La Coordinadora Federal Izquierda Unida (IU) aprobó por unanimidad una resolución presentada por la federación de Aragón para exigir la absolución de Raquel Tenías Barón, una mujer que se enfrenta a cuatro años de cárcel, solicitados por la Fiscalía, por los supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad durante las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014 en Madrid.
El texto aprobado durante su reunión celebrada en la sede federal de IU incluye que esta organización se sume "a la amplia campaña de solidaridad" con Raquel que se desarrolla desde hace tiempo en Zaragoza, con iniciativas que incluyen "la recogida de más de 20.000 firmas, miles de muestras explícitas de cariño y solidaridad, así como cientos de fotos de apoyo movidas en las redes", según explicó la formación.
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El partido señaló que, el objetivo es dar "un último impulso a nivel estatal" a la campaña que están haciendo sus compañeros de Aragón y justo antes de que se celebre la vista oral, el próximo 25 de noviembre en Madrid.
A través de un comunicado, IU indicó que "siempre ha defendido la inocencia de esta madre de 41 años, que pasó cerca de 72 horas retenida en la comisaría de Moratalaz (Madrid) tras su arbitraria detención sin prueba concreta alguna y que, más de dos años después, siguen sin aparecer".
"Podríamos haber sido cualquiera de nosotros y nosotras. Raquel es madre de un hijo de 14 años y nunca se ha visto en ninguna situación violenta. Es una trabajadora como cualquiera de nosotras. Es una persona conocida y querida en la ciudad, vinculada al movimiento asociativo vecinal -ha sido miembro de la Ejecutiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Zaragoza- y a gran parte del movimiento social y político de Zaragoza y Aragón", señala la resolución aprobada.
La Coordinadora Federal Izquierda Unida (IU) aprobó por unanimidad una resolución presentada por la federación de Aragón para exigir la absolución de Raquel Tenías Barón, una mujer que se enfrenta a cuatro años de cárcel, solicitados por la Fiscalía, por los supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad durante las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014 en Madrid.