Una magistrada progresista, feminista y miembro de la minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia, pero propuesta por el sector conservador. Esta ha sido la solución que han encontrado los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial para deshacer el bloqueo y nombrar a la primera presidenta del Tribunal Supremo de la historia de la justicia española tras cuatro reuniones en las que ninguna de las candidatas había recibido los 12 apoyos necesarios. Perelló se hace con el cargo con un quórum netamente superior, 16 votos. Tendrá por delante una tarea difícil: recuperar la credibilidad de un órgano con una imagen por los suelos tras más de cinco años en los que el PP ha bloqueado sistemáticamente su renovación. También empezar de forma inmediata con los nombramientos, frenados debido a la parálisis en la designación de los nuevos vocales y de su presidenta. En total son 98 las plazas de libre designación a cubrir, de ellas, 26 en el Tribunal Supremo.
El nombramiento de Perelló llega in extremis y a solo 48 horas de la apertura del año judicial que cada inicio de curso preside el rey. Los vocales de ambas sensibilidades se habían impuesto esa fecha para llegar a un acuerdo ante el ridículo que supondría llegar a ese acto solemne, de gran simbolismo en la judicatura, con un presidente interino. En la elección, los progresistas consiguen varios de sus postulados. En primer lugar, que una mujer ocupe el cargo, algo que los vocales propuestos por el PP rechazaron en un principio al apoyar sin fisuras al magistrado de la Sala de lo Contencioso del Supremo Pablo Lucas. También que la candidata seleccionada tenga una sensibilidad afín (es miembro de JJpD). A cambio, los conservadores han conseguido que la finalmente designada haya sido propuesta por ellos, tras bloquear sistemáticamente a Pilar Teso y Ana Ferrer, las preferidas por los consejeros a propuesta del PSOE y Sumar.
En su trayectoria como magistrada de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Perelló ha sido ponente de sentencias contrarias al Gobierno, como la que dio la razón a la Comunidad de Madrid y anuló el pasado mayo las ayudas directas del Gobierno a País Vasco, Extremadura y Comunidad Valenciana, concedidas en 2021 con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinados a reactivar la economía tras la pandemia de covid. También fue quien redactó la resolución que, en agosto de 2023, rechazó la petición del PSOE de recontar los votos nulos de las generales de ese año en Madrid para intentar disputar un escaño que, tras el conteo de los electores residentes en el extranjero, fue a parar al PP por una diferencia de solo 1.323 sufragios.
Pero al mismo tiempo ha mantenido posiciones netamente progresistas, como que tenía que ser el banco y no el comprador de una casa quien debe pagar el impuesto de las hipotecas (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). La Sala de lo Contencioso, sin embargo, decidió en uno de los Plenos más duros que se recuerdan en contra de su criterio en 2018 y cambió la postura del alto tribunal para que fuera el cliente y no las entidades bancarias quien lo abonase.
Considerada cercana a la ministra de Defensa Margarita Robles, magistrada como ella de la Sala de lo Contencioso -aunque esta en excedencia desde su entrada en el Gobierno- firmó junto a ella y la compañera de ambas Celsa Picó un manifiesto en 2014, nada más nombrarse el anterior Consejo, en el que reprochaban a su presidente, entonces Carlos Lesmes, que se dirigiera únicamente "a los hombres magistrados" pese a que las mujeres son mayoría en la judicatura. Las tres juezas consideraban que el antecesor de Perelló en el cargo utilizó un lenguaje machista en la carta que envió a toda la carrera judicial tras su nombramiento. Su comunicado recordaba que la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, establecía como criterio de actuación "la implantación de un lenguaje no sexista" y "su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas".
Pese a formar parte de JJpD, Perelló tiene buena relación con el vocal conservador que lleva la voz cantante en el nuevo Consejo, José Antonio Montero, del que es compañera de Sala y con el que comparte que ambos llegaron juntos al Supremo en 2009. Los dos fueron aupados al alto tribunal por el Consejo nombrado en 2008, liderado de facto por el tándem formado por Robles y el conservador Manuel Almenar. Para los consejeros a propuesta del PP, la victoria de la designación de Perelló es haber conseguido fracturar la unidad de los propuestos por el PSOE y Sumar. Cuatro de estos últimos mantuvieron su voto a la candidata que hasta ayer tenía todos los apoyos entre los de esa sensibilidad, la magistrada de la Sala de lo Penal Ana Ferrer.
A pesar de haber sido propuesta por el sector conservador, la carrera profesional de Perelló siempre ha estado apoyada por el sector progresista del Poder Judicial. La última vez, en 2022, cuando los miembros de esa sensibilidad del órgano de gobierno de los jueces la propusieron junto a ocho nombres más para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional. Finalmente, la elegida fue su compañera de la Sala de lo Social del Supremo Maria Luisa Segoviano. Perelló también tiene experiencia en el tribunal de garantías, en el que trabajó como letrada entre 1993 y 2003.
Las asociaciones judiciales ven un éxito la elección de Perelló: "Rompe un techo de cristal histórico"
Ingresada en la carrera judicial en 1985, ocupó destinos en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Maó (Menorca) y en la Audiencia Provincial de Barcelona. Perelló es especialista en lo contencioso-administrativo desde 1991. Desde entonces ha pasado por la Sala de esa jurisdicción en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1991-1992) y en la de la Audiencia Nacional (1993-1994 y 2001-2009). Desde su ascenso al Supremo, pertenece a la sección tercera de lo Contencioso, la dedicada a materias como competencia, instalaciones de energías renovables, regulación eléctrica, órganos reguladores y contratos administrativos y de seguridad social, entre otras.
Fuentes progresistas del Supremo valoran la elección como una buena salida ante el veto de los vocales de derechas a Teso, que ya había sonado como candidata a la presidencia durante la fallida negociación para la renovación del Consejo entre el PSOE y el PP de 2022 y era percibida por los conservadores como la preferida del ministro Bolaños y Esteban González Pons-. El veto se extendió después a Ferrer y a la también candidata progresista Ángeles Huet. Esas mismas fuentes subrayan el valor de que, finalmente, hayan sido los vocales y no los partidos los que hayan designado a la nueva presidenta "como procede, según la ley" y en contra de cómo se había hecho hasta ahora.
El Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y ahora el CGPJ y el Supremo. Con la designación de Perelló, las mujeres han conseguido llegar a las más altas cotas de poder de los principales órganos constitucionales electivos, rompiendo "un techo de cristal histórico", según las diferentes asociaciones judiciales. De todos ellos solo se resiste uno: la Presidencia del Gobierno.
Una magistrada progresista, feminista y miembro de la minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia, pero propuesta por el sector conservador. Esta ha sido la solución que han encontrado los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial para deshacer el bloqueo y nombrar a la primera presidenta del Tribunal Supremo de la historia de la justicia española tras cuatro reuniones en las que ninguna de las candidatas había recibido los 12 apoyos necesarios. Perelló se hace con el cargo con un quórum netamente superior, 16 votos. Tendrá por delante una tarea difícil: recuperar la credibilidad de un órgano con una imagen por los suelos tras más de cinco años en los que el PP ha bloqueado sistemáticamente su renovación. También empezar de forma inmediata con los nombramientos, frenados debido a la parálisis en la designación de los nuevos vocales y de su presidenta. En total son 98 las plazas de libre designación a cubrir, de ellas, 26 en el Tribunal Supremo.