: la progresista Inés Herreros y la conservadora Pilar Jiménez. La comisión de estudios e informes del Consejo, en la que son mayoría los consejeros conservadores, tiene previsto reunirse este sábado para abordar el documento. Su acuerdo pasará después al Pleno extraordinario de este lunes, donde el Consejo tomará su decisión definitiva.
