Izquierda Unida ha dirigido un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que le reclama la apertura de una investigación a las grandes empresas y entidades de crédito españolas que operan en paraísos fiscales de la Unión Europea con el fin de determinar si cumplen con sus obligaciones tributarias.
En el escrito, registrado este miércoles ante la Fiscalía General por el coordinador federal de IU, Cayo Lara, la coalición de izquierdas recuerda que, según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el dinero defraudado al Fisco en España asciende a unos 44.000 millones de euros, de los que las tres cuartas partes se localiza en las empresas de mayor tamaño.
A su juicio, esto demuestra la necesidad de una investigación "exhaustiva" de las grandes fortunas y grandes empresas españolas, "dado que su actividad pudiera ser constitutiva de fraude fiscal", y recuerda al fiscal general su misión de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público".
IU recuerda que "un numeroso grupo" de grandes sociedad españolas recurren "de manera constante" a la emisión de instrumentos financieros desde paraísos fiscales, entre los que destaca Luxemburgo, a través de la constitución de una sociedad filial en este país desde la que se realiza la emisión. Sin embargo, precisa que estas entidades españolas no están exentas de tributar por las ganancias obtenidas por esas emisiones, que deben declararlas ante la Agencia Tributaria.
Además, señala a otros territorios como Gibraltar, las islas británicas del Canal de la Mancha y Liechtenstein, que no se utilizan para realizar emisiones sino para constituir en ellos filiales o desviar ilegalmente dinero. IU insiste en esto tampoco exime a las entidades de crédito españolas que operan en estos territorios el deber de colaborar con la AEAT "para evitar que la operativa desde estos territorios sea un instrumento de defraudación de la Hacienda Pública".
Por todo ello, la formación pide a la Fiscalía General la adopción de diligencias como la petición a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de una relación completa de las entidades sometidas a su supervisión que han realizado emisiones de instrumentos financieros desde Luxemburgo para después hacer una revisión "completa y exhaustiva" de sus declaraciones de impuestos de sociedades para comprobar si han tributado correctamente los beneficios obtenidos por estas emisiones.
Además, pide que se requiera a todas las entidades de crédito españolas que tengan sucursales en los paraísos fiscales para que aporten documentación completa de las operaciones realizadas y después revisar también sus declaraciones a la Agencia Tributaria y "comprobar si éstas han tributado correctamente los beneficios obtenidos".
"De acreditarse la realidad de estos hechos estaríamos ante la comisión a gran escala de delitos tipificados en el Código Penal como de evasión de capital, falsedad de documentos públicos, fraude fiscal, entre otros, además de infracciones previstas en la legislación tributaria, la legislación sobre contratación pública y la financiación de partidos políticos", sostiene.
Los paraísos fiscales británicos y Singapur llevan cuatro años sin colaborar en el caso ‘Gürtel’
Paraísos fiscales, parte del sistema
La denuncia ha sido anunciada por el candidato de IU al Parlamento Europeo, Willy Meyer, quien ha advertido de que estamos ante un crimen contra la humanidad que podría resolver asuntos como la alimentación, la sanidad, la educación o el bienestar de la gente. "Intentar que cada uno de estos paraísos fiscales desaparezcan para que todos estos recursos vayan a Europa", ha defendido.
Sin embargo, ha lamentado que el actual modelo europeo "necesita de los paraísos fiscales" porque "forman parte del sistema" y ha propuesto "apostar por otro modelo productivo". "Lo podríamos acorralar y acabar con esta lacra que es un crimen contra la humanidad", ha animado durante su intervención en el Fórum Europa.
Izquierda Unida ha dirigido un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que le reclama la apertura de una investigación a las grandes empresas y entidades de crédito españolas que operan en paraísos fiscales de la Unión Europea con el fin de determinar si cumplen con sus obligaciones tributarias.