Miguel Ángel Miranda es padre de dos hijos. Uno de ellos está escolarizado en un centro público del municipio soriano de Ólvega, en el que viven algo más de 3.000 habitantes. Lleva, desde hace poco más de una semana, concentrándose diariamente a las puertas de la escuela. No lo hace solo. Algunos padres y madres de otros alumnos también le acompañan. Y la misma escena se produce en otros colegios de otras provincias de Castilla y León.
Lo hacen para reclamar la jornada continua para sus hijos, una medida excepcional que exigen con motivo de la pandemia. Con ella, argumentan, las entradas y salidas del centro se reducirían de cuatro a dos. Las aglomeraciones en la puerta, de este modo, se limitarían. Sin embargo, como la jornada partida que tienen actualmente la votaron las propias familias, la Junta les ha hecho "caso omiso". Pero lo que dice Miguel Ángel es que esa votación se produjo en enero, mucho antes de poder llegar a imaginar que el covid-19 condicionaría la vida de los españoles durante todo 2020. Lo cierto es que el debate entre la idoneidad de la jornada continuada o la jornada partida en los colegios no es nuevo. Lo que pasa es que el coronavirus lo ha azuzado.
Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, explica a infoLibre que las comunidades autónomas —competentes en materia educativa— son las que establecen las órdenes para que un colegio pueda solicitar una jornada determinada. Tal y como afirma desde el otro lado del teléfono, la mayoría de ellas exige una serie de requisitos para que la misma se modifique. Por ejemplo, la modificación tiene que ser solicitada por el consejo escolar, pero debe contar con el apoyo mayoritario de los padres y madres de los alumnos. Es lo que ocurre en Castilla y León. Tal y como dice Miguel Ángel, el tipo de jornada que hay en cada curso se vota el año anterior. Y se hace por centros. En el suyo, como de costumbre, los padres y madres decidieron que el 2020-2021 tendría jornada partida. Muchos hicieron lo mismo. Pero desconocían lo que se avecinaba. Así que quieren que les dejen, al menos, volver a decidir. "Ahora todo el mundo quiere jornada continua y no nos dan la opción de votar ni la Junta lo cambia por decreto", lamenta.
El Gobierno autonómico ya argumentó a finales de septiembre la negativa a atender la solicitud de los padres. Según esgrimió el vicepresidente, Francisco Igea (Cs), "ninguno" de los colegios que habían reclamado el cambio de la jornada partida a la continuada —que fueron seis— había presentado la solicitud conforme al proceso requerido. infoLibre se puso en contacto con la Consejería de Educación del Gobierno autonómico para conocer si había cambiado de opinión, pero al cierre de este artículo todavía no había recibido respuesta.
Los padres y madres que demandan la medida, por ahora, cuentan con el apoyo del PSOE y de Podemos. Fernando Pablos, portavoz de Educación del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, ya escribió una carta a la Consejería para que "de forma excepcional, mientras dure la pandemia actual, se actúe con flexibilidad y se permita instaurar la jornada lectiva continua en aquellos centros escolares tanto públicos como concertados donde exista constancia fehaciente de un respaldo mayoritario de la comunidad educativa a esta medida". El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, aseguró por su parte que "lo lógico es que la Junta imponga la jornada continua".
La diferente actuación autonómica
¿Podría "imponerla"? Hay comunidades que lo han hecho. Una es Navarra. Tal y como anunció su consejero de Educación, Carlos Gimeno Gurpegui (PSN-PSOE), "independientemente del tipo de jornada" que tuviera el centro educativo, "todos los centros de la Comunidad Foral de Navarra trabajarán en jornada continua a partir de octubre". Otra es Aragón. Su consejero, Felipe Faci (PSOE), aseguró que la medida de establecer el horario de las escuelas de 9.00 a 14.00 horas es una recomendación sanitaria que "no obedece a otras reclamaciones". La definió como "medida de seguridad".
Hay otras autonomías que han actuado de la manera contraria. Tal y como indica Loranca, que ha recopilado información de sus compañeros de otras comunidades, en Cataluña, Comunitat Valenciana y Euskadi se han denegado las solicitudes de los centros que querían pasar de la jornada partida a la continua. "Para ellas la pandemia no ha cambiado nada", lamenta. Y muchos padres han mostrado su disconformidad. En el País Vasco, por ejemplo, se agrupan en torno a la Plataforma por la Defensa de la Jornada Continua en Euskadi, un movimiento que aglutina a unas 1.800 familias de las Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
Otras comunidades, continúa, se han situado en una posición a medio camino: ni han tomado una decisión de manera unilateral ni han impedido que se cumpla la voluntad de las escuelas. Es el caso, por ejemplo, de Madrid. Según recuerda a este diario su Consejería de Educación, la orden de vuelta al cole en los colegios de la comunidad recogía que "se posibilitará una flexibilización de horarios y de asignaturas para reducir la exposición de los alumnos en los centros". "Esto hace posible que los centros que así lo decidan puedan pasar de jornada partida a jornada continua de forma excepcional para reducir las entradas y las salidas. Es una medida que pueden o no adoptar los propios centros educativos, dentro de su autonomía", explican fuentes del departamento de Enrique Ossorio (PP). En resumen: deja de haber tantos requisitos para que se apruebe el cambio de jornada.
En Galicia han hecho algo parecido, según informa su Consellería. "En el contexto de la adaptación al covid-19 fueron varios los centros educativos que solicitaron ante la correspondiente Jefatura Territorial la adecuación de su horario a la situación del centro como una medida excepcional. En cualquier caso, la autorización tendrá carácter excepcional y duración limitada al período vinculado a la pandemia", aclaran fuentes del departamento a infoLibre. Los únicos requisitos impuestos son que la modificación de jornada no suponga una reducción de las horas lectivas ni que condicione los servicios de transporte y comedor.
En otras como Andalucía y La Rioja ha sido diferente. Fuentes de sus respectivos departamentos de Educación aclaran a este diario que la jornada continuada está ya muy implantada en las escuelas de su comunidad y que, por este motivo, no han tenido que hacer frente a esta problemática. "Quedan una docena de centros concertados que siguen haciendo partida, y la solución adoptada fue ofrecerles de forma excepcional el paso a continua durante la pandemia, siempre y cuando ellos se pongan de acuerdo con sus familias", indican desde La Rioja. Desde Andalucía, por su parte, recuerdan que el cambio tiene que llegar desde los consejos escolares de cada centro. En Castilla- La Mancha y Extremadura, según Loranca, ha ocurrido lo mismo. Allí, informa, la jornada partida es la excepción.
Los sindicatos están a favor de la jornada continua, pero Ceapa duda
Lo cierto es que el debate no es nuevo. La elección entre jornada continuada o partida en los colegios parece cuestión de a quién se le pregunte. Sobre todo teniendo en cuenta que, hasta ahora, no ha habido ningún estudio concluyente que apueste de manera tajante por uno de los dos modelos por motivos pedagógicos. Por eso hay diversidad de opiniones. Para los sindicatos, por ejemplo, la jornada continua es lo más positivo. Y más ahora. Así lo entiende Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. "La jornada partida es una magnífica oportunidad para que los grupos estables dejen de ser grupos estables", critica. Argumenta que el comedor y los recreos entre la jornada de mañana y la de tarde mezclan a los alumnos y rompen, por tanto, los grupos burbuja por los que tanto se ha apostado.
Loranca coincide con él. "Nosotros creemos que en estos momentos se debería haber hecho una apuesta por limitar la presencialidad y por reducir también las entradas y salidas. Y eso se consigue con la jornada continua", afirma.
Sin embargo, laConfederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) no lo tiene tan claro. Mari Carmen Morillas, portavoz de la organización, admite que es un tema complejo y sobre el que no se puede opinar sin tener en cuenta la casuística de cada autonomía. Sin embargo, reconoce que le genera dudas que los cambios de jornada se justifiquen exclusivamente por motivos sanitarios. Tal y como opina, que la jornada sea continuada no reduce las horas lectivas de los alumnos, que pasarán en el centro el mismo tiempo. Por eso, más que este aspecto, sostiene que lo que hay que hacer es garantizar las medidas higiénicosanitarias necesarias.
E incide en otra cosa: la flexibilización de los criterios para que los centros educativos puedan decidir el tipo de jornada es problemático porque no se cuenta con la opinión de los padres y madres de los alumnos. "Ahora mismo, un equipo directivo, por ejemplo de Madrid, puede decidir el cambio sin que las familias opinen, así que habrá algunas que ya tenían hecha su organización familiar y que la verán trastocada", lamenta. Y eso afecta a la conciliación.
Los colegios como instrumento para conciliar... cuando no deberían
El aspecto introducido por Morillas tampoco debe perderse de vista. Tal y como afirma ella misma, y como coinciden García y Loranca, no se puede obviar que los colegios cumplen una función básica en la conciliación entre la vida laboral y familiar de los padres y madres. Aunque las escuelas no estén pensadas para eso ni sea esa su función principal, recalcan todos.
La pandemia de coronavirus puso de relieve que España tiene un grave problema de conciliación que sufren, sobre todo, las mujeres, que se encargan del 70% de las tareas de cuidados. El cierre de colegios mostró que, sin ellos, resulta casi imposible conciliar, aunque los padres o madres puedan teletrabajar. La vuelta al cole parecía la oportunidad perfecta para acabar con el problema. Pero tal y como dice Morillas, el cambio de la jornada puede estropearlo todo. Sin embargo, insisten los sindicatos, no debería. Las políticas de conciliación deben existir siempre, dicen. Con o sin pandemia y con o sin cambios de jornadas por situaciones excepcionales como esta.
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"Ya sabemos que los centros educativos juegan un papel importante en la conciliación, pero no es su objetivo. Se debería haber haber producido un diseño de políticas para la conciliación en el que tendrían que haber participado las administraciones y las empresas", critica Loranca. "Medidas de conciliación tiene que haber siempre, y esto [la pandemia] debería servir para tomarse en serio hablar de ello", continúa.
García también denuncia que "poner a los colegios en el centro del debate de la conciliación pone de manifiesto la inexistencia de políticas de conciliación". "Cuando los centros educativos se convierten en el último recurso para la conciliación es porque no hay otra cosa. En otros países de nuestro entorno sí hay políticas que no la hacen gravitar sobre las escuelas. Es que aquí desvirtuamos para qué está pensado el sistema educativo", se queja.
Para acabar con el problema, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció el pasado mes de junio que impulsará, junto al Ministerio de Trabajo, una Ley de Tiempo Corresponsable con el objetivo de garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Tal y como dijo durante su comparecencia en la Comisión de la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso para debatir propuestas que aceleren la recuperación de España tras la crisis por la pandemia, en España los cuidados no pueden sostenerse "en una legión de abuelos y abuelas y en las escuelas".