El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto en el que admite a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el blanqueo en España de al menos 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de dólares que se sustrajeron a la Hacienda Pública de Rusia mediante una estafa en el año 2007. En esta trama estuvieron involucrados funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, el conocido como caso Magnitsky, apellido del abogado que murió en la cárcel tras denunciar los hechos.
En el auto el juez, que asume este caso por reparto tras la entrada de la denuncia de Anticorrupción este martes, pide a la Fiscalía que concrete la lista de personas y sociedades que serán objeto de la investigación por blanqueo y organización criminal para comenzar a citar imputados. Fuentes jurídicas han apuntado a más de un centenar de investigados entre personas físicas y jurídicas.
Según el escrito presentado por Anticorrupción, al que ha tenido acceso Europa Press, el caso se remonta a 2017, cuando el empresario Bill Browder, de Hermitage Capital, denunció en España el presunto blanqueo de dinero procedente de los 230 millones de dólares que la Hacienda rusa debía devolver a sus empresas en el año 2007 y que le fue estafado por una organización criminal con ramificaciones en la Administración de Vladimir Putin.
Precisamente, Hermitage Capital investigó por su cuenta este asunto cuando comenzó a demorarse el reembolso de los fondos y contrató a un abogado ruso, Sergei Magnitsky, que tras descubrir aquella trama criminal, fue detenido y acabó muriendo en una celda a la edad de 36 años.
El letrado acabó desvelando que la policía había confiscado fraudulentamente documentación a tres filiales rusas de la empresa y se había suplantado su titularidad para que una organización criminal, la KOCG, cobrase aquel dinero.
Sociedades pantalla y cuentas en varios países
Desde entonces, condena internacional mediante y con una ley, la Magnitsky Global Act, aprobada en su honor en Estados Unidos para combatir la corrupción y las vulneraciones de derechos humanos, numerosas jurisdicciones de distintos países están tras la pista del destino del dinero, que ha venido viajando desde 2008 a través de sociedades pantalla y cuentas en países como Estonia, Letonia o Ucrania hasta acabar, como sería este caso, en bancos españoles.
El 'caso Magnitsky' aflora en España: corrupción y lavado de dinero a nivel internacional
La Fiscalía detalló en su escrito de denuncia un listado de transferencias y solicita que todos los receptores que aparecen sean llamados a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo continuado de capitales. Pide también que se declare compleja la causa, en previsión de que llevará meses sólo obtener la información bancaria necesaria de terceros países, pero el juez instructor aún no ha tomado ninguna decisión al respecto.
De este modo, España se suma a la lista de países que investigan a la KOCG y su red internacional de blanqueo por haber sido destinatarios de fondos de origen ilícito. El Congreso ya se pronunció sobre este asunto, con una proposición no de ley en línea con la condena internacional que suscitó el asesinato de Magnitsky.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto en el que admite a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el blanqueo en España de al menos 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de dólares que se sustrajeron a la Hacienda Pública de Rusia mediante una estafa en el año 2007. En esta trama estuvieron involucrados funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, el conocido como caso Magnitsky, apellido del abogado que murió en la cárcel tras denunciar los hechos.