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La investigación sitúa al exasesor de Ábalos al frente de la trama de mordidas a contratos de 53 millones

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La investigación de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil sitúa a Koldo García Izaguirrre, el que fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y a otro socio suyo como cabecillas de la trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos valorados en 53 millones de euros suscritos por administraciones públicas para adquirir material sanitario durante la pandemia de covid-19.

Según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, Koldo García y un socio suyo, Víctor de Aldama, serían los líderes de este entramado. Este último es presidente del Zamora Club de Fútbol y está relacionado con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, situada en Zaragoza y también relacionada con este presunto caso de corrupción.

A los dos les une una larga amistad y habrían disfrutado de un alto nivel de vida, investigándose si esto guarda relación con las mordidas. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tiene previsto tomar declaración a entre seis y siete de los 20 detenidos, entre los que figuran tanto Koldo García como Víctor de Aldama.

En la operación también ha sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) otro empresario vinculado a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, José Ángel E., aunque fue puesto en libertad, al igual que ocurrió con la mujer de Koldo García, que también quedó en libertad tras su arresto.

Contratos con ministerios y comunidades

Las citadas fuentes han apuntado que la presunta trama se centraba en intermediar en contratos durante la pandemia de covid-19 de material que fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias.

Se trata de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que dirige el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que autorizó este martes el arresto de 20 personas y alrededor de 26 registros domiciliarios o requerimientos.

Según ha informado la Fiscalía en una nota de prensa, las diligencias practicadas —declaradas secretas— afectan a varias provincias españolas y guardan relación con presuntos hechos delictivos asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, relativos a la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones.

Fuentes de la investigación han asegurado a Europa Press que entre los detenidos no figura ningún cargo público, ya que las diligencias se centran sobre el papel como intermediarios de Koldo García y su socio.

Koldo, asesor de Ábalos con perfil polémico

Koldo García Izaguirre fue asesor de José Luis Ábalos en la etapa de este último como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes. Con anterioridad fue concejal del Partido Socialista de Navarra en Huarte.

Su papel como persona cercana a Ábalos fue objeto de varias polémicas, entre ellas su participación en el encuentro en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, motivo por el que la oposición pidió explicaciones en el Congreso.

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Este asesor fue nombrado por Ábalos consejero de Renfe Mercancías, entre otros cargos, una de las empresas que dependen del Ministerio de Transportes y cuyos contratos durante la pandemia son objeto ahora de investigaciones por las presuntas mordidas que habrían cobrado algunos intermediarios.

José Luis Ábalos fue ministro de Fomento entre 2018 y 2021, etapa en la que compaginó el cargo con el de secretario de Organización del PSOE, con Pedro Sánchez como secretario general del partido. Actualmente es diputado y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso.

Preguntado este miércoles por esta operación, Ábalos se ha declarado "estupefacto" y "muy decepcionado" y ha defendido su gestión al frente del Ministerio de Transportes.

La investigación de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil sitúa a Koldo García Izaguirrre, el que fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y a otro socio suyo como cabecillas de la trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos valorados en 53 millones de euros suscritos por administraciones públicas para adquirir material sanitario durante la pandemia de covid-19.

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