Juan Carlos Peinado García, el juez que ha abierto una investigación secreta por tráfico de influencias contra la esposa del presidente del Gobierno tras una denuncia de la ultraderechista Manos Limpias sustentada en recortes de prensa, alguno de ellos ya reconocido como falso, desembarcó en los juzgados de la capital madrileña gracias a una carambola. El nombramiento en 2012 de la entonces titular del juzgado penal 7 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, como directora general de Política Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) derivó en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladase a Peinado de Getafe a la capital.
Fue en 2016 cuando Peinado saltó a su actual puesto, el juzgado de instrucción 41 de Madrid, desde donde ha abierto diligencias sin consultar a la Fiscalía ni confirmar previamente si son o no ciertas las noticias aportadas por su secretario general, Miguel Bernad, antiguo miembro de la violenta Fuerza Nueva y figura mimada de la Fundación Franco por “sus servicios en defensa de los ideales del Movimiento”. La Fiscalía ya ha impugnado ante la Audiencia de Madrid el auto de apertura de diligencias y ha solicitado que se archive la causa. De la denuncia de Manos Limpias –es su argumento– no se desprende la existencia de ningún indicio delictivo. Investigaciones como la publicada hace días por el diario El País constatan la tergiversación o la falsedad directa de los titulares enarbolados por el pseudosindicato ultraderechista para actuar contra Begoña Gómez. Entre los titulares recopilados por Manos Limpias se cuenta el que atribuye a la pareja de Pedro Sánchez el cobro de una subvención gubernamental. En efecto, una tal Begoña Gómez Fernández cobró aquella ayuda. Pero era otra, no la esposa de Pedro Sánchez, la que, según la organización de extrema derecha se “prevalió” de su posición como esposa del jefe del Gobierno.
Prórroga de dos años antes de jubilarse
La carambola de que dejase un espacio libre aquella jueza conservadora –Cristina Díaz Márquez, la que tras su regreso a la judicatura investigó a petición de la familia Franco a una funcionaria por hacer un informe sobre Meirás– resultó un factor decisivo para el rumbo de su carrera.
Ahora, con 70 años, edad en la que los jueces deben jubilarse, Peinado ha logrado también gracias a un acuerdo del órgano de gobierno de los jueces una prórroga laboral de dos años. Según los expertos consultados, el CGPJ no deniega prácticamente ninguna prórroga a los magistrados que la solicitan, con lo que el paso dado se ajusta a la plena normalidad.
Padre de una concejal del PP
Lo que genera más dudas sobre su distanciamiento –o su neutralidad mental– respecto al presidente de un Gobierno atacado ferozmente sin tregua por la oposición de derechas es, como adelantó la Cadena Ser, su papel como padre de Patricia Delgado, concejal del PP en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el municipio con mayor renta de España y donde el partido de Alberto Núñez Feijóo nunca ha dejado de gobernar. Ni siquiera durante la etapa más dura del caso Gürtel, una de cuyas sentencias dictaminó que el PP de Pozuelo se había beneficiado de la financiación ilegal urdida con aquella trama.
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infoLibre localizó este jueves a la neuropsicóloga Patricia Peinado, concejal de Deportes y Fiestas de Pozuelo y antigua jefa de estudios del colegio al que asistieron las hijas de Felipe VI y Letizia Ortiz. Tras preguntarse si cree que su condición de edil del PP puede afectar de algún momento a su padre como juez en una causa abierta para investigar a la mujer del presidente del Gobierno, Patricia Peinado respondió con otra pregunta: “¿Quién le ha facilitado mi teléfono móvil?”. La conversación acabó cuando este medio le transmitió la imposibilidad de revelar tal dato. La edil dio las gracias y colgó.
Unidas Podemos y periodistas
Hombre poco dado a la exposición mediática, de la trayectoria de Peinado ya habían trascendido dos casos: su intento –fallido–por investigar a dos concejales de Unidas Podemos por unos tuits ofensivos que ya estaba investigando la Audiencia Nacional y su decisión de imputar a una docena de periodistas por revelación de secreto. Su delito, publicar informaciones sobre los independentistas del CDR cuando la causa era secreta. También la abierta contra Begoña Gómez lo es pero ya ha trascendido que Peinado ha citado como testigos a periodistas de los medios que han publicado las informaciones que esgrime Manos Limpias.
Vinculado a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para uno de cuyos seminarios obtuvo en 2015 permiso de asistencia por parte del CGPJ [ver aquí en la página 8 del PDF al que se accede desde la página], Peinado había intentado en 2013 incorporarse como vocal independiente del órgano de gobierno de la judicatura. Seis años más tarde, falló en su intento por ocupar el puesto de juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el que bajo la batuta del controvertido Manuel García Castellón ha investigados casos de primer orden como el de Púnica, el de Villarejo o –ahora– Tsunami. Es decir, la causa donde García Castellón se esfuerza por conseguir que se juzgue por terrorismo a los participantes en las protestas independentistas que tuvieron lugar en Barcelona tras conocerse la sentencia sobre el procés.
Juan Carlos Peinado García, el juez que ha abierto una investigación secreta por tráfico de influencias contra la esposa del presidente del Gobierno tras una denuncia de la ultraderechista Manos Limpias sustentada en recortes de prensa, alguno de ellos ya reconocido como falso, desembarcó en los juzgados de la capital madrileña gracias a una carambola. El nombramiento en 2012 de la entonces titular del juzgado penal 7 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, como directora general de Política Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) derivó en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladase a Peinado de Getafe a la capital.