El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) su exposición razonada en torno a los indicios que pesan sobre el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, vinculados a las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.
Según el magistrado, existen "indicios racionales" de que Camps y Barberá cometieron delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y falsedad en documento oficial y concluye que ambos habrían adjudicado a dedo los contratos que firmaron Iñaki urdangarin y su exsocio Diego Torres.
En el auto que dictó este miércoles para proponer al TSJCV que asumiera la competencia para instruir esta parte del caso Nóos, el juez ya apuntaba a la "decisiva e imputable intervención" de ambas autoridades, quienes debido a su condición de aforados deberán ser investigados por el TSJCV, en caso de que éste finalmente admita la competencia para ello.
El magistrado, que ya acordó una fianza civil de 8,2 millones para los exresponsables de Nóos Iñaki Urdangarin y Diego Torres, manifestó que había indicios "razonables" de que en Valencia "había tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva".
Así las cosas, Castro justifica que entonces los hechos se centraban en la intervención que en ellos habían protagonizado ambos exsocios, "no porque se estimara que los indicios de criminalidad recayeran exclusivamente sobre ellos, sino sencillamente porque eran el obligado centro de atención", ya que la Fiscalía había pedido fianza sólo para los dos imputados "y carecía de sentido" que la caución "se hiciera extensiva a la directa alusión a otras personas respecto de las que ninguna petición se había planteado".
El juez indaga si la Infanta declaró a Hacienda bienes en el extranjero
El juez instructor ha solicitado a la Agencia Tributaria que informe si tanto la infanta Cristina como su marido, Iñaki Urdangarin, Diego Torres, la mujer de éste, Ana María Tejeiro, y el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, han informado ante Hacienda, desde 2002 a la actualidad de si disponen de cuentas, valores, rentas o bienes en el extranjero, de acuerdo a la nueva Ley antifraude.
Así lo ha acordado este viernes mediante una providencia, en la que admite la petición cursada por el sindicato Manos Limpias y reclama a Hacienda que aporte datos sobre si, como consecuencia de la obligatoriedad de presentar el denominado modelo 720 para quienes tengan bienes y derechos en el extranjero, tanto la Infanta como los anteriores imputados han procedido durante esas fechas a identificarlos ante el fisco.
El magistrado también también ha solicitado esta diligencia en el caso de los excontables del Instituto Nóos Miguel y Antonio Tejeiro, a fin de conocer si todos ellos, tanto como personas físicas como por mediación de alguna de sus mercantiles, han efectuado esta declaración informativa, que se aplica a los contribuyentes con cuentas, valores o bienes en el extranjero a 31 de diciembre de 2012, con sanciones de hasta el 150 por ciento del valor del bien no declarado.
De acuerdo con esta obligación fiscal, quienes posean cualquier tipo de bien o derecho situado fuera de España debían presentar, hasta el pasado 30 de abril, el modelo 720 de la Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero, con la limitación de que el valor del bien en concreto superase los 50.000 euros.
Así, debían ser declarados todas las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) su exposición razonada en torno a los indicios que pesan sobre el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, vinculados a las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.