La que terminó con la salida del empresario Víctor de Aldama de la cárcel fue una jugada perfectamente medida. Y ejecutada en apenas unas horas. Solo fue necesaria una explosiva declaración ante el juez del caso Koldo, una petición de libertad en el caso hidrocarburos –que es el que realmente le había llevado a prisión preventiva– y el respaldo a su excarcelación del fiscal Anticorrupción encargado de ambas causas para que el considerado "nexo corruptor" en la investigación que afecta al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García, abandonase Soto del Real después de un mes tras las rejas. Y dirigiendo el movimiento, el abogado de las estrellas.
Letrado y representante del Ministerio Público han sido las dos piezas clave en la libertad exprés de Aldama. El primero, al diseñar para su cliente una estrategia de ataque y colaboración con la justicia que ya ha utilizado en muchos otros casos que ha tenido entre manos. Y el segundo, al apoyar la excarcelación del comisionista en base a la cooperación a la que se ha comprometido. Un movimiento imprescindible en el plan. Al estar el caso Hidrocarburos bajo secreto, sólo el Ministerio Público tenía margen para exigir la prisión provisional. Y en el momento en que dejase de pedirlo, como ha ocurrido, al juez no le quedaba más remedio por ley que decretar la libertad.
Se da por hecho que el pacto alcanzado por el fiscal Luis Pastor con el empresario investigado contó con el beneplácito del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. De hecho, fue ese departamento el que lanzó una nota explicando que la "confesión" de los delitos desvirtuaba una posible destrucción de pruebas y atenuaba un riesgo de fuga, motivos esgrimidos una semana antes por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para rechazar la puesta en libertad. Ahora bien, fuentes pulsadas por infoLibre explican que nadie informó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del asunto. Y se debería haber hecho en base al artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal: "Cuando es un caso de especial trascendencia, el fiscal debe informar a su superior y éste, a su vez, a su jefe".
Luis Pastor, un fiscal en el ministerio
Con más de tres décadas de carrera a sus espaldas, Pastor aterrizó en el Ministerio Público al comienzo de los noventa. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió el 12 de febrero su nombramiento como abogado fiscal de una promoción por la que pasaron nombres tan reconocidos como Leopoldo Puente, actual magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, o el propio Luzón. Ambos salieron con el número tres y número cuatro, respectivamente. Pastor, que por aquel entonces no llegaba a la treintena, figuró en el 146 de un total de 233 aprobados. Y fue destinado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
No estaría mucho, sin embargo, por la Ciudad Condal. Pocos meses después, logró una plaza como fiscal de tercera categoría del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid adscrita a los Juzgados de Getafe. Unos años después, pasaría a estar adscrito a Móstoles. Y ahí estaba ejerciendo cuando el entonces Gobierno conservador reclamó sus servicios. Así, en su reunión del 23 de diciembre de 1998, la misma en la que se concedió el indulto a José Barrionuevo, un Consejo de Ministros liderado por José María Aznar aprobaba el real decreto que declaraba en situación de servicios especiales en la carrera fiscal a Pastor.
El jurista desempeñó funciones de asesor técnico principal en la Oficina Técnica de Cooperación de Guatemala de la Agencia Española de Cooperación Internacional, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores. No estuvo mucho. En el verano de 1999, reingresó al servicio activo. No sería, sin embargo, el único asesoramiento que dio al Ejecutivo de Aznar. A comienzos de siglo, ejerció durante otros tantos meses como fiscal asesor de la Dirección General para la Modernización de la Justicia del Ministerio de Justicia, que entonces lideraba José María Michavila. Para ese puesto, contó con informe favorable del Consejo Fiscal.
A finales de 2005, con el PSOE ya en el Ejecutivo, Pastor fue designado fiscal de Anticorrupción. Y el caso Fabra fue su primer gran encargo. Su pasado como cargo de confianza en Ejecutivos del PP levantó algunas suspicacias entre las acusaciones, que consideraban que tenía una actitud "menos activa que la de sus predecesores". Al final, la justicia terminó condenando a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. En esa época, el fiscal también se hizo cargo de otras investigaciones relevantes como el caso Pretoria.
Para cuando se conoció la primera de las sentencias del caso Fabra, Pastor ya estaba en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Su llegada a este órgano clave del Ministerio Público se produjo con Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia. En él, Luzón ejerció como su superior. Y con él como jefe, el fiscal regresó a Anticorrupción tras la designación de María José Segarra como fiscal general del Estado del primer Gobierno de Pedro Sánchez.
Una segunda etapa siguiendo el rastro del dinero en la que se ha encargado de dos casos especialmente delicados. Por un lado, la investigación abierta por el supuesto pago de comisiones de empresas españolas para la adjudicación del AVE a La Meca, que tras cuatro años acabó archivando al entender que los elementos de los que se disponían eran "claramente insuficientes" y no permitían construir, ni tan siquiera "provisionalmente", una "tesis inculpatoria". Y ahora el caso Koldo, que ya ha salpicado al exministro José Luis Ábalos y que está provocando un continuo terremoto político.
Choclán, el abogado de los famosos
Cuando en la sala de vistas del Juzgado Central de Instrucción nº2 Aldama respondió al fiscal con aquel "manifiesto mi disposición y colaboración", su letrado pudo al fin respirar tranquilo. Su cliente ponía así punto y final a una declaración que serviría para su salida de prisión. Y él, José Antonio Choclán, el letrado que había llevado la batuta en la comparecencia del empresario –tres cuartas partes de lo que dijo el investigado fueron en respuesta a sus preguntas–, ya podía solicitar oficialmente al instructor del caso Hidrocarburos la libertad de su cliente. Como tantas veces habrá hecho en ese tribunal que un día fue su casa.
Porque Choclán, antes que abogado, fue magistrado. Tras ejercer como juez de lo penal en Navarra y Euskadi, el jurista aterrizó en comisión de servicios en la Audiencia Nacional a finales de los noventa de la mano del progresista Siro García. Y con solo treinta años entró de lleno en el caso Banesto. Aquel joven especializado en delitos económicos fue el ponente de la sentencia que condenó al todopoderoso Mario Conde a diez años y dos meses de prisión por apropiación indebida, estafa y falsedad, una pena que luego el Supremo duplicaría. Y se convirtió en un precoz juez estrella.
Pero poco después decidió dejar la judicatura. En 2004, tras su paso por la Escuela Judicial, pidió la excedencia voluntaria. Y montó un bufete de abogados. Lo hizo, diría años después a El País, porque quería mantener su "autonomía". En aquella entrevista, rechazó que en el fichaje de jueces o fiscales pueda haber "un instrumento de influencia". Y concluyó: "No hay una carrera judicial en España, donde la capacidad no garantiza el nombramiento. Me fui porque creo que puedo hacer algo más y, además, porque tengo cuatro hijos".
Casi dos años de cárcel frente a libertad exprés: la doble vara de medir del fiscal con Bárcenas y Aldama
Su despacho, ahora, es una referencia a nivel penal en el área de delitos socioeconómicos, procesal o tributario. Y su director, Choclán, tiene fama de conseguir buenos acuerdos para sus clientes. Entre los peces gordos a los que ha representado están, por ejemplo, los Carceller, que evitaron la cárcel tras pactar con la Fiscalía un pago de algo más de 90 millones. También el futbolista Cristiano Ronaldo o el entrenador José Mourinho recurrieron a sus servicios para cerrar sus problemas con Hacienda. El primero acordó con la Fiscalía dos años de cárcel y 19 millones. El segundo, un año de cárcel y dos millones de multa.
No ha habido caso de gran impacto mediático en los últimos años donde no aparezca su nombre. En Gürtel, por ejemplo, defendió durante un tiempo a Francisco Correa. En Púnica, al empresario David Marjaliza, con quien llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Y en el caso Popular, al expresidente de la entidad financiera, Ángel Ron. También ha representado a políticos de todo tipo. Muchos de ellos, del Partido Popular. Fue el abogado de la exalcaldesa de València, Rita Barberá; del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez; o de la exlíder del Ejecutivo madrileño Cristina Cifuentes, que salió absuelta del caso Máster.
Y también fue letrado del presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el ex secretario general del PP Teodoro García Egea en el marco de la querella por revelación de secretos que interpusieron contra infoLibre y la periodista Alicia Gutiérrez por la publicación de una información en la que desvelaba que el líder del Ejecutivo murciano había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del que fuera número dos de la formación conservadora. Un asunto que la justicia terminó archivando al entender que la información publicada era veraz, tenía relevancia y era proporcional.
La que terminó con la salida del empresario Víctor de Aldama de la cárcel fue una jugada perfectamente medida. Y ejecutada en apenas unas horas. Solo fue necesaria una explosiva declaración ante el juez del caso Koldo, una petición de libertad en el caso hidrocarburos –que es el que realmente le había llevado a prisión preventiva– y el respaldo a su excarcelación del fiscal Anticorrupción encargado de ambas causas para que el considerado "nexo corruptor" en la investigación que afecta al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García, abandonase Soto del Real después de un mes tras las rejas. Y dirigiendo el movimiento, el abogado de las estrellas.