"El SOS enmudecido" de las residencias: un informe concluye que la respuesta al covid fue "tardía e ineficaz"
Las residencias de mayores son "los puntos ciegos" de la pandemia del covid-19. Tal y como detalla el séptimo informe social de la Fundación Rafael Campalans, Un nuevo contrato social para una prosperidad compartida, publicado este viernes, esta situación se repitió por todo el mundo: de Madrid a Milán y de Londres a Nueva York. "En todos estos lugares las intervenciones de emergencia tardaron demasiado en llegar, los recursos no se movilizaron a tiempo, la coordinación fue fallida y, en consecuencia, la mortalidad fue extraordinariamente alta", expone Margarita León, profesora de ciencia política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el capítulo dedicado a estos centros de este documento de la fundación referente del PSC.
La profesora León parte de dos investigaciones sobre la respuesta de la crisis sanitaria en residencias para hacer una comparación de lo sucedido en las de, por un lado, Alemania y Dinamarca y, por otro, en España, Inglaterra e Italia. Entre estos dos grupos de países detecta una gran diferencia. "Mientras que en Dinamarca y Alemania fueron capaces de ofrecer una respuesta coordinada, en España, Inglaterra e Italia la intervención en residencias estuvo sistemáticamente retardada en comparación con la actuación en hospitales", explica esta experta que también destaca que en estos tres países no existió "un protocolo de prevención, como sí lo hubo en hospitales, antes de la aprobación del estado de alarma".
Un estado de alarma que en el caso de España se produjo el 14 de marzo. No obstante, no fue hasta un par de semanas después, sobre el 20 de marzo, cuando llegaron las primeras alertas de que algo estaba yendo realmente mal en las residencias de mayores: la entrada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a realizar labores de auxilio destapó una situación totalmente descontrolada. Fue a partir de ese momento cuando el foco mediático se puso sobre los testimonios de familiares, trabajadores o gestores tras semanas en un "SOS enmudecido", según lo califica este informe de la Fundación Rafael Campalans.
Así, este documento detalla que la principal diferencia entre Dinamarca y Alemania con España, Inglaterra e Italia fue "la capacidad que tuvieron los primeros en integrar a los servicios de atención a la dependencia junto a los hospitales en la respuesta a la situación de emergencia sanitaria. Esto permitió actuar en mayor medida desde la prevención y ser más eficaz en la fase de mitigación". Es más, en estos tres países, incluida España, se produjo "una fuerte tensión entre la necesidad de hospitalizar a residentes afectados por la enfermedad y evitar la saturación hospitalaria".
La profesora León menciona en este punto el conocido como protocolo de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, publicado por infoLibre en junio de 2020, y que impidió que los mayores de las residencias fueran trasladados a los centros sanitarios en los peores días de la pandemia. En concreto, el protocolo aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impedía el traslado a los hospitales de aquellos residentes con mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, es decir, de las personas más vulnerables [puedes consultar en esta información los documentos con las cuatro versiones que tuvo dicho protocolo].
Tal y como publicó infoLibre, en los meses de marzo y abril de 2020, 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital (5.795 con covid o síntomas compatibles). Una cifra que equivale al 77% del total de residentes fallecidos en dicho periodo. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo el día 18 de aquel mes. La situación fue similar en Inglaterra e Italia, aunque a la inversa. En ambos países, las residencias llegaron a ejercer, según recuerda la profesora León, una función de descongestión de los hospitales.
"El precio fue una mortalidad que todavía hoy nos cuesta trabajo asimilar"
La profesora León también apunta en el capítulo de este informe dos tardanzas más. Por un lado, la escasez de suministros con respecto a las pruebas diagnósticas. "En Alemania y Dinamarca las residencias fueron consideradas prioritarias desde el inicio", señala esta experta que sostiene que, en cambio, en "España, Italia e Inglaterra las pruebas diagnósticas tardaron en llegar hasta cuatro y cinco semanas después de su distribución en hospitales". Esto significó que, ante la ausencia de un diagnóstico durante estas primeras semanas, tanto los contagios como las muertes por covid en estos centros "no entraban en los recuentos diarios que realizaban los distintos gobiernos".
Por otro lado, el esquema se repite con la disponibilidad de material de protección. "La prioridad en España, y también en Inglaterra e Italia, fue abastecer a los hospitales", explica al tiempo que matiza que las residencias, en España, "no llegaron a ser nunca consideradas prioritarias en el abastecimiento de material de protección". Esto tuvo una traducción directa en las bajas laborales del personal, que dejaron "un vacío difícil de llenar".
Aunque sin querer entrar en una relación causa efecto, la profesora León observa que fue clave "identificar a las residencias como espacios prioritarios de actuación". En cambio, al no hacerlo, "la respuesta fue tardía, lenta, insuficiente e ineficaz y el precio fue una mortalidad que todavía hoy nos cuesta trabajo asimilar".
Mala disponibilidad de recursos humanos y la progresiva mercantilización
Estos dos grupos de países también se mantienen al observar tanto la disponibilidad de recursos humanos y económicos en el sector, el grado de regulación del sistema o los mecanismos de coordinación. Así, el porcentaje de trabajadores con un perfil de cualificación medio-alto es "mucho mayor en Dinamarca o Alemania que en España, Italia e Inglaterra". Además, las condiciones laborales son "comparativamente hablando, mucho más precarias en términos de salario, temporalidad y probabilidades de promoción". Para más inri, "el grado de profesionalización es significativamente más elevado en Alemania y Dinamarca comparado con los otros tres países".
Otro de los problemas de estos centros para mayores en España, Italia e Inglaterra ha sido la "progresiva mercantilización". No obstante, la profesora León destaca que, al igual que sucede en España, en Alemania, por ejemplo, también cuentan con "una parte importante del servicio externalizada, pero mantiene una fuerte regulación pública". "Es por lo tanto excesivamente reduccionista culpar a la privatización del sector de la mala gestión de las residencias durante la pandemia, pero en ningún lugar está escrito que no se pueda y se deba regular mejor, lo cual tiene impacto directo en los márgenes de beneficio", reflexiona la autora de este capítulo.
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En el caso español, la autora recuerda que, aunque el cálculo de muertes en residencias es "tremendamente complicado de hacer", podría suponer más del 6%. No obstante, "la búsqueda de culpables de algo que parece tener importantes elementos sistémicos tiene con frecuencia un recorrido corto. De hecho, la mayoría de las causas abiertas durante la primera ola han quedado, a día de hoy, archivadas". Cabe recordar, que Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras han denunciado ya una serie de acciones y omisiones —desde instancias públicas y privadas— que habrían contribuido, cuando no provocado directamente, a una grave vulneración de derechos fundamentales de los ancianos residentes.
"Poner los cuidados en el centro"
"La gestión de la crisis del covid-19 en las residencias de mayores es un caso crítico a través del cual podemos entender la fragilidad en su expresión más extrema", asegura la profesora León que insiste que, a pesar de la Ley de Dependencia de 2006, "el ‘cuidado social’ no existe como bien común como sí sucede en cambio con la salud, la educación o las pensiones". "Cuando se crea un nuevo derecho social, pero no se ponen los medios para abastecerlo, en realidad es como si no existiera. Queda en manos del mercado, del ámbito privado de la familia, o de la marginalidad de un estado social periférico", afirma esta experta que argumenta que "poner los cuidados en el centro" también significa "discutir la reforma del sistema de atención a la dependencia", "concretar con propuestas específicas y evaluables la parte de los Fondos Next Generation que se destinarán a mejorar el sistema en los próximos años" o detallar "partidas de gasto, mejoras de convenios colectivos y marcos de regulación y coordinación entre varios ministerios y consejerías competentes".
Este séptimo informe social de la Fundación Rafael Campalans no sólo pone el foco en los centros para mayores, también se centra en el cambio de paradigma producido durante esta crisis del covid. Tras no publicar la edición del año pasado por la pandemia, el documento pone de manifiesto que la apuesta actual pasa por un estado de políticas públicas, y no en los recortes como sucedió en 2008, por construir un robusto escudo social y por los Fondos Next Generation. "En este informe se pone en valor el federalismo de los fondos europeos", explica la directora de esta función y portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, que destaca la partida de 3.500 millones dedicados a un plan de choque para cuidados que debería ir encaminados, en el campo de las residencias, en mejorar, entre otras cosas, "la comunicación entre estos centros y la asistencia sanitaria para garantizar los cuidados".
