"Dotar de estabilidad a la política científica". Esa es la premisa de la que parte la moción que aprobó la semana pasada el Congreso de los Diputados, un texto apoyado por PP, PSOE y Ciudadanos –y que contó con la abstención de Podemos– que pide al Gobierno que promueva un "pacto por la ciencia". Y es que el sector científico y del I+D ha sido uno de los más afectados por la crisis: desde su inicio, la inversión estatal que ya era baja se ha reducido, y los científicos denuncian, además, la existencia de una legislación rígida y poco adecuada que dificulta atraer a investigadores extranjeros y desarrollar proyectos en España.
El inicio de la crisis económica, en 2008, y especialmente los recortes presupuestarios aprobados a partir del año 2010 también afectaron a las partidas dedicadas a la innovación. 2010 fue el año en el que se invirtió más –un 1,4% del PIB español–, y desde entonces la cantidad ha bajado más de un 10% hasta el 1,22% del PIB destinado a investigación en el año 2015. El objetivo de la UE para 2020 es que los 27 países que la integran destinen al menos un 2% de su PIB a la ciencia, por lo que si España se encontraba ya lejos de esa meta hace unos años, la situación no ha hecho más que agravarse.
La comparación de los datos y las cifras de inversión en I+D de España en relación a los países de su entorno es palmaria. En el año 2015, el último del que Eurostat recoge datos, España dedicó un 1,22% de su PIB al I+D, mientras que la media europea estuvo en el 2% y los líderes de la clasificación, Suecia, Austria y Dinamarca, invirtieron más del 3% de su riqueza en estas partidas –un 3,26% en el caso del primero de los tres países y un 3% en el caso del segundo y el tercero–. De los 28 estados de la Unión, España se sitúa en un discreto decimoséptimo puesto en nivel de inversión, por detrás de economías como la portuguesa (1,28% del PIB), la húngara (1,38%), la estonia (1,5%) o la eslovena (2,21%).
La inversión española se reparte prácticamente a partes iguales entre inversión pública y privada, algo que, según apunta el informe elaborado en 2016 por la Fundación Cotec –una entidad dedicada a promover la investigación–, supone una anomalía con respecto a la media europea, donde es el sector privado el que soporta la mayor parte del gasto en I+D. Esta falta de inversión se deja notar en el número de investigadores que trabajan en España: tal y como apunta Eurostat, en 2014 representaban el 0,53% de la población activa, por el 0,72% que eran de media en la UE. El país líder en esa estadística es Finlandia, donde un 1,42% de su población activa se dedica a investigar.
El efecto de esos datos se ha dejado notar en la valoración de la investigación española. El informe European Innovation Scoreboard 2016, elaborado por la Comisión Europea, sitúa el I+D de España en la posición 20 de 28. El país comparte grupo con Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Eslovaquia, países cuya investigación está entre un 10% y un 50% por debajo de la media europea. De entre todos los indicadores que se tienen en cuenta, España empeora la media de la UE en prácticamente todos, aunque con algunas excepciones: hay más ciudadanos con estudios superiores y marcas registradas a nivel comunitario que en la UE y los investigadores españoles publican artículos científicos en un número sensiblemente superior al de la media europea.
El principal problema, el dinero
Este último dato es uno de los que consiguen maquillar una situación que, en los últimos años, no ha hecho otra cosa que empeorar. Así lo confirma Luis Santamaría, investigador del CSIC y presidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE), que sitúa la falta de financiación como el problema número uno de la ciencia y la investigación en España. "Ya estábamos por debajo de la media antes, pero es que desde que empezó la crisis el recorte ha sido brutal en investigación y en personal", valora Santamaría, que asegura que "ahora, por investigador, hay menos dinero que hace veinte años". Y esos recortes, señala, han provocado que se hayan perdido grandes inversiones: "Para hacer ahorros de 200.000 euros, se han dejado caer edificios e instalaciones que han costado dos millones y que ahora costaría mucho reacondicionar", denuncia.
Por eso, para el científico, un pacto por la ciencia debería establecer en primer lugar "que la financiación [del I+D] no esté sujeta a los ciclos económicos, sino que se plantee en programas a largo plazo". Con él coincide Anxo Sánchez, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid especializado en la aplicación de las matemáticas en las ciencias sociales, que asegura que es "fundamental" que existan "presupuestos plurianuales, combinados con calendarios estables" para la asignación de proyectos. "Así funciona en Europa, que está inmersa en un programa entre 2014 y 2020 con 70.000 millones de euros comprometidos", explica el experto, que señala que, por el contrario, en España "las convocatorias se hacen irregularmente" y la inversión estatal varía año a año.
Ambos investigadores mencionan un segundo problema del I+D en España, en parte derivado de la escasa financiación: la dificultad de atraer a científicos del extranjero –incluidos españoles emigrados– por las peores condiciones con las que se encuentran en nuestro país y, además, por la rigidez de la legislación. "Por ejemplo, a un investigador extranjero le piden homologar su título en España, y ese es un proceso de año y medio, así que nadie sentado en Alemania va a plantearse venir a España", ejemplifica Santamaría. Y, además, "los sueldos son irrisorios" en comparación con los que se pagan en otros países europeos, afirman ambos investigadores: según Santamaría, en países como Suiza, los científicos pueden cobrar hasta cuatro veces más que en España.
Un modelo que no funciona
La financiación pública para investigación en los campus cae un 22% desde 2010 pese a que la UE aporta ahora más dinero
Por su parte, Sánchez hace hincapié en la necesidad de prescindir del "modelo funcionarial" a través del cual funciona, ahora mismo, la investigación pública. "Ahora, por ejemplo, a los puestos de catedrático o profesor titular [que, además de impartir docencia, también investigan en las universidades] se accede por oposiciones", un modelo que el investigador considera rígido porque no permite evaluar periódicamente a los científicos. "Es verdad que se habla mucho de desfuncionarizar el modelo, aunque no sé si sería mejor un modelo de evaluaciones periódicas", duda por su parte Santamaría, que no obstante se queja de que la rigidez de la legislación española "premia la antigüedad más que la calidad" de las investigaciones.
Además, señala, las instancias donde se "evalúan proyectos, programas y centros" y en las que se decide, entre otras cosas, el destino de la financiación pública, son "bastante endogámicas" y dependen "de un círculo muy reducido de gente en la que confía el Ministerio". Sánchez coincide, aunque apunta que en los próximos meses comenzará a operar la recién creada Agencia Estatal de Investigación –un organismo que se encargará de la financiación, evaluación, ejecución y seguimiento de los fondos para la I+D– y se muestra expectante sobre los cambios en el modelo que podría traer la entidad. Según el Ministerio de Economía, dará cumplimiento a reivindicaciones como los presupuestos plurianuales, pero Sánchez denuncia que "tendría que estar dirigida por investigadores y ser independiente, y en lugar de eso está metida la gente del Ministerio de Economía".
Por lo pronto, el pacto por la ciencia aprobado por el Congreso únicamente es una recomendación al Gobierno y no un compromiso firme y vinculante legalmente. La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, defendió hace unas semanas la importancia de llegar a un acuerdo al respecto. Pero sin dinero y financiación, recuerdan los investigadores, es imposible que obtener resultados. "Ahora estamos empezando a ver la caída en el rendimiento y la producción de los recortes de estos años", señala Santamaría. Y en los próximos años, apunta, la situación sólo se agravará si la política científica continúa por la misma senda.
"Dotar de estabilidad a la política científica". Esa es la premisa de la que parte la moción que aprobó la semana pasada el Congreso de los Diputados, un texto apoyado por PP, PSOE y Ciudadanos –y que contó con la abstención de Podemos– que pide al Gobierno que promueva un "pacto por la ciencia". Y es que el sector científico y del I+D ha sido uno de los más afectados por la crisis: desde su inicio, la inversión estatal que ya era baja se ha reducido, y los científicos denuncian, además, la existencia de una legislación rígida y poco adecuada que dificulta atraer a investigadores extranjeros y desarrollar proyectos en España.