Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han registrado este jueves una comisión de investigación para analizar las posibles irregularidades en los contratos celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con el covid-19 en la Comunidad de Madrid, ha recogido Europa Press.
Así lo han hecho los grupos después tras el supuesto espionaje al hermano de Ayuso que se habría acometido desde la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid con el que intentarían acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha indicado que el movimiento del PP es indicativo de que se tiene que investigar este caso "en una comisión parlamentaria y den las explicaciones sobre lo que está pasando".
Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, también ha señalado como necesario que se investiguen específicamente aquellos contratos que el propio PP "está poniendo en duda". "Es bastante grave esta guerra abierta. Dejan al margen los intereses de los ciudadanos con un clima de chantaje, espionaje y enfrentamientos", ha lanzado.
Desde Unidas Podemos, su portavoz, Carolina Alonso, ha lamentado que los madrileños tengan un Gobierno regional que se parezca tanto "a la mafia siciliana" y ha indicado que quieren conocer si se han utilizado recursos públicos para su espionaje interno.
Por su parte, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este jueves que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus familiares.
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El pasado mes de diciembre avisaron a la presidenta madrileña de que una agencia de detectives había recibido el encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.
Martínez-Almeida ha expuesto que se realizó un "análisis de la contratación de la EMVS los dos últimos años para determinar si el detective o la empresa para la que trabaja ha tenido un contrato con la EMVS, y no hay contrato ni con la EMVS ni con el detective ni con la empresa para la que trabaja", ha apostillado.
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Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han registrado este jueves una comisión de investigación para analizar las posibles irregularidades en los contratos celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con el covid-19 en la Comunidad de Madrid, ha recogido Europa Press.