Julio Basilio González, Ahmed Fofana, Silvia I. Herrera, Ofelia Amela... Las vidas que se esconden tras estos nombres tienen en común al menos una cosa. Son personas en situación administrativa irregular, lo que coloquialmente se conoce como sin papeles. Como consecuencia de esta circunstancia, provocada por su situación de desempleo, hace ahora justo un año que perdieron el derecho a la sanidad normalizada en España. Su atención gratuita sólo está garantizada en urgencias, parto y posparto. Sus casos, entre otros muchos, están documentados en la página web de la plataforma ciudadana Yo Sí Sanidad Universal, creada por profesionales y usuarios de la Sanidad para acreditar las consecuencias de una normativa que, según cálculos de la ONG Médicos del Mundo ha expulsado de la atención sanitaria a 873.000 personas residentes en España.
La primera estimación que se hizo hace un año cruzando datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Empleo situaba en 153.000 los inmigrantes en situación irregular que perderían su tarjeta sanitaria. Un año después, obtener cifras de las personas que en este tiempo han sido expulsadas del sistema, al margen de los que ofrecen las ONG, es complicado. El Ministerio de Sanidad, que fue quien puso en marcha esta medida, no ofrece datos. El departamento que dirige Ana Mato tampoco ofrece cifras sobre el "ahorro" que ha supuesto esta medida. Cuando se aprobó, el ahorro estimado era de unos 500 millones de euros.
El ministerio también fía la definición de las consecuencias de esta norma a las comunidades pues, recuerdan, la política sanitaria es una competencia transferida a las autonomías. Por ejemplo en Madrid, según se desprende de una respuesta por escrito del Gobierno regional tras una pregunta en la Asamblea, había diez meses depués de que entrara el vigor el decreto 39.099 personas sin derecho a la tarjeta sanitaria ordinaria.
Sin embargo, no todas han aplicado una norma que ha sido cuestionada incluso por el Tribunal Constitucional. La aplicación "asimétrica" y "desigual" de este decreto es uno de los elementos más criticados por las ONG. La voluntad del Gobierno es la de retirar la tarjeta a los inmigrantes en situación irregular y excluirlos de la atención normalizada en la red pública. Pero como la Sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas, los extranjeros que viven en situación irregular tienen cobertura según donde viven porque no todas las autonomías han seguido lo marcado por el decreto.
Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo, recuerda que las autonomías que se han declarado objetoras son Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias. Y que otras como Baleares y Castilla-La Mancha lo están cumpliendo "a rajatabla". Mikel Mazkiarán, secretario general de la federación estatal de SOS Racismo, señala que en otras –Navarra, Comunitat Valenciana y Galicia– o no está regulado o el acceso se fija condicionado a plazos de estancia que se deben acreditar por el empadronamiento. No obstante, asegura que "una parte importante de inmigrantes no están asistiendo en igualdad de condiciones a la asistencia sanitaria".
Los casos más repetidos
Hasta ahora, señala González, las situaciones más habituales detectadas por Médicos del Mundo han sido las de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos –incluido el cáncer– o que sufren interrupciones en sus tratamientos. En este último caso han documentado falta de insulina para la diabetes o Sintrom para las cardiopatías. También han registrado casos de pacientes con patologías transmisibles como VIH o tuberculosis para las que no se han activado los protocolos correspondientes. E incluso enfermedades mentales sin seguimiento. La exigencia de firmas de compromisos de pago o los intentos de facturación en urgencias ha sido otra de las situaciones más habituales constatadas por esta ONG.
Médicos del Mundo también ha documentado casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, niños a los que se ha negado la atención primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos antirechazo imprescindibles tras la operación a la que habían sido sometidos.
En este sentido, González recuerda que prestigiosos especialistas como Helena Legido-Quigley, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, o Santiago Moreno, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal, ya han alertado del previsible aumento de los contagios por VIH y tuberculosis como resultado de dejar sin atención y sin acceso a medicamentos a cerca del 2% de la población. Y asegura que la evidencia científica también constata que estas medidas no son eficaces a largo plazo desde el punto de vista económico. "El restraso en el diagnóstico lleva a un incremento de los costes", amplía.
Asimismo, Alejandra Calvo, participante de la plataforma Yo Si Sanidad Universal lamenta que se esté produciendo un avance "desde un modelo de atención universal hacia un modelo que sólo atiende a los que pagan".
Los opositores al decreto insisten en que esta norma "choca" con la Constitución española porque esta reconoce el “derecho a la protección de la salud” (artículo 43), con algunos Estatutos de autonomía que establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas” e incluso con tratados internacionales suscritos por España que defienden la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Defienden que no se puede confundir esta circunstancia con el turismo sanitario y que el ahorro no justifica una medida tan drástica. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la asistencia sanitaria abarca todos los bienes y servicios diseñados para promover la salud, incluyendo "intervenciones preventivas, curativas y paliativas, ya sean dirigidas a individuos o a poblaciones".
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Una seguro de entre 60 y 157 euros mensuales como alternativa
A lo largo de este año son varios los casos de afectados que han saltado a los medios. Uno de los que más repercusión ha tenido ha sido el de Alpha Pam, un inmigrante senegalés que falleció por tuberculosis por la supuesta falta de asistencia hospitalaria adecuada en Mallorca. Murió el 21 de abril en su casa, sin haberle diagnosticado la enfermedad. No recibió una asistencia hospitalaria adecuada ni fue objeto de las pruebas radiológicas que reclamó ante la persistencia de sus dolencias pulmonares. Un juez investiga si existen responsabilidades penales.
Como alternativa ante estos casos, el ministerio ofrece, aunque lo hace con un año de restraso pues el convenio entra en vigor este domingo, la posibilidad de que las personas afectadas suscriban una especie de seguro que les costará 60 euros al mes si tienen de 18 a 64 años y 157 si superan esa edad. No obstante, esta póliza sólo les da acceso a la cartera básica. Es decir, no tendrán derecho, por ejemplo, a la subvención de la medicación, el transporte sanitario no urgente o de las prótesis.
Libre intentó, sin éxito, recabar la versión del Ministerio de Sanidad. El pasado 29 de agosto envió por correo electrónico al gabinete de prensa del departamento una serie de cuestiones relacionadas la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. A pesar de que se confirmó la recepción del email, al cierre de esta edición, el gabinete no había contestado. Las preguntas son las siguientes:
- ¿Puede ofrecer el ministerio datos oficiales sobre el número de personas que han perdido la tarjeta sanitaria como consecuencia de su situación irregular desde que entró en vigor este Real Decreto-ley ?
- ¿Puede el ministerio ofrecer datos sobre el ahorro que ha supuesto para las arcas públicas la puesta en marcha de esta medida?
- Algunas ONG denuncian que, en las diferentes autonomías, hay una aplicación diferencia del Real Decreto-ley. ¿Qué control ejerce el ministerio para que se cumpla la norma tal y como está prevista?
- ONG también apuntan que esta medida ha provocado el aumento del gasto en urgencias y otras consecuencias negativas como fallos en el diagnóstico. ¿Tiene el ministerio constancia de estos hechos?