El juez que no vio delito en la incautación de móviles a periodistas en Baleares, candidato al Comité de DDHH de la ONU
España ha presentado como candidato al Comité de Derechos Humanos de la ONU al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) Carlos Gómez Martínez. Este mes de marzo, Gómez fue el ponente de la sentencia que absolvió de delitos al juez Miguel Florit, procesado por incautar sus móviles a una periodista de Europa Press y otro de 'Diario de Mallorca', aunque consideró que fue una decisión injusta.
El vídeo de presentación del magistrado ha sido difundido esta semana por la Misión de España ante los órganos de Naciones Unidas en Ginebra. Su candidatura fue presentada hace más de un año, en marzo de 2019, para una elección que estaba prevista para el próximo 15 de junio pero que, según la web del Comité, ahora se ha retrasado.
Carlos Gómez Martínez, miembro de la progresista Jueces para la Democracia (JpD) es magistrado del TSJIB desde 2019. Anteriormente, desde 1989, presidió la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Baleares. Entre 2004 y 2015 fue presidente de la Audiencia Provincial, un mandato cuyo tramo final coincidió con la instrucción del caso 'Nóos'.
En su candidatura, Gómez pone en valor su experiencia de 35 años como juez y sus colaboraciones con el Consejo de Europa en misiones en distintos países de Europa central y del este dirigidas a la reconstrucción del Estado de Derecho. También su participación en proyectos de hermanamiento de la Unión Europea en Bulgaria, Serbia y Croacia.
"Para mí los Derechos Humanos son el resultado de una historia difícil, a veces cruel, de guerras devastadoras, de confrontaciones ideológicas y de la terrible experiencia de regímenes totalitarios. Los ciudadanos del mundo hemos llegado a la conclusión de que no queremos volver a esos escenarios y para eso, para conseguirlo resulta indispensable el respeto a los Derechos Humanos", dice Gómez en su vídeo.
No es el grupo de detenciones arbitrarias
El Comité de los Derechos Humanos de la ONU es el órgano que supervisa el cumplimiento del Tratado de Derechos Civiles y Políticos. Es el órgano al que, en 2018, recurrieron el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia en Bélgica, y el procesado por el 1-O Jordi Sánchez para denunciar que se habían vulnerado sus derechos políticos. No obstante, no se trata de un órgano judicial, no emite resoluciones vinculantes ni sus decisiones pueden afectar a decisiones judiciales.
No obstante, es un órgano distinto y no tiene relación con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, cuya imparcialidad y métodos de trabajo cuestionó el Gobierno hace un año –en esta ocasilón, por un informe sobre Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart–.
El Comité de Derechos Humanos consta de 18 expertos cuyo mandato es de cuatro años; en diciembre termina el mandato de nueve de ellos y es en esta elección en la que España ha presentado un candidato. Competirá con otros 14 aspirantes Paraguay, Bahrein, Egipto, Marruecos, Alemania, Turquía, Mauritania, EEUU, Portugal, Corea, Camerún, Serbia, Togo y Etiopía.
Expertos que no representan a los estados
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación han explicado a Europa Press que los expertos que integran los comités son elegidos y ejercen sus funciones a título personal, no como representantes de un Estado. Eso sí, son propuestos por sus respectivos Estados nacionales y son elegidos por votación secreta entre éstos.
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Los comités se reúnen dos o tres veces al año en sesiones de tres o cuatro semanas en Ginebra, de manera que la condición de miembro de un comité no supone una dedicación a tiempo completo.
España tiene, tradicionalmente, un compromiso con los mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos y una política activa de presentación de candidatos a los órganos que supervisan la aplicación de los Tratados.
La presentación de los candidatos corre a cargo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que para ello, mantiene contactos con la sociedad civil y las instituciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos.
