El órgano de gobierno de los jueces desbloquea la renovación del Tribunal Constitucional. En un nuevo Pleno extraordinario celebrado este martes, los vocales han acordado designar al presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa, y a la expresidenta de la Sala Cuarta María Luisa Segoviano como nuevos magistrados de la corte de garantías. El nombramiento de ambos, propuestos por el bloque conservador, ha salido adelante por unanimidad, lo que implica que el sector progresista ha renunciado al que había sido su candidato desde el primer momento: José Manuel Bandrés, miembro fundador de Jueces para la Democracia (JJpD) y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. Una renuncia que se ha producido, señalan fuentes jurídicas, por "sentido institucional".
Un tercio de los miembros del Constitucional –Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol– llevaban con el mandato caducado desde el pasado mes de junio. En este caso, era el Gobierno y el Poder Judicial quienes tenían que designar a los sustitutos de este tercio. El primero puso sobre la mesa a sus elegidos a finales de noviembre: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Pero en el órgano de gobierno de los jueces el bloque conservador ha ido dilatando todo lo posible las designaciones, lo que mantenía bloqueada la renovación. Ahora, con el acuerdo alcanzado, el Constitucional se encamina a una mayoría de sensibilidad progresista.
Tolosa, al que se encuadra en el ala conservadora de la magistratura, ingresó en la Carrera Judicial en 1982. Tras su paso por diferentes juzgados de Guadalajara, Ávila, Palma o Santander, se incorporó a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, del que fue presidente. En 2014, fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo, donde ha sido desde hace un par de años presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
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Segoviano, de tendencia progresista, entró en la Carrera Judicial en 1987. Tras su paso por el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Bilbao y el Juzgado de lo Social nº1 de Valladolid, fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En 2006, entró al Supremo como magistrada de la Sala Cuarta, de la que fue nombrada presidenta en octubre de 2020, convirtiéndose de esta manera en la primera mujer en presidir una sala del Alto Tribunal.
El acuerdo llega en medio de una crisis institucional sin precedentes que tenía su origen en el bloqueo del Constitucional. De hecho, tanto PSOE como Unidas Podemos tenían previsto presentar de forma inminente una nueva proposición de Ley con la reforma legal ideada para propiciar la renovación del máximo intérprete de la Ley Fundamental, unos cambios normativos que el propio TC se encargó de paralizar antes de que recibieran el visto bueno definitivo del Senado. La idea del Gobierno era llevar esta reforma al Congreso de los Diputados a través de los grupos en cuanto tuvieran las argumentaciones del Constitucional.
Poco antes de conocerse el acuerdo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el tema en una rueda de prensa en La Moncloa para hacer balance del año. El dirigente socialista rebajó la "urgencia" de aprobar la reforma en el caso de que el órgano de gobierno de los jueces llegara a un acuerdo este martes por la tarde, como así ha ocurrido finalmente.
El órgano de gobierno de los jueces desbloquea la renovación del Tribunal Constitucional. En un nuevo Pleno extraordinario celebrado este martes, los vocales han acordado designar al presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa, y a la expresidenta de la Sala Cuarta María Luisa Segoviano como nuevos magistrados de la corte de garantías. El nombramiento de ambos, propuestos por el bloque conservador, ha salido adelante por unanimidad, lo que implica que el sector progresista ha renunciado al que había sido su candidato desde el primer momento: José Manuel Bandrés, miembro fundador de Jueces para la Democracia (JJpD) y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. Una renuncia que se ha producido, señalan fuentes jurídicas, por "sentido institucional".