La polémica abierta sobre el supuesto adoctrinamiento nacionalista en los centros educativos catalanes a raíz de hechos relacionados con el 1-O ha alentado a ciertos sectores a reabrir el melón del modelo educativo catalán. Este sistema tiene entre sus ejes principales la llamada inmersión lingüística que consiste en que en la gran mayoría de centros la única materia que se imparte en castellano es la de lengua y literatura española. Según datos de la Generalitat en 490 de los 3.503 colegios e institutos sostenidos con fondos públicos sí se imparte alguna materia más en español aunque la lengua vehicular es el catalán, tal y como avala la normativa autonómica. En porcentaje son el 14%.
Este modelo comenzó a forjarse antes incluso de entrar en vigor de la Constitución, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez (UCD) aprobó en junio de 1978 un real decreto que estableció la asignatura obligatoria de catalán, lengua que había estado prohibida y perseguida durante la dictadura. Con sus políticas represivas, el Franquismo consiguió convertir en ignorantes de su propia lengua a la mayoría de los catalanes al tiempo que fue construyéndose un imaginario del español como algo hostil, a pesar de que esa era también la lengua de la inmigración que llegaba a Cataluña desde otras partes del país buscando oportunidades.
Esta cuestión estuvo muy presente en la redacción de la Ley de Normalización Lingüística, de 1983, que estableció que la lengua catalana debía ser usada "progresivamente" en los centros educativos; y de sus desarrollos normativos, que apuntaron hacia una generalización de la docencia en catalán. Se impusieron entonces las tesis de los partidos de izquierda, que entendían que una de las claves de la cohesión social era la creación de una única red escolar con el catalán como lengua vehicular, pues en un primer momento Convergència Democràtica de Catalunya apostó por establecer dos líneas paralelas, una en español y otra en catalán. La ley solo contó con dos votos en contra.
"Creo que es importante recordar que CiU estaba en contra de este modelo y que fueron el PSUC [el histórico partido comunista de Cataluña] y Comisiones Obreras quienes batallaron para evitar la separación de los alumnos en función de su lengua", señala Manel Pulido, profesor de Secundaria y secretario general de la federación de Educación de CCOO en Cataluña. En el curso 1983-1984, se aplicó por primera vez el Programa de Inmersión Lingüística en las escuelas públicas de municipios con una gran población de habla castellana, fruto de la inmigración española, como Santa Coloma de Gramenet o Terrassa, ambas en la provincia de Barcelona.
No obstante, el proceso de generalización del catalán se consumó en los llamados decretos de inmersión de 1992, que desarrollan la LOGSE en Cataluña, y que establecieron por primera vez que el catalán se debía utilizar "normalmente" como "lengua vehicular y de aprendizaje". A partir de entonces la escuela en catalán se convirtió en el modelo de enseñanza en toda Cataluña. Hasta hoy.
Tras un recurso presentado por el Gobierno de Felipe González (PSOE), la norma de 1983, conocida popularmente como la ley del catalán, estableció la obligación de impartir al menos dos materias en castellano, lengua y literatura española y otra. Sin embargo, tanto la legislación posterior como la práctica en las escuelas desatendieron esa obligación. La lingüista Mercè Vilarrubias critica esa "dirección monolingüe" del sistema educativo catalán impulsada, a su juicio, con el objetivo de "hacer país" para avanzar en un proyecto de "separación de España" que ha desembocado en la crisis institucional actual.
Vilarrubias señala que es entendible que el catalán sea el "centro de gravedad" del sistema educativo –así lo han reconocido, de hecho, dos sentencias del Constitucional– si bien critica el "destierro" del español y de todo lo que representa España con el objetivo de hacerlo algo "ajeno". "Esta es la lógica del monolingüismo que se ha ido imponiendo con el tiempo", señala. Esta lingüista ha analizado la inmersión lingüística en el entorno europeo llegando a la conclusión de que en ninguna de las comunidades y países bilingües y trilingües de Europa (Bélgica, Eslovaquia, Finlandia, Gales, Irlanda...) se aplica un sistema como el catalán.
Ante las críticas recientes, el Govern ha defendido su modelo asegurando que la escuela catalana es un ejemplo de "libertad, convivencia, democracia y plurilingüismo", así como una de las principales vías de integración de las familias recién llegadas y un verdadero ascensor social en la que la adquisición de las competencias básicas está acreditada. En este sentido, ha tenido bastante eco la intervención en el Congreso del diputado Joan Mena (En Comú Podem), de origen andaluz, que se definió como "hijo de la inmersión lingüística" y ensalzó la escuela pública catalana.
El modelo también es compartido por gran parte de la comunidad educativa catalana. Su máximo órgano de representación, el Consejo Escolar de Cataluña –donde coinciden miembros de las administraciones locales y autonómicas, sindicatos, AMPA, patronales de las escuelas privadas, entidades educativas, universidades y patronales empresariales– defiende en su última ponencia política, del pasado mayo, el "consenso" en torno a este sistema y a las metodologías pensadas para garantizar el aprendizaje del catalán entre los alumnos que no emplean esta lengua habitualmente. "La coexistencia del catalán y el castellano resulta enriquecedora", puede leerse en este texto.
Miquel Strubell, que fue jefe de los servicios de normalización de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Calaluña, niega que el modelo catalán sea excluyente e insiste en que hay "un enorme consenso prácticamente unánime" en que los alumnos que salen de la escuelas en la edad obligatoria tienen que tener un dominio de las dos lenguas oficiales. Strubell también hace alusión al gran consenso político con el que fue fraguado este sistema en el Parlament de Cataluña.
A este respecto, la lingüista Vilarubias cree que la izquierda, que a su juicio dio apoyo en un primer momento al sistema de inmersión lingüística sin saber que se convertiría en un modelo monolingüe, se ha visto desbordada con esta deriva. "En los años noventa, la oposición a este sistema se hizo desde posiciones derechistas y nada integradoras, pues pretendían imponer todo lo contrario. Así se impuso una visión nacionalista que se consolidó con el tiempo", asevera.
Debate público
Lo cierto es que pese a que este modelo no ha generado grandes conflictos ciudadanos, sí es verdad que en los últimos años una parte pequeña de la población en términos cuantitativos sí ha reclamado un modelo más equilibrado. La cuestión ha vuelto a ocupar el debate público de forma más reciente como consecuencia de la tensión social y política por el pulso independentista. Por ejemplo, en una moción rechazada en el Congreso, Ciudadanos reclamó desarrollar el marco normativo para que, entre otras cuestiones, la Alta Inspección del Estado analice y elabore informes sobre el cumplimiento de los "derechos lingüísticos" en Cataluña.
Esas tensiones se ven reflejadas en la derivada judicial que el modelo de inmersión lingüística ha tenido en los últimos años. Especialmente tras los cinco autos por los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) instó en enero de 2014 a otros tantos centros educativos a fijar un 25% del horario lectivo en lengua castellana. La decisión daba respuesta a los recursos planteados por cinco familias con respecto a ocho alumnos. Algunas de estas familias han denunciado casos de "acoso" tras realizar estas peticiones tal y como ha denunciado la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha documentado 33 casos similares desde 2014.
La reforma educativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert, el mismo que se jactó en el Congreso de los Diputados en 2012 de que había que "españolizar a los niños catalanes", también amenazó con poner patas arriba el sistema de inmersión lingüística al establecer la obligación para la Generalitat de pagar ayudas de 6.000 euros por curso para garantizar que los hijos de las familias que así lo soliciten puedan estudiar en español en centros privados. No obstante, desde que se puso en marcha la medida, en 2014, se han registrado 154 solicitudes, lo que evidencia que no cuenta con una gran demanda en términos absolutos.
Ana Losada, presidenta de la AEB y miembro de la plataforma antiindependentista Societat Civil Catalana (SCC), cree que el modelo tuvo sentido para alcanzar la normalización, pero actualmente está obsoleto y mina derechos de la parte de la población que reclama más horas de escolarización en español. "La escuela está para limitar las desigualdades sociales y lo que se consigue con este modelo es que el entorno socioeconómico acabe determinando qué nivel de castellano tiene un alumno. Lógicamente, con lo que se enseña en las escuelas es imposible alcanzar un registro elevado", asegura.
Al final, en este debate, parece haberse perdido de vista el que debería ser el único objetivo desde el punto de vista pedagógico: que los alumnos catalanes terminen sus estudios con un dominio del registro formal tanto del catalán como del español. Sin embargo, la ausencia de estudios cuantitativos sobre la competencia alcanzada en cada lengua dificulta hacer un diagnóstico, tal y como reconoce la lingüista Mercè Vilarrubias. "En selectividad los exámenes son distintos en las diferentes comunidades, en los informes de PISA la prueba de lengua se hace en catalán y, por tanto, no mide la comprensión lectora en castellano...", explica.
Sí existen algunos estudios sobre cuestiones relacionadas. Por ejemplo, están los análisis que la asociación antinacionalista Convivencia Cívica Catalana viene realizando sobre los informes de competencias en alumnos de 15 años que realiza la OCDE. El más reciente, que analiza los resultados en Cataluña del último informe PISA publicado, de 2015, concluye que mientras el porcentaje de alumnos catalanohablantes que no superan el nivel mínimo de competencias es del 8,8%, entre los castellanohablantes este porcentaje se eleva al 18,9%, diez puntos por encima. En informes anteriores, la Fundación Jaume Bofill también ha sostenido que el fracaso escolar es mayor entre los castellanohablantes, aunque lo ha atribuido a su nivel socioeconómico, que suele ser inferior.
Respecto a la aceptación social del modelo es una cuestión sobre la que nunca ha preguntado el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), considerado como el CIS catalán, que es algo que le afean las entidades antiindependentistas. Existe un estudio encargado en 2015 por Societat Civil Catalana, que en base a 1.500 entrevistas telefónicas determina que un 33,8% de los encuestados se declara partidario de una educación trilingüe en la enseñanza obligatoria, un 28,2% prefiere una educación bilingüe con la mitad en castellano y la mitad en catalán, un 19,8% optaría por la mayor parte en catalán y alguna asignatura en castellano y un 14,4% por el actual modelo de inmersión.
En este contexto, gran parte de la comunidad educativa entiende que este cuestionamiento del modelo de inmersión lingüística no se basa en criterios ni pedagógicos ni sociales, sino meramente políticos. "Es un modelo de riqueza. Lo más importante es que ningún niño de Cataluña pierde el castellano por estudiar las matemáticas en catalán porque hay una gran diversidad y los que hablamos castellano somos muchos y esa lengua no se va a morir", señala Montse Conejo presidenta de la Fapac, la federación que agrupa al 76% de las asociaciones de padres de alumnos catalanes.
Tampoco cree que haga falta hacer ningún retoque el exalto cargo de la Generalitat en cuestiones lingüísticas Miquel Strubell. Y, en relación a las sentencias del TSJ de Cataluña, alude al "malestar" que genera en "mucha gente" que un único alumno pueda "imponer" su propio criterio a todo un aula.
Pulido, de CCOO, también defiende el modelo, aunque señala que no es positivo negarse a que haya cambios en las legislaciones. De hecho, acepta que pueda ser problemático, por ejemplo, para familias castellanohablantes que se desplacen de forma temporal a Cataluña. No obstante, insiste en que esas modificaciones, de realizarse, tendrían que tener una base científica y no política y no realizarse, bajo ningún concepto, en una situación de tensión como la actual.
Las cifras del "adoctrinamiento" en las aulas: 428 denuncias y tres requerimientos al Govern en siete años
Ante este panorama, reputados expertos como Albert Branchadell han defendido la posibilidad de potenciar algo que ya prevé la ley educativa catalana: que el proyecto lingüístico de cada centro se concrete a partir de la realidad sociolingüística del entorno, sin que ello sea visto como un ataque al catalán. De esta manera, tendría sentido aumentar la docencia en español en zonas donde la lengua catalana tiene más arraigo y viceversa. Para eso, claro está, todos los miembros de la comunidad educativa deberían actuar basándose en criterios ni pedagógicos y no meramente políticos o identitarios.
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Este artículo forma parte de una serie sobre el sistema educativo catalán. Este lunes 23 de octubre se publicó la primera entrega, sobre el supuesto adoctrinamiento en las aulas. La tercera y última, que se publicará el miércoles 25, versará sobre la polémica generada en torno a los libros de texto con los que estudian los alumnos catalanes. primera entrega
La polémica abierta sobre el supuesto adoctrinamiento nacionalista en los centros educativos catalanes a raíz de hechos relacionados con el 1-O ha alentado a ciertos sectores a reabrir el melón del modelo educativo catalán. Este sistema tiene entre sus ejes principales la llamada inmersión lingüística que consiste en que en la gran mayoría de centros la única materia que se imparte en castellano es la de lengua y literatura española. Según datos de la Generalitat en 490 de los 3.503 colegios e institutos sostenidos con fondos públicos sí se imparte alguna materia más en español aunque la lengua vehicular es el catalán, tal y como avala la normativa autonómica. En porcentaje son el 14%.