La justicia da un nuevo impulso a la investigación sobre la segunda estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante los peores momentos de la pandemia. El titular del Juzgado de Instrucción nº30 de la capital, Jorge Israel Bartolomé, ha prorrogado medio año más la instrucción para indagar, entre otras cosas, en una transferencia que la consultora Sinclair&Wilde hizo a una cuenta bancaria española el mismo día que el consistorio completó el pago de 2,5 millones de euros por 500.000 mascarillas que nunca se pudieron usar. El beneficiario de la misma fue citado por uno de los testigos que han declarado en el procedimiento como intermediario en la operación de compraventa. Mientras, el empresario investigado sigue sin aparecer.
El caso Sinclair, en el que se investigan hechos que podrían ser constitutivos de un delito de estafa agravado y que vio la luz a raíz del caso Mascarillas –por el que tendrán que sentarse en el banquillo el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina–, es uno de los pocos procedimientos que siguen vivos en los juzgados madrileños en relación con la adquisición de material sanitario durante la crisis del coronavirus. Y así seguirá, como poco, hasta febrero. En julio, el instructor decidió prorrogar seis meses más las pesquisas. Lo hizo alegando, en primer lugar, que aún estaba pendiente la declaración del investigado: el empresario Philipe Solomon. Y, en segundo término, recordando que en la causa había aparecido un nuevo hilo del que tirar.
El magistrado cursó hace justo un año una comisión rogatoria a Estados Unidos. En ella, pedía conocer la titularidad de la cuenta del Bank of America donde el Ayuntamiento de Madrid hizo el pago de los 2,5 millones de euros, así como el movimiento de dinero que se produjo en la misma entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. A mediados de abril, las autoridades norteamericanas facilitaron a la justicia española toda la información requerida sobre la cuenta de Sinclair&Wilde. Entre las 79 entradas y salidas de fondos en ese periodo consta, según ha podido saber infoLibre, un envío de unos 30.000 euros a una cuenta bancaria ubicada en España. La transacción está fechada el 13 de abril. Y como beneficiario de la misma figura un tal Said.
El consistorio no abonó de una sola vez todo el dinero que reclamaba Sinclair&Wilde por el material sanitario y que representó el 63,5% de los fondos que entraron en la cuenta del Bank of América durante el periodo de tiempo analizado. La Empresa Municipal de Servicios Funerarios, a través de la cual el ayuntamiento realizaba las compras en la primera ola de la pandemia, realizó una primera transferencia por 1,25 millones de euros el 24 de marzo. Y tras varios incumplimientos de plazos, dudas y hasta un intento de retrotraer aquel primer abono, la funeraria municipal hizo un segundo pago por 1,25 millones el 13 de abril, según consta en el auto de prórroga de la investigación. El mismo día en que se produjo la transferencia hacia la cuenta bancaria española.
El magistrado libró un mandamiento judicial a la entidad financiera solicitando los movimientos de dinero de esta última desde finales de marzo hasta el último día del año de la pandemia. Sobre todo, después de que uno de los testigos citase al tal Said como "intermediario" en la operación de compraventa, según consta en otra providencia del instructor. Se trata del representante de Delphos Inversiones Europeas, una consultora que afloró cuando el Ayuntamiento de Madrid aportó a la causa las comunicaciones internas vinculadas a esta compra. En concreto, en un correo electrónico de agosto de 2020 en el que el CEO de la firma da ideas a Elena Collado, entonces responsable de compras del consistorio, de cómo proceder una vez que la Administración local se siente engañada con las mascarillas.
Gestiones "negativas" en Estados Unidos y Turquía
Con estos elementos sobre la mesa, la acusación popular –ejercida por PSOE, Podemos y Más Madrid– considera necesario tomar declaración como investigado al beneficiario de la transferencia. Algo que, dos años después de la reapertura del caso, aún no ha podido hacerse con Philippe Solomon, un escurridizo empresario franco-israelí que habitualmente utiliza la identidad de Philippe Víctor Chaim Hababou y que dispone de tres pasaportes –francés, israelí y de Guinea Bissau–. "No ha podido ser oído al haber resultado negativas todas las gestiones practicadas para su localización tanto por la autoridad de Estados Unidos como las llevadas a efecto por OCN Interpol Madrid respecto de su paradero de Turquía", expone el magistrado instructor en el auto de ampliación de la instrucción.
Esta mención al país que preside Recep Tayyip Erdoğan tiene su explicación en un correo electrónico del pasado mes de enero que reproduce el PSOE en el escrito en el que se mostraba a favor de la prórroga de la investigación: "Contra el investigado se giró orden de aprehensión por defraudación agravada y el 20 de diciembre de 2023 fue aprehendido y puesto bajo custodia. Tras el interrogatorio ante la Fiscalía Pública de Estambul, el individuo fue remitido a los tribunales y actualmente se encuentra sujeto a medidas de control judicial que restringen su movimiento". De ahí que la defensa de los socialistas considere necesario en ese informe, del pasado mes de julio, cursar una orden de detención internacional y requerir a las autoridades turcas cooperación judicial.
La imposibilidad de localizar al empresario siempre ha sido el gran obstáculo alrededor de esta causa. De hecho, la falta de datos sobre el paradero de Solomon ya mantuvo el caso guardado en un cajón durante casi un año, hasta que nuevas pistas aportadas por el enlace en Madrid de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos permitieron al juez reabrir la causa. Semanas antes de dicha reapertura, este diario consiguió contactar con este empresario, detenido a finales de los noventa por blanqueo de capitales y robo de cheques y hoy bien posicionado en algunos países de África y Oriente Medio. "No estoy en absoluto escondido", decía.
Las mascarillas de Sinclair&Wilde llegaron al consistorio de la capital el 23 de abril de 2020. Allí, fueron recepcionadas por el director general de Protección Civil y Emergencias. Pero nunca distribuidas. Al parecer, no reunían los requisitos técnicos de la normativa española ni europea, por lo que resultaron inservibles para dotar con ellas al personal de los Servicios de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
La justicia da un nuevo impulso a la investigación sobre la segunda estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante los peores momentos de la pandemia. El titular del Juzgado de Instrucción nº30 de la capital, Jorge Israel Bartolomé, ha prorrogado medio año más la instrucción para indagar, entre otras cosas, en una transferencia que la consultora Sinclair&Wilde hizo a una cuenta bancaria española el mismo día que el consistorio completó el pago de 2,5 millones de euros por 500.000 mascarillas que nunca se pudieron usar. El beneficiario de la misma fue citado por uno de los testigos que han declarado en el procedimiento como intermediario en la operación de compraventa. Mientras, el empresario investigado sigue sin aparecer.