Las tasas judiciales o la Ley de Seguridad Ciudadana pueden darle al Gobierno más de un dolor de cabeza ante Europa. Y es que el informe que han presentado este martes las organizaciones Rights International Spain (RIS) y Jueces para la Democracia ante la Comisión Europea denunciando las últimas reformas legislativas del Ejecutivo podría acarrearle una investigación por parte de la Comisión Europea, que tendría la capacidad incluso de exigirle la modificación o derogación de algunas leyes.
Este martes, la ONG Rights International Spain y la asociación judicial Jueces para la Democracia remitieron un informe acompañado de un escrito a la Comisión Europea denunciando el recorte que, a su juicio, ha sufrido el Estado de derecho en España a causa de la aprobación de normas como la Ley de Tasas Judiciales o la Ley de Seguridad Ciudadana. En este documento, los colectivos critican además que con la nueva Ley de Justicia Gratuita el número de personas que podrán beneficiarse del derecho a un abogado de oficio descenderá, y censuran la falta de medios y las interferencias políticas de las que, a su juicio, sufre la Justicia.
En su duro informe, RIS y Jueces para la Democracia piden al Ejecutivo comunitario que intensifique "su escrutinio sobre la situación" en nuestro país y apelan a la existencia de "un nuevo mecanismo europeo para salvaguardar el imperio de la ley contra amenazas sistémicas". La herramienta a la que se refieren fue aprobada por la UE en marzo de 2014 y plantea una serie de pasos a seguir para investigar a un país miembro cuyas actividades supongan "una amenaza sistémica para el imperio de la ley y, por ende, para el funcionamiento de la UE como un área de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores".
Tres fases
La intención de estas organizaciones es que la Comisión Europea ponga en marcha este mecanismo "por primera vez" desde que fue aprobado, tal y como remarca Lydia Vicente, directora de RIS. Y la carta enviada a la Comisión va en esta dirección, ya que propone acciones concretas para cada una de las leyes denunciadas, como la derogación de la Ley de Tasas Judiciales, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal o la retirada del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El procedimiento consta de tres pasos, si bien la potestad de abrirlo está sólo en manos de la Comisión Europea si considera que el Gobierno está "tomando medidas o tolerando situaciones que puedan afectar sistemáticamente la integridad, la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones", así como perjudicar al Estado de derecho. Si una vez recibido el informe el Ejecutivo comunitario considera que debe abrir una investigación, el mecanismo de la UE señala que deberá "recopilar y examinar toda la información relevante y evaluar si hay indicaciones claras" de infracción.
Estos datos a estudiar provendrían, principalmente, del Consejo de Europa –una organización de 47 Estados europeos que vigila la defensa de los derechos humanos en el continente– y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE. Si una vez recogida y analizada la información la Comisión viera indicios de amenaza al imperio de la ley, elaboraría un informe confidencial que remitiría a España para que realizase alegaciones sobre lase leyes por las que se le interpelase.
"Ataques frontales clarísimos a los valores de la UE"
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Una vez superada esta primera etapa, habría dos opciones. Si la Comisión quedase satisfecha con las explicaciones de las autoridades españolas, el proceso quedaría cerrado y no se haría público; por contra, si el Ejecutivo comunitario considerase que existen amenazas contra el Estado de derecho que España no está tratando de solucionar, debería elaborar un nuevo escrito –que esta vez sí estaría a disposición de los ciudadanos– con una serie de "recomendaciones", que podrían incluir medidas concretas a tomar en un plazo de tiempo determinado.
Estas medidas deberían ser implementadas por el Gobierno bajo la supervisión de la UE, que tendría capacidad sancionadora en caso de que no se cumpliese su mandato. El mecanismo permite a la Comisión, llegado este momento, activar "uno de los mecanismos recogidos en el Artículo 7 del Tratado de la UE", que contempla la suspensión de "determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto". En cualquier caso, Lydia Vicente asegura que esta medida sólo se tomaría en una situación muy extrema, si bien critica que España "ha hecho caso omiso" de las críticas de la ONU, que mostró hace unos meses su "frontal rechazo" a Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la reforma antiterrorista aprobadas por el Gobierno.
En cualquier caso, la directora de RIS explica que también han remitido su informe al Consejo de Europa y la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, y se muestra convencida de que –si la Comisión se decide a abrir una investigación– la información que proporcionen estas instituciones provocará que el Ejecutivo comunitario mantenga abierto el proceso, ya que a su juicio las leyes que denuncian "son ataques frontales clarísimos a los valores de la UE". En este sentido, Vicente asegura que RIS y Jueces para la Democracia también han pedido a la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo que dedique una sesión monográfica a la posible violación de estas libertades en España.
Las tasas judiciales o la Ley de Seguridad Ciudadana pueden darle al Gobierno más de un dolor de cabeza ante Europa. Y es que el informe que han presentado este martes las organizaciones Rights International Spain (RIS) y Jueces para la Democracia ante la Comisión Europea denunciando las últimas reformas legislativas del Ejecutivo podría acarrearle una investigación por parte de la Comisión Europea, que tendría la capacidad incluso de exigirle la modificación o derogación de algunas leyes.